La Fiscalía General de El Salvador inició una investigación de oficio sobre un supuesto plan terrorista contra la casa presidencial y restaurantes ubicados en una zona exclusiva de la capital.
Con base en un presunto informe de inteligencia de la policía, la prensa local publicó que al menos 22 pandilleros de la Mara Salvatrucha se preparaban para ejecutar ataques con explosivos y armas de grueso calibre, pero el gobierno salvadoreño le restó credibilidad al documento.
Una de las publicaciones reveló el nombre de los líderes pandilleros que habrían ordenado los ataques y dio detalles de los vehículos y armamentos que se usarían.
Agregó que además los pandilleros realizarían ataques armados a restaurantes de la Zona Rosa, ubicados en la exclusiva colonia San Benito, con el propósito de distraer a las autoridades mientras atacaban la casa presidencial.
Al trascender la información la Fiscalía informó que realizará la investigación de oficio.
El vicepresidente y ex comandante guerrillero Oscar Ortiz dijo a los periodistas que no hay una amenaza concreta y que el Organismo de Inteligencia del Estado “ha iniciado las investigaciones”.
Por su parte, el secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, sostuvo en una entrevista con Radio Nacional que “no le damos relevancia. Es un hecho que surge de la rumorología de redes sociales”.
Explicó que la versión “circuló en internet sin ningún fundamento, sin ninguna responsabilidad, luego un periódico local lo retomó y le dio un rango de cobertura en su espacio digital y eso le ha dado esa dimensión”. Chicas negó además que la información tenga como origen documentos de inteligencia del gobierno.
El funcionario señaló que en el país hay plena libertad de expresión y de prensa y que cada medio de comunicación tiene el derecho de publicar lo que considere conveniente, pero afirmó que “pone en riesgo su credibilidad si de rumores construye una noticia”.
En los últimos meses las pandillas han arreciando sus ataques contra las autoridades y en lo que va del año han asesinado a 34 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 13 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.
