La Administración del presidente de EE. UU., Barack Obama, intentó convencer a los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleáns, de que le permitan implementar sus medidas migratorias y regularizar a cerca de cinco millones de indocumentados.
Esta iniciativa presidencial fue bloqueada el pasado 16 de febrero por el juez federal de Texas, Andrew Hanen y desde entonces, el Gobierno estadounidense se ha abocado a una batalla legal que tuvo, por el momento, su último episodio.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron ante los tres jueces integrantes del tribunal, los conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith y la progresista Carolyn Dineen King, que la Constitución ampara las medidas que Obama pretende impulsar.
Por su lado, el Estado de Texas, que encabeza una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, opuestos a la regularización de los indocumentados, pidió a los jueces que mantengan la suspensión dictada por Hanen, decisión que forzaría el traslado del caso al Tribunal Supremo.
El Gobierno insiste en que Obama actuó de acuerdo con la ley cuando emitió sus acciones ejecutivas sobre inmigración, con la finalidad de reformar un sistema migratorio que considera “roto” y que el Congreso no ha sido capaz de componer.
Las medidas anunciadas en noviembre por Obama deberían haber entrado en vigor en febrero pasado.
RESCATAR A LOS “SOÑADORES”
El plan migratorio del presidente Barack Obama consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (Daca) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como “soñadores”.
Además, se esperaba que en mayo hubiera comenzado a aplicarse la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
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