Un treinta por ciento de los cinco mil Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que tiene el país, mantienen un arreglo de pago con Disnorte Dissur, por esa razón piden la aplicación del subsidio energético como lo establece la Ley 722, expresó Arístides Álvarez, tesorero de la red nacional de CAPS.
Según la Ley 722, en su artículo 25 dice: “Para los Comités de Agua Potable y Saneamiento (…) se establecerá un tarifa de energía eléctrica diferenciada con respecto a la tarifa domiciliar y comercial. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) o en su caso el INAA, deberá realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones rectoras en materia energética del país, para lograr dicho acuerdo o convenio en beneficio de los CAPS”.
La situación de los CAPS es crítica, pues debido a la falta de presupuesto no se le da mantenimiento a los acueductos.
“Para pagar la factura tenemos que reducir las inversiones futuras, muchas cosas no se han podido hacer porque siempre priorizamos el pago de la luz y la mayoría de los sistemas están en la misma situación que no pueden hacer ninguna inversión porque todo va dirigido al pago de la luz, por eso estamos pidiendo el subsidio energético”, sostuvo Álvarez.
Desde hace tres años los CAPS tienen asignada un tarifa que tenía un siete por ciento de rebaja, pero con la alza en la tarifa eléctrica Álvarez asegura que la tarifa no resuelve el problema.
“Nos asignaron una tarifa que tenía un siete por ciento de rebaja, pero con los cambios ha disminuido y no nos ha soluciona nada, lo que buscamos es un subsidio o una tarifa preferencial porque actualmente hay muchos acueductos que tienen arreglos de pago y con el tiempo significa una muerte lenta al sistema nacional de CAPS”, expresó Álvarez.