La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh), Vilma Núñez, criticó que la fiscal Ana Julia Guido, se arrogue el derecho de decidir el tiempo en que enviarán la acusación a los juzgados sobre la masacre del 11 de julio.
Señaló que no existe ninguna disposición legal que la autorice a prolongar los plazos ya establecidos para la ejecución de determinados hechos procesales y de investigación. Según la Ley, 48 horas después de un hecho ilícito, la Fiscalía debe remitir el caso a los tribunales cuando hay reos detenidos.
La masacre cumple hoy ocho días y supuestamente los agentes policiales autores de la masacre contra una familia en Las Jagüitas, están detenidos.
Con esta decisión de la Fiscalía “queda al descubierto el cinismo inaudito y la colusión que se da entre todas las instituciones encargadas de administrar justicia en este país”, dijo Núñez.
La presidenta del Cenidh criticó que la Fiscalía establezca esa fecha para acusar a los policías implicados en la matanza de tres miembros de la familia Reyes Ramírez, esperando “que pase todo el burumbumbún y la celebración partidaria del 19 de julio”.
Al tiempo que contradijo a Guido en cuanto a que la falta de autopsia entorpece el proceso, lo que para Núñez es una acusación contra la víctima. A esto último se suma lo que inicialmente dijo la Policía de que el carro de las víctimas fue rafagueado porque su conductor, Milton Reyes, no se detuvo a una orden. “Lo están prácticamente acusando de obstrucción a la justicia”, indicó la presidenta del Cenidh.
Núñez recordó que, según el Código Procesal Penal (CPP), la autopsia no es el único mecanismo ni es indispensable para establecer las causas de la muerte a una persona. Y recordó que en el CPP se establece lo que llaman “levantamiento de cadáver”.
CAUSAS DE MUERTEESTÁN CLARAS
En este caso los policías levantaron a los niños y los llevaron al hospital, además que fueron plenamente identificados y examinados, así como están claras las causas de la muerte, que fue por la cantidad de balazos perpetrados.
“Las autopsias son necesarias cuando hay dudas de quién es el cadáver o las circunstancias por qué muere. Por ejemplo, cuando distintas personas participan en la comisión de un crimen y quieren saber cuál de las armas disparó, aquí (en este caso) fue la misma Policía, no hay nada que amerite una autopsia”, sostuvo Núñez.
La defensora de derechos humanos criticó que han sido las autoridades quienes han obstaculizado la justicia y las investigaciones sobre la masacre de Las Jagüitas, pues ni siquiera dejaron que a las familias les entregaran la epicrisis, pues ellos se encargaron de todo.
Para el investigador en temas de seguridad, Roberto Orozco, este crimen genera mayor impunidad porque los responsables administrativos directos no serán enjuiciados. “Hay un encubrimiento oficial de los verdaderos responsables, porque los que dispararon fueron los autores materiales”, dice Orozco.
DEBEN PROCESAR AOTROS RESPONSABLES
“Esto fue un atentado contra la vida de inocentes, fue un acto de terrorismo oficial, deberían estar procesados los responsables administrativos, los que diseñaron el operativo y los que dispararon”, insistió Orozco, quien considera que la Fiscalía debería delimitar las responsabilidades penales de los implicados en este hecho, que ha impactado al país y que, según la Ley, pueden estar involucrados como autor intelectual, coautor o colaborador necesario.
La doctora Núñez también cree que en este caso debe haber un jefe antidrogas implicado y tienen responsabilidad penal las autoridades de Inteligencia que proporcionaron información equivocada e imprecisa.
Prefieren confiar
La abogada Sobeyda Manzanares, quien representa a Yelka Ramírez, madre de las víctimas de la masacre y víctima de la agresión policial, en representación de los tres abogados que acompañan a la familia afectada, evitó emitir criterios sobre el anuncio de la Fiscalía de acusar la próxima semana. Pese a que el jueves criticaron que se había vencido el término que tiene la Fiscalía para acusar.
Ayer Manzanares indicó: “No importa”, pues como abogados saben que “se deben llevar a cabo algunos actos de investigación y que esos se deben de cumplir”. Y es más, señaló la abogada particular: “Vamos a confiar” en la Policía y en la Fiscalía.
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