A fin de no enturbiar las actividades partidarias del 19 de julio, la Fiscalía presentará hasta el próximo miércoles la acusación contra 14 policías que masacraron el 11 de julio a una familia en Las Jagüitas, Managua.
Para esa fecha habrán transcurrido ocho días después de las 48 horas que establece la Ley para acusar y 12 días de la masacre en la que murieron dos niños y una joven.
La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, confirmó a través de un comunicado que leyó ante los medios de comunicación, que los 14 policías investigados “se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial nacional”.
Todos los implicados extrañamente son de bajos grados, lo que contrasta con el operativo de gran envergadura que realizaban la noche del sábado 11 de julio, pues además del capitán, en la lista de los policías identificados por Guido figuran cuatro tenientes y nueve suboficiales.
AHORA FALTA DE AUTOPSIA ES LIMITANTE PARA ACUSAR
Guido justificó que la falta de autopsia a las víctimas ha obstaculizado el peritaje en el proceso investigativo, en relación con los hechos ocurridos en el sector de Las Jagüitas, el 11 de julio, a las 8:20 p.m., “en el que fuerzas operativas antinarcóticas de la Policía Nacional dispararon contra un vehículo en el cual viajaba la familia Reyes Ramírez”.
Sin embargo, justamente en una masacre ocurrida hace un año como fue la del 19 de julio, contra dos caravanas de simpatizantes orteguistas, el juez de la causa aceptó como válidos dictámenes médicos firmados por un forense de Matagalpa con expedientes clínicos de un hospital. Fueron parte de las pruebas tomadas en cuenta por el judicial para dictar la sentencia de culpabilidad en ese caso.
En LA PRENSA del viernes 17 de julio, el abogado Marlon Aburto afirmó que en parte de la apelación que hizo contra la sentencia de culpabilidad contra los procesados por ese caso expone: “En toditos los expedientes clínicos no sale número policial y los que llevan, llevan repetido con otro número de expediente clínico… ninguna de las personas que él dictaminó fueron dictámenes físicos, sino documentales”.
Y ESTO QUE LA FISCALÍA DICE REPRESENTAR A LA VÍCTIMA
La fiscal Guido expresó que esa institución “en representación del interés de la sociedad” presentará la acusación el miércoles 22 de julio, “a fin de que quienes resulten responsables sean juzgados como corresponde”.
En otras ocasiones se ha escuchado decir a la Fiscalía que la institución acude a los tribunales en representación de las víctimas. Ayer no fue posible preguntar a la fiscal Guido de qué forma documentan el expediente, pues los sobrevivientes, quienes también fueron afectados y son parientes de las víctimas mortales y lesionados, aseguraron el jueves que la Policía no había tomado su denuncia.
Aunque en su comunicado, Guido afirmó que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de estos hechos ilícitos, se conformó un equipo técnico de investigación al cual la Fiscalía General de la República ha brindado asesoramiento jurídico”.
“La Fiscalía General de la República continúa trabajando de manera permanente y coordinada con la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer los hechos para presentar la acusación penal ante los tribunales de justicia”, indica el comunicado de Guido.
¿HABÍA UN SUBCOMISIONADO EN EL OPERATIVO?
No obstante, fuentes extraoficiales policiales aseguran que el capitán Salgado, único con grado más alto que mencionó la Fiscalía, no estaba a cargo del operativo, sino otro oficial con el grado de subcomisionado y con responsabilidad en la Dirección Antidrogas Nacional.
La fuente proporcionó incluso las placas correspondientes al departamento de Rivas, de un vehículo blanco en el que se movilizaba el oficial, quien antes de estar en la Dirección de Drogas estuvo en el Laboratorio de Criminalística.
Y fue este el que primero disparó contra el vehículo en que se movilizaba la familia Reyes Ramírez esa noche del 11 de julio, según le confió a la fuente uno de los tenientes señalados de haber participado en la masacre.
“Como él tiene grado de subcomisionado (…) los otros oficiales agarran y alzan sus armas, aprovechando que como el jefe fue el primero (que disparó), reprimen a la pobre familia”, señaló la fuente, quien conoció que ahora las autoridades “lo quieren tapar y lo quieren mandar de jefe de Puerto Cabezas o a Siuna”.
LAS VÍCTIMAS DE LABRUTALIDAD POLICIAL
El ataque perpetrado por los miembros de la Policía Nacional causó la muerte de Katherine Ramírez, de 22 años; y los niños Efraín Ramírez (11 años) y Aura María Reyes Ramírez, de 12. Además, resultaron con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes, de 5 y 13 años, respectivamente.
La fuente refirió que el jefe del operativo es el mismo que después de la masacre, llamó a su mujer para decirle que no se preocupara por lo que había hecho.
PATEÓ A UNO DE LOS NIÑOS QUE MATÓ A BALAZOS
Lo que coincide con el relato desgarrador que el miércoles le hizo a LA PRENSA Yelka Nohemí Ramírez, que denunció que después de ver morir a sus familiares por las balas policiales, fue víctima de la brutalidad policial. Y todavía después le escuchó decir: “Amor, no te preocupés ni llorés, pero mirá, yo creo que voy preso, voy para largo, maté a un montón de niños, dice el maldito todavía él habló delante de mí, ahí nomás le pegó la patada al niño”.
Producto de la agresión sufrida por parte del oficial, cuya identidad fue protegida porque mantuvo todo el tiempo puesto el pasamontañas, Ramírez presenta aún las marcas en el brazo derecho a causa de “un culatazo” y raspones en la pierna derecha tras la arrastrada que este le dio.
Pese a que la Fiscalía ha decidido violentar el período establecido por la Ley para remitir la causa a los tribunales, el sobreviviente prefirió poner todo “en manos de Dios”.
Apañan a los más grandes
Para Milton Reyes, conductor del vehículo rafagueado y padre de dos de los niños muertos por las balas disparadas por los policías el 11 de julio, el listado de 14 agentes presentados por la Fiscalía significa que “ahí hay una revoluta, lo que pasa es que están apañando tal vez a los más grandes para no ser destituidos”. Pese a que la Fiscalía ha decidido violentar el período establecido por la Ley para remitir la causa a los tribunales, el sobreviviente prefirió poner todo “en manos de Dios”.
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