La señora Yelka Ramírez, sobreviviente de la matanza del 11 de julio en Las Jagüitas en la cual murieron dos de sus menores hijos y su hermana de 22 años, aseguró que no asistirá a la audiencia judicial de hoy en la que se leerá la sentencia contra los policías que se declararon culpables de ese crimen abominable. No asistirá, dijo con justa indignación, porque es “una payasada”.
Profundamente adolorida por la trágica pérdida de sus dos hijos y de su hermana menor, la señora Ramírez se siente adicionalmente ofendida por la notoria falta de justicia, lo cual quedó en evidencia en la audiencia judicial preliminar celebrada el 22 de julio.
En realidad, según el criterio de los juristas defensores de los derechos humanos y de expertos penalistas independientes, acusar y procesar a los policías que perpetraron la matanza de Las Jagüitas, por homicidio imprudente, lo que de acuerdo con la ley amerita penas benignas de prisión —y lo más probable es que no sean debidamente cumplidas—, solo se puede calificar como una simulación de justicia y una farsa judicial.
La Fiscalía y la autoridad judicial ni siquiera tomaron en consideración la denuncia que hizo la señora Yelka Ramírez, de la saña inhumana que mostraron los policías homicidas al disparar 48 balas contra el vehículo en el que viajaba su familia; al patear los cuerpos moribundos o ya muertos de los dos menores asesinados; al impedir que los vecinos del lugar de los hechos les prestaran auxilio; al llevar las víctimas al hospital tardíamente y al agredirla a ella físicamente, después de la balacera, como lo demostró con las laceraciones visibles en su cuerpo.
A quienes consideran que la supuesta eficiencia de la Policía en la lucha contra el crimen organizado y común, es más importante que los “errores” en la ejecución de sus operativos —como se trivializa oficialmente la matanza de Las Jagüitas—, las dramáticas declaraciones de la señora Ramírez les pueden parecer aumentadas por la emoción. Pero ninguna eficiencia policial justifica matar a inocentes desarmados. Además, quienes por principios estamos siempre al lado de las víctimas —y nunca a favor de los victimarios—, reconocemos la veracidad de la adolorida madre y no podemos aceptar las justificaciones policíacas y las argucias procesales para reducir y casi desaparecer la responsabilidad de los criminales.
La señora Ramírez tiene razón al asegurar que lo que se está haciendo es una farsa judicial. Y la verdad es que era fácil prever que esto ocurriría, desde que el 19 de julio Daniel Ortega banalizó la masacre de Las Jagüitas al limitarse a recomendar que se revisaran mejor los operativos policiales contra el crimen organizado.
Además, como ya lo habíamos señalado en este mismo espacio editorial, el miércoles 22 de julio, “no se puede esperar que se haga justicia y se castigue a los policías autores y cómplices del crimen, y que se sancione al mando policial, porque la Fiscalía es dirigida por colegas retirados de los acusados; porque la Policía ha sido vaciada de institucionalidad y convertida en fuerza represiva de Daniel Ortega; y porque el poder judicial carece de la independencia que es virtud indispensable para impartir justicia verdadera”.