Comerciantes que operan en las cercanías del Consejo Supremo Electoral (CSE), en Managua, expresaron a LA PRENSA su inconformidad con las protestas que se hacen frecuentemente en ese lugar, en demanda de elecciones libres y limpias, pues según ellos perjudican sus negocios.
La protesta de los pequeños comerciantes es válida, lo mismo que cualquier otra demanda de los ciudadanos. Toda protesta cívica es valedera, en cuanto expresa un derecho básico de las personas en sus distintos roles sociales, y debe ser atendida por los interpelados.
En una sociedad democrática todas las voces deben ser escuchadas y todas las protestas merecen ser respondidas. Pero el régimen orteguista no es democrático y por eso más bien cierra los oídos ante demandas legítimas de los ciudadanos, como la de elecciones justas y transparentes. Daniel Ortega no responde ni siquiera a los obispos nicaragüenses, que el 21 de mayo del año pasado le pidieron transparencia electoral en la carta que le entregaron en sus propias manos, en presencia del representante del Vaticano y del papa en Nicaragua.
Los ciudadanos tienen derecho a la demanda política pacífica, no solo dentro de sus casas o en locales cerrados y bajo techo sino también en la calle. Como dice el experto en doctrina jurídica de los Derechos Humanos, Uriel Pineda Quinteros, en un artículo de opinión que fue publicado ayer en LA PRENSA: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en sostener que en una sociedad democrática el espacio público no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”.
Ahora bien, desde la perspectiva de los derechos humanos y constitucionales, tanta validez tiene la protesta de quienes demandan transparencia electoral, como la de los comerciantes cuyos negocios son perjudicados por esa actividad política.
Además, aunque las elecciones libres y limpias son del interés de todos los ciudadanos, cualquiera que sea su simpatía política o aunque no tengan ninguna, nadie está obligado a respaldar de manera verbal ni práctica las acciones de quienes plantean esa demanda.
Al parecer hay aquí una contradicción entre el derecho de los ciudadanos a exigir el funcionamiento de las instituciones democráticas, en este caso elecciones justas y diáfanas, y el derecho de un grupo de comerciantes a vender sus mercancías sin impedimentos de ninguna clase. Impedimentos que en todo caso los provoca la Policía, porque cierra las calles para impedir que los ciudadanos se sumen a la protesta, o reprime físicamente a los manifestantes, como lo hizo el miércoles 15 de julio.
Se conoce que en determinadas ocasiones el ejercicio de un derecho ciudadano puede entrar en contradicción con la práctica de otro. Pero esto se resuelve con el reconocimiento de que el derecho que concierne a todos los ciudadanos, prevalece sobre el interés particular de algunos pocos. No se trata de negar el derecho de nadie, pero los comerciantes que piden el cese de las protestas políticas de Metrocentro, también deberían demandar al gobierno que escuche y atienda a quienes, en ejercicio de los derechos humanos y constitucionales que son de ellos y de todos, exigen libertad y democracia electoral.
