Aunque desde hace ocho años Nicaragua cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), organismos y especialistas en ese tema aseguran que el acceso a la información pública se ve limitado por las mismas instituciones públicas que privan de este derecho fundamental a los periodistas, sociedad civil y ciudadanos en general, divulgando solo lo que conviene al Gobierno.
Las organizaciones socias del Global Communities, en el marco del Programa de Gobernabilidad Local de USAID, promueven la participación ciudadana a través de una Colección de Cuadernos de Participación Ciudadana, en la que hacen ver que “el acceso a la información pública constituye una herramienta clave para garantizar otros derechos fundamentales, como el derecho a participar en los asuntos públicos”.
Sin embargo, en el país los funcionarios públicos y autoridades locales callan ante los cuestionamientos y solicitudes de información y rendición de cuentas y la información pública se limita a lo que expresa la primera dama y vocera del Gobierno, Rosario Murillo; además de que su esposo y mandatario Daniel Ortega no ha ofrecido ni una conferencia de prensa en los últimos ocho años de Gobierno consecutivo.
CIUDADANOS TIENEN DERECHO A SABER
La directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, es una de las que ha asegurado que pese a la Ley 621, el derecho al acceso a la información pública no está en vigencia en el país.
El secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Moisés Sánchez Riquelme, afirma que “el acceso a la información pública es clave para que las personas puedan mejorar su calidad de vida en una sociedad libre y democrática”, de ahí que sea considerada un derecho humano.
CSE VIOLENTA LEY 621
Instituciones como el Consejo Supremo Electoral (CSE) no han informado con transparencia los resultados electorales de los últimos siete años ni el proceso de cedulación, que está bajo su responsabilidad, pero las denuncias ciudadanas hacen ver que su gestión es irregular, fraudulenta e ineficiente, según reportes de observatorios electorales.
Otras instituciones, como la Asamblea Nacional, reflejan a través de su página web amplia información del trabajo legislativo. Incluso la web del legislativo ha sido calificado como actualizada y accesible, en cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública, según las observaciones de la experta María Adilia Serrano Amara; sin embargo, los diputados, en particular no son muy abiertos a rendir cuentas.
El Barómetro Legislativo del grupo cívico Hagamos Democracia registra que ninguno de los 64 diputados de la bancada orteguista de la Asamblea Nacional reporta el uso de los 430,000 córdobas que se les entrega a los legisladores para ayudar en obras sociales. Por otro lado, el informe cita que los 24 diputados de la bancada opositora del Partido Liberal Independiente sí entregan reportes sobre el uso de este dinero.
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