La concejal de la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), María Luisa Rojas, exige que se les den a conocer los resultados de una auditoría realizada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), en la que supuestamente se detectó una serie de irregularidades en la Alcaldía sandinista de Juigalpa.
“Extraoficialmente conocemos irregularidades en una millonaria suma (de dinero) y se señala supuestamente el involucramiento de más de diez funcionarios. La alcaldesa María Teresa Hurtado nos comunicó que ha mandado de vacaciones a algunos, ajustada al Código Laboral, pero pedimos que la Contraloría General de la República (CGR) realice una auditoría para aplicar las normativas y las leyes”, sostuvo la concejal.
Según Rojas, extraoficialmente se conoce que la auditoría revela gran consumo de combustible, por lo que en una sesión reciente aprobaron una normativa para el buen uso y control del mismo, cuyo presupuesto anual supera los dos millones y medio de córdobas.
Indicó que pediría información sobre supuestas asignaciones de combustible de la comuna a algunos comunicadores locales. “El combustible debe ser usado para maquinarias que trabajan en proyectos sociales o instituciones que realizan una labor social, porque a los comunicadores se les paga el espacio o la publicidad”, apuntó.
LARGAS VACACIONES A FUNCIONARIOS DE ALCALDÍA
La concejal Rojas dijo que la alcaldesa Hurtado les informó sobre las largas vacaciones ordenadas al gerente financiero, Rafael Larios; al asesor legal Wilder Guevara y al director de planificación, Jorge Orozco, quien también es tesorero del comité de fiestas patronales.
Según la concejal, Orozco, a través de una ordenanza para las fiestas, tiene 33 funciones, mientras el presidente tiene como seis. “El tesorero es juez y parte, pediremos revisión de esa ordenanza”, afirmó.
De los cinco funcionarios que la alcaldesa mandó de vacaciones porque tenían más de cien días acumulados, Larios, Guevara y Orozco son algunas de las personas que deben estar atentas a los resultados de las investigaciones que realizó el Inifom.
Asimismo, se conoció que al momento que el Inifom inició la auditoría, el jefe de proyectos de la Alcaldía de Juigalpa, Ariel Medina, renunció a su cargo. Sobre su gestión también se investiga.
La concejal de la bancada del PLI, María Luisa Rojas, calificó de “penoso y humillante” para la alcaldesa sandinista María Teresa Hurtado que la primera dama, Rosario Murillo, ordenara desde Managua que las fiestas del carnaval en Juigalpa se realizaran, contraviniendo la decisión de la jefa de la comuna, quien había dispuesto no llevar a cabo ese evento porque implica “muchos gastos”.
Según Rojas, la decisión de Murillo es un acto más que violenta la autonomía municipal y agregó que Hurtado debió lograr consenso sobre el caso en el Concejo Municipal.
La alcaldesa sandinista había comparecido públicamente para anunciar que el carnaval que se celebra en honor a las fiestas de La Asunción no iba, argumentando que los noventa mil córdobas que se necesitaban serían preferiblemente destinados para actividades de recreación de la niñez, concurso de chicheros y Gigantonas.
Además, señaló que años atrás ese carnaval representó una inversión de más de trescientos mil córdobas. Sin embargo, precisamente el 6 de agosto Murillo anunció la realización del carnaval y dijo acoger el sentir y opinión de los pobladores.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A