Mabel Elieth Álvarez Díaz, a sus 29 años, falleció al ser sometida a una cesárea en el Hospital Asunción de Juigalpa, donde dos médicos y una enfermera que la atendieron, presuntamente “violaron la normativa del protocolo de hemorragia posparto” y para mayor desgracia el bebé que logró sobrevivir sufrió una “asfixia neonatal severa” que le dejó daños irreversibles.
El caso se ventila en el Juzgado Local de Juigalpa, donde el pasado 29 de junio, es decir, dos años y medio después de lo ocurrido, el Ministerio Publico, acusó.
Dicha acusación fue presentada por Maykel Iván Robleto con base en pruebas testimoniales y periciales contra los doctores José Benito Flores y Pedro Rafael Miranda Castillo, y la enfermera Alejandra Vásquez, por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Mabel Elieth Álvarez Díaz, y por lesiones gravísimas en el bebé Pablo Alberto Barrera Álvarez.
El doctor Miranda Castillo es el médico ginecobstetra que también es denunciado por los familiares de Joselin Yasnary Miranda Ramírez (19), por supuesta negligencia médica, al ser sometida a una cesárea y luego a cuatro intervenciones más que la dejaron en un estado agónico en el hospital juigalpino. La joven se debate entre la vida y la muerte en el Bertha Calderón, en Managua, donde los médicos luchan por salvarla.
Según la denuncia de Daniel Alcides Barrera Raudales, esposo de Mabel Elieth Álvarez Díaz, originaria de Santo Tomás, Chontales, ella no tuvo la dicha de ver a su recién nacido. Tras ser transferida del Centro de Salud de Santo Tomás hacia el Hospital Asunción de Juigalpa porque el “neonato venía con circular del cordón del cuello”, ella fue valorada y presentaba una hipodinamia uterina (disminución de contracción uterina que no permitía el descenso fetal).
EXPOSICIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía expone en su acusación que el primero de diciembre del 2012, en la fase de expulsión del bebé, debido a la disminución de contracción uterina, hubo agotamiento en Mabel, por lo que el médico José Benito Flores y la enfermera Alejandra Vásquez supuestamente decidieron practicarle la maniobra Kristeller (proceso de parto que se utiliza para hacer salir al bebé con mayor rapidez a través del canal vaginal, durante la fase de expulsión).
Vásquez supuestamente presionó la barriga de la embarazada para forzar el parto, mientras el doctor Flores esperaba al bebé. Esto provocó desgarros múltiples en la mujer y hemorragia posparto, además trauma obstetra al neonato, causándole asfixia neonatal.
Según la Fiscalía, correspondió al doctor Miranda Castillo “corregir y suturar los desgarros en el canal del parto”, pero la joven mujer falleció por un “shock hipovolémico refractario”.
De acuerdo con la acusación, los médicos Miranda Castillo y Flores “no tomaron la decisión adecuada de realizar una histerectomía uterina subtotal (extirpación del útero) para salvar la vida a la paciente, lo cual es una violación a las normas del proceso para la atención de la hemorragia posparto CIE 10-072”.
Además, en el proceso, el fiscal cuenta con el dictamen de un médico forense que concluye que el menor Pablo Alberto Barrera “presenta secuelas neurológicas a nivel motor sensitivo y sensorial, en todo su cuerpo, así como desnutrición proteicocalórica y atrofia muscular, las cuales son irreversibles dada la condición del menor”.
CENIDH: CASOS GRAVES
Según Dennis Báez, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Chontales, Daniel Alcides Barrera, esposo de Mabel, presentó la denuncia el 15 de enero del 2013 y desde entonces este organismo lo ha acompañado en 38 gestiones.
“Nos hemos encontrado con una cadena de obstáculos y acciones del Ministerio de Salud y del hospital. Se resisten a presentar el expediente, más que mostrar interés por el esclarecimiento de los hechos, revisión y sanción, tratan de tapar la presunta negligencia”, apuntó Báez.
A juicio del defensor de derechos humanos, “en el hospital de Juigalpa lo alarmante no es la cantidad de denuncias por presunta negligencia médica, porque hay mucha gente que no está denunciando, sino la gravedad de los hechos, lo letal de los casos”.
Sobre el caso de Joselin Miranda Ramírez, el director del Cenidh en Chontales dijo que la denuncia fue enviada al director del Silais, Samir Aguilar y también fue elevada a la ministra de Salud.
Báez señala que “una cesárea se ha convertido en un caso para esa familia, pero no solo se trata de la denuncia de una posible negligencia médica, sino del maltrato, falta de atención, de calidad humana de las enfermeras que estaban chateando; fue tanta la prepotencia y arrogancia que recriminaron a los familiares por los reclamos y los sacaron de la sala”.
FUTURO DE JOSELIN ES INCIERTO
Yensi Inés Valle Robleto, esposo de Joselin Yasnary Miranda Ramírez, dice sentirse afligido y aunque ella está mostrando mejoría en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Bertha Calderón, es incierto su futuro. No saben si sobrevivirá o cómo quedará, pero ruega a Dios porque pronto puedan estar con su dos hijas.
Contrario al caso de Mabel Elieth Álvarez Díaz, de 29 años, en el que hubo un dictamen médico de la embarazada y los familiares de la misma tuvieron acceso al expediente para poder acusar en los tribunales, Valle Robleto señala que a la familia de Joselin le han negado información y sospecha que en “ese hospital se van a proteger entre ellos y se van a lavar las manos”. El joven pide la transparencia y la honestidad profesional de la dirección del hospital y del Silais de Chontales.
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