Una caponera pasa rauda por una calle pavimentada larga pero sinuosa como una serpiente y tachonada, a cada cierta distancia, por enormes torres metálicas que emergen en mitad de la vía como pequeñas rotondas. A estas estructuras le debe su nombre el barrio Las Torres. Y a su ubicación geográfica, a escasos metros de las aguas del lago Xolotlán, le debe su apellido de “barrio costero” del Distrito IV de Managua en el que viven casi siete mil personas que cinco años atrás debían encerrarse después de las 6:00 de la tarde para salvarse de las balaceras que armaban las pandillas.
“Aquí era una sola matancina. Allí cayó uno, allá otro y otro más allá, este portón todavía tiene las señas de los balazos”, dice Pedro Artola apuntando con el índice primero los distintos puntos de la calle donde cayeron los muertos, luego se voltea y se agacha un poco para señalar los hundimientos de su portón negro metálico en el que rebotaron los tiros.
En el mismo portón hay señales de guerra y paz. Más arriba hay un mensaje que combina imágenes y palabras: “SIN ARMAS… SIN MIEDO”, debajo está la silueta de una paloma en forma de mano en cuya barriga se lee: “SOY NICA, SOY PAZ”.
“Ese palo —que está detrás del portón metálico— tiene más de cuarenta charneles. No era a mí que me disparaban, claro, sino de las peleas que había entre ellos, pero eso era antes, ahora no, todo eso se acabó, ahora esto ha cambiado. Esto está calmo, podés entrar aquí a cualquier hora. Ya los carros no salen con los vidrios quebrados. Esto está muy diferente”, insiste Artola, de 66 años, quien se jubiló hace seis años y desde entonces coordina el Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de Las Torres.
A lo mejor insiste en el cambio porque conoce bien el prontuario del barrio. En el 2011 era tan insoportable la violencia de las pandillas que los alumnos de la escuela primaria salieron a manifestarse contra la violencia, para demandar presencia policial. Este fue uno de los primeros barrios donde se luchó, espontáneamente, en contra de las drogas.
Jairo Domingo Rostrán recuerda una balacera que arrancó a las 8:00 de la noche con la muerte de un pandillero y la balacera se prolongó hasta la madrugada. “Como treinta heridos hubo esa vez”, dice Rostrán.
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La casa de Rostrán está en una esquina donde la calle larga se gira y forma una “L” que desemboca en un viejo edificio, más conocido por la antigua referencia de “donde fue la Pepsi”, a la altura de la Carretera Norte.
“Aquí había que encerrarse desde las 6:00. Era peligroso de día y de noche. No se podía vivir tranquilo. Los taxis no entraban”, dice este hombre, quien junto con su esposa hace y vende tortillas en la casa.
En una de esas balaceras salió herido el papá de Rostrán, un hombre setentón, de contextura recia, a quien el tiro de una escopeta lo dejó renqueando de la pierna derecha.
En esos tiempos violentos, la casa de Dominga Jarquín estuvo de luto luego de que mataran en otra balacera a uno de sus nietos de 18 años. Se llamaba Johnny y ella lo había criado como su hijo. Dice que él no andaba en pandillas, que el día que lo mataron andaba alegre porque iba a comenzar a trabajar en la zona franca y fue a la casa de la novia a buscarla, allí lo acribillaron.
Era tanta la delincuencia de Las Torres que, también en el 2011, buseros de la ruta 165, la única que recorre parte de la calle larga pavimentada, amenazaron con suspender el servicio por el barrio y lo suspendieron.
A un lado de donde está el fogón en el que asan las tortillas Rostrán y Blanca Rosa Rodríguez daban la vuelta los buses de la 165. En ese punto sufrían porque se montaban “los vagos” y los asaltaban.
“Las unidades asaltadas son casi todas. Inclusive los conductores han sido asaltados a título personal. Se les han llevado su celular, su reloj, la plata”. Fue parte del argumento de Leonel Orozco, representante de la cooperativa 12 de Octubre, en junio del 2011, cuando anunciaron que a partir de julio de ese año dejarían de pasar por tres barrios: Pedro Joaquín Chamorro, Hilario Sánchez y Las Torres.
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En este momento, los pobladores aseguran que los buses de esa ruta entran a partes del barrio.
En parte, porque hay necesidad de transporte de sus casi siete mil habitantes, pero también, probablemente, porque la historia del barrio, según cuentan sus pobladores, ha cambiado en los últimos años.
“PREVENTIVA” PUSO ORDEN
“Desde que entró la ‘preventiva’ esto ha mejorado”, dice Artola, el líder CPC. Artola se refiere a la estación policial que instaló la Policía Nacional hace cuatro o cinco años, pero también al trabajo de reinserción con los miembros de las pandillas.
“Aquí se metió directamente el jefe de Asuntos Juveniles”, afirma Artola, quien ha participado en este proceso desde el comienzo.
La unidad preventiva suboficial mayor Marina Lanzas está sobre la calle larga. En la pequeña sala de recepción de denuncias, detrás de un escritorio y una computadora que no funciona, está el suboficial de turno, Adrián Orozco.
Orozco dice que la seguridad del barrio ha mejorado bastante en los últimos cuatro años. “Antes en cada esquina se miraban los grupos consumiendo drogas”, pero ahora “se camina tranquilo”.
En lo que lleva de turno de esta tarde de jueves, Orozco no ha recibido ninguna denuncia. Le cuesta recordar la última situación de violencia en las calles que le tocó cubrir en este barrio, que en algún momento llegó a considerarse como uno de los más peligrosos del Distrito IV junto con el Jorge Dimitrov (antes de que se dividiera y quedara en el Distrito I) el 19 de Julio (por el sector de El Novillo en el Mercado Oriental) y el Rubén Darío, entre el Palacio de Cultura y la antigua colonia Dambach.
Hace poco, conscientes o inconscientes de lo que significa confesar que alguien es habitante de Las Torres, un grupo de adolescentes que estaban en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, le gritaron a un cuidador del parque “somos de Las Torres, así que cuidadito”, gritó uno de ellos y el resto estalló en carcajadas.
VARIOS GRANOS DE ARENA
Orozco explica que para “desarmar” al barrio la Policía acompañó la instalación de la preventiva con aumento de patrullaje y presencia en el barrio. Algunos de los jóvenes fueron becados y están todavía estudiando carreras técnicas, otros fueron detenidos y juzgados por sus fechorías y están presos en la cárcel de Tipitapa.
Pedro Artola calcula que fácil murieron entre 16 y 18 jóvenes en esos enfrentamientos, quizás más. Otros fueron empleados en la zona franca que está dentro del barrio y otros fueron empleados en la cooperativa de caponeras.
Artola dice que la casa azul del INPRHU (Instituto de Promoción Humana) rescató a muchos muchachos que estaban en riesgo.
Algunos creen que el apresamiento de los pandilleros más peligrosos fue clave en la calma que ahora se respira por este barrio de 964 viviendas que se suelen dividir con cercos de zinc usado.
Algunas de esas actividades recreativas con los jóvenes se mantienen hasta hoy.
RUTAS Y CAPONERAS
El suboficial Orozco recuerda por fin que hace como 15 días capturaron a un par de sujetos que se habían escondido en un manjol. Los hombres estaban armados y los policías que patrullaban en moto pidieron refuerzos para atraparlos.
En general, dice Orozco, la gente colabora con información para mantener el barrio tranquilo. La gente avisa a la Policía dónde está funcionando un expendio o dónde hay problemas de violencia vecinal.
“Porque a veces se cierra un expendio, pero queda la raíz”, explica el suboficial.
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Algunas obras de inversión pública no solo ayudaron a mejorar la apariencia del barrio en estos últimos años, sino a mejorar la seguridad. Un ejemplo de eso es la pavimentación de la calle, pero también el alumbrado público que se instaló, explica Artola. El dirigente CPC dice que han construido “ciento y pico” de casas a las familias más pobres y eso también ha ayudado a mejorar la seguridad, cree él.
Jairo Domingo Rostrán valora el alumbrado, pero también la entrada de las caponeras, porque muchos jóvenes trabajan en eso.
Otros obras de inversión pública han sido la reconstrucción de la vía principal, el asfaltado de otras calles interiores y la evacuación de familias en peligro a orillas del lago.
“Ahora son las 10:00 y 11:00 de la noche y allí estamos afuera”, dice Blanca Rosa Rodríguez.
POR CUENTA PROPIA
Gran parte de los habitantes de Las Torres trabajan por cuenta propia. Salen al Mercado Oriental a comprar para vender algo o trabajan allí mismo. Algunos se dedican a la compra y venta de chatarra.
Hay un sector de estudiantes. Cuando culminan la primaria en la escuela Sacuanjoche, atraviesan la Carretera Norte para ir al colegio Rubén Darío, en el barrio San Luis, o al instituto Maestro Gabriel. Un pequeño grupo va a la universidad, como Yamileth Suárez, quien cursa cuarto año de Contabilidad en la Universidad de Occidente en la modalidad dominical. Suárez, sobrina de Jairo Domingo Rostrán, dice que a pesar de los tiempos difíciles que ha vivido en estos callejones, ella no se iría de aquí. “No me hallaría en otro barrio. Es que aquí la gente es trabajadora, se mueve el negocio, mire allá venden leña, aquí se echan tortillas, está el molino”, dice Suárez, de 23 años, embarazada y esposa de un policía.
VIOLENCIA GOLPEA DOS VECES
“Ha cambiado su poquito esto”, dice una hija de Dominga Jarquín, quien prefiere omitir su nombre. La familia de Jarquín ha sido golpeada varias veces por la violencia del barrio Las Torres.
Al poco tiempo del asesinato Johnny falleció el esposo de Dominga Jarquín, por enfermedad, y hace unos meses otro nieto estuvo implicado en uno de los crímenes más violentos que ha habido en el país en este año.
Gabriel Angulo Jarquín fue juzgado como encubridor del triple asesinato que ocurrió hace unos meses en el barrio Los Ángeles. Angulo conocía desde chavalo a Nahúm Bravo, autor intelectual del crimen de su papá, su hermana y madrastra. Sin embargo, 25 testigos declararon que Angulo Jarquín no tuvo nada que ver. Al final, la justicia lo declaró “no culpable”.
“Uno qué iba a pensar que era así ese muchacho”, reflexiona Dominga Jarquín sentada debajo del alero de la Casa para el Pueblo que le construyeron hace unos meses. Alrededor de ella están su hija y varios nietos, entre ellos, Gabriel Angulo Jarquín, quien hace poco solicitó su récord policial y le salió limpio.
Lo sacó para pedir empleo, pero en el último mes y medio le han dicho que “no” en todas partes. Incluso en la cooperativa de caponeras del barrio donde ya había trabajado.
Durante esta entrevista, los miembros de la familia Jarquín piden que no se le hagan fotos porque cada vez que la gente mira la foto de Gabriel en algún medio, vuelven los nexos y la necedad de la gente con el caso de Nahúm. Aunque la justicia lo eximió algunos lo miran todavía con recelo. Gabriel pasa en la casa. Esta mañana de viernes está sentado en una de las bancas desde donde se mira el frente de la casa de Nahúm, actualmente abandonada. La familia vendió y se fue. Gabriel, quien aprobó sexto grado, dice que al único lugar que no ha ido a la zona franca a solicitar trabajo porque ahí contratan gente con experiencia, eso le han contado un par de primos trabajando en el turno nocturno. Está ansioso por que le salga algo pronto. A pesar de su situación, Gabriel reconoce que la seguridad en el barrio está mejor, que ya no es como antes.
Un funcionario del Distrito I de la Alcaldía que prefiere no identificarse, dice algo que puede servir de colofón a esta metamorfosis silenciosa que vive Las Torres, y de la que poco se habla en los medios. “Si te fijás en las noticias ya no se menciona a Las Torres para nada, debe ser que está tranquilo”.
6,845
pobladores viven en Las Torres en 964 casas. La mayoría de sus habitantes proviene de los departamentos. Hay gente de Boaco, comarcas de Tipitapa, como Las Lajas, La Concepción. La mayoría trabaja por cuenta propia en el Mercado Oriental.
FALTAN POLICÍAS E INVERSIÓN
Más presencia policial para detener los robos y los asaltos que ocurren en el país, es la percepción que tienen muchos pobladores consultados en las encuestas sobre seguridad que hace el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) cada año. En la VII encuesta sobre percepciones de seguridad 2014, los robos, los asaltos con armas de fuego y los accidentes de tránsito, este último por primera vez, como los principales problemas de seguridad.
Skarlleth Martínez, investigadora del Programa de Seguridad Democrática del Ieepp, explica que la población considera que esos problemas se pueden contrarrestar con mayor presencia policial, pero también consideran que algunas obras de inversión pública como el alumbrado público pueden ayudar a mejora la situación de seguridad, porque existen puntos oscuros en algunos barrios donde los pobladores son asaltados por delincuentes.
Martínez dice que también se valora la organización vecinal, como un aspecto que puede contribuir a la seguridad, sobre todo en lugares donde no se paga vigilancia privada.
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