Los diputados del partido MRS en la bancada del PLI introdujeron este martes ante la Asamblea Nacional, una iniciativa de “Ley para transparentar la formación de precios de los derivados del petróleo en defensa de los consumidores”.
El objetivo de esta propuesta de ley, como su mismo título lo indica, es hacer luz en el gran negocio del petróleo y sus derivados; y ante todo favorecer a la población, que observa con asombro que mientras el precio internacional del petróleo se ha derrumbado, los precios de las gasolinas y el diesel siguen tan altos como cuando el del crudo volaba por las nubes.
“Nadie conoce la fórmula o las fórmulas con que se calcula el precio interno de los combustibles y tampoco sabemos el peso que tiene el costo del combustible a precio internacional dentro de la estructura de la formación del precio, ni el peso específico de los demás componentes”, se dice en las consideraciones de la iniciativa de ley. Lo cual es absolutamente cierto.
Los voceros del Gobierno alegan que los mecanismos de comercialización del petróleo son distintos a los de los combustibles, y que por eso la baja en el precio del crudo no impacta en el de sus derivados. Pero los ciudadanos no son tontos, saben por lógica elemental que si baja el precio de la materia prima necesariamente se reduce el costo del producto terminado y, por lo tanto, tiene que bajar su precio al consumidor.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo es que se calculan los precios de los combustibles y además es necesaria una paridad en los precios de importación de los combustibles. Como se dice también en la exposición de motivos de la propuesta, de esto hay como antecedente exitoso el Reglamento para la Importación y Comercialización de Hidrocarburos, que aprobó y aplicó el Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Si el régimen actual tuviera interés en ayudar a la gente y quisiera que el negocio del petróleo y sus derivados se manejara con transparencia, como es la obligación de cualquier gobierno responsable y honesto, debería aceptar y agradecer la propuesta de ley del MRS. Mas, para desgracia de los nicaragüenses, este no es el caso.
La misma propuesta de ley advierte en su exposición de motivos, que en Nicaragua “prevalece un control casi monopólico en la determinación de precios de los combustibles, en el que prácticamente tres grupos empresariales importadores y distribuidores, el más grande de estos directamente gestionado por la familia gobernante de Nicaragua, determinan a discreción diversas variables en la formación de los precios finales, lo que provoca un encarecimiento desmedido y contribuye a que esas empresas obtengan ganancias extraordinarias”.
Con eso está dicho todo. Esa familia, mientras continúe detentando el poder actuará siempre para favorecer su bolsa patrimonial. Sin embargo, aunque se sepa que una propuesta de ley como esta no será aceptada por la familia reinante, de todas maneras hay que presentarla, y divulgarla, al menos para ayudar a la gente expoliada por los anormales precios del combustible a cobrar conciencia de su situación y de quiénes son los culpables.
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