El general retirado Otto Pérez Molina llegó a la Presidencia de Guatemala en enero de 2012 con la promesa de aplicar mano dura contra la criminalidad. Casi cuatro años después, la promesa quedó incumplida y ahora miles de ciudadanos le exigen renunciar ante graves acusaciones de corrupción.
Formado en tácticas contrainsurgentes y contrainteligencia durante la Guerra Civil (1960-1996), el gobernante —de 64 años— se encuentra acosado por la presión de un pueblo que cerró filas contra la corrupción, luego de que la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad, lo acusara de ser el cabecilla de una estructura de defraudación fiscal, el pasado 21 de agosto.
La explosiva revelación provocó de inmediato indignación en el pueblo y masivas manifestaciones en su contra, pero como buen militar se atrincheró en la Casa Presidencial de la capital y evitó toda actividad pública.
Para provocar más disgusto en la población, en un mensaje a la nación el domingo y en una entrevista con una radio local afín al Gobierno (el jueves), Pérez retó con tono enérgico a sus detractores, a quienes les aseguró que no renunciará.
“Voy a dar la cara. Seguiré al frente del país, no voy a huir”, expresó el presidente, la noche del jueves, horas después de una multitudinaria marcha en la capital para exigir su dimisión.
GANAR TIEMPO
Con la negativa, el dignatario busca ganar tiempo y mantener la inmunidad hasta el final de su presidencia, el próximo 14 de enero. “Él (Pérez) sabe que si renuncia va directamente a la cárcel”, afirmó Sylvia Gereda Valenzuela, periodista guatemalteca de investigación.
En una entrevista por teléfono con LA PRENSA, Gereda explicó que la única salida que tiene Pérez para evitar la justicia es mantener su inmunidad, un privilegio que solo el Congreso guatemalteco le puede quitar. Hace menos de un mes, el Parlamento rechazó un pedido similar contra el mandatario.
Una comisión pesquisidora de cinco diputados fue electa el jueves pasado para redactar un informe sobre el caso. Para levantarle el fuero a Pérez se necesita el apoyo de 105 de los 158 diputados.
La comisión está integrada por los diputados oficialistas Gloria Sánchez y Mario Linares; Sergio Celis y Jorge Barrios Falla del Partido Líder, que actualmente apoya al presidente, y Nineth Montenegro, del Partido Independiente y Opositor Encuentro por Guatemala.
Renzo Rosal, politólogo guatemalteco, dijo por teléfono a LA PRENSA que el Congreso “siempre” ha jugado en favor de Pérez, por lo que tratarán de no discutir el caso, o hacerlo cuando los tiempos jueguen en favor del presidente.
CITADO PARA HOY
Entre sus primeras acciones, esta comisión citó para hoy al mandatario. Sin embargo, por su condición de jefe de estado, Pérez no está obligado a asistir. La Presidencia de la República informó ayer que el presidente aún no ha decidido si acudirá al Congreso.
La diputada Montenegro virtualmente obligó a que los miembros conformaran la comisión para lo cual contó con el apoyo de Barrios y Celis. Los otros dos diputados oficialistas se incorporaron cuando arreciaban pedidos a través de las redes sociales y se registraba una protesta a las puertas del Congreso que exigían que se integraran.
Gereda y Rosal coincidieron en que la diputada Montenegro era la única que podría agilizar el trabajo de esta comisión. La mayoría del Congreso está en manos del Partido Líder.
Los analistas resaltan que la presión callejera se trasladará al Parlamento, una de las instituciones guatemaltecas más desacreditadas. “Temo que las protestas se tornen violenta, ya que la frustración puede llevar a muchas acciones desesperadas a la población”, comentó la periodista.
Rosal advirtió que muchos diputados se ausentarán la próxima semana, argumentando que “tienen la mente puesta” en la jornada electoral del próximo fin de semana, cuando se elegirá al próximo presidente de Guatemala.
JUNTO A BALDETTI
Pérez Molina llegó al poder bajo la bandera del Partido Patriota (PP, derecha), el cual fundó en 2001 junto con Roxana Baldetti, quien fue su mano derecha en el Gobierno y vicepresidenta hasta el pasado 8 de mayo, cuando renunció. Ella está acusada y en prisión preventiva por el mismo caso que acusan al presidente.
Los dos se conocieron durante el gobierno del expresidente Jorge Serrano (1991-1993), quien huyó del país en junio de 1993, luego de gestar un autogolpe de Estado al enfrentar cargos de corrupción. Actualmente vive exiliado en Panamá como magnate inmobiliario.
De hablar parco y cortante, adquirido durante 34 años de vida de cuartel cuando Guatemala vivía una guerra civil que dejó doscientos mil muertos, Pérez demostró ser un estratega en la colocación de personas afines a él en puestos claves para controlar el ente recaudador de impuestos, según la acusación.
Aunque sus allegados destacaban que el mandatario tiene una gran capacidad de escuchar a sus asesores para tomar decisiones, la práctica demostró que era él quien dominaba y tomaba las decisiones.
Además, sus detractores aseguran que Pérez estaba al tanto de toda la estructura de defraudación porque debido a sus estudios y especialización en inteligencia era casi imposible que no conociera esos movimientos.
EL GENERAL DE LA PAZ
Pérez Molina ascendió a la jefatura de Estado con un alto nivel de confianza y como el primer militar en gobernar el país desde el restablecimiento democrático de 1985, por lo que para muchos era un antídoto a la corrupción rampante en las administraciones civiles.
No obstante, la medicina resultó peor que la enfermedad bajo el gobierno de Pérez, quien fue conocido como el “General de la Paz”, apelativo que repetía con orgullo por haber firmado en nombre del Ejército los acuerdos que pusieron fin a la guerra de 36 años, en 1996.
Pérez ya enfrentó a los tribunales, aunque con motivos completamente distintos, pues fue inculpado en reiteradas veces de violaciones a los derechos humanos cuando fue jefe de unidades militares en las zonas más duras del conflicto armado guatemalteco, como el departamento occidental de Quiché, donde se cometieron casi la mitad de los abusos.
El jefe de Estado siempre negó tener responsabilidad en las violaciones humanitarias y se escudó en que todo ocurrió en el marco de la guerra.
VIDA EN LA POLÍTICA
Luego de una carrera en los cuarteles militares, Otto Pérez Molina llegó a los salones gubernamentales por primera vez en 1993 como jefe del Estado Mayor Presidencial, disuelto tras la firma de la paz y que manejaba la inteligencia y la seguridad del presidente de turno.
Se retiró del Ejército en 2000 y sufrió un atentado el 21 de febrero de 2001, cuando desconocidos dispararon contra el vehículo en que viajaba con su esposa y su hija, tres días antes de que el militar fundara el Partido Patriota.
En 2003 fue elegido diputado y en 2007 fue candidato a la Presidencia, siendo derrotado en segunda vuelta por el expresidente Álvaro Colom.
Nacido en Ciudad de Guatemala el 1 de diciembre de 1950, Pérez está casado desde 1971 con Rosa Leal, con quien tuvo dos hijos, Lissete —dedicada a la administración empresarial— y Otto, quien ganó la Alcaldía de Mixco, un municipio cercano a la capital, por el partido de su padre.
175,000 documentos decomisados y 89,920 escuchas telefónicas han servido a la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para preparar una acusación contra una treintena de funcionarios públicos, entre ellos el presidente.
