La presión callejera para que el presidente Otto Pérez Molina renuncie al cargo se trasladó hacia los diputados del Congreso, quienes decidirán esta semana si retiran o no la inmunidad al mandatario, señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de liderar una red de defraudación aduanera.
Para desaforar a Pérez son necesarios los votos de dos terceras partes del Congreso de 158 escaños (105 diputados). Desde el sábado, el edificio del Parlamento ha sido escenario de protestas pacíficas para exigir un voto por el sí. Mientras, en la red social Twitter se ha viralizado la etiqueta #ExijoMis105Votos, creada luego que una comisión parlamentaria recomendara retirar la inmunidad al presidente.
La etiqueta ya se encuentra entre las tendencias más populares en Guatemala y ha sido compartida por personalidades de la sociedad y farándula guatemalteca como los cantantes Francisco Páez y Gaby Moreno.
A través de la redes sociales se convocó a una protesta masiva, el jueves pasado, que concentró a más de cien mil personas en el centro histórico de la capital. Este fin de semana, las redes como Twitter y Facebook también han servido para que los ciudadanos compartan los números telefónicos de algunos diputados, entre ellos el del presidente del Congreso, Luis Rabbé.
LAPRENSA/AFP
La revista guatemalteca ContraPoder publicó ayer en su página web los nombres, cargos y números de teléfonos personales de los miembros de la Junta Directiva y los jefes de bancada del Congreso.
Además, colocó un enlace hacia el listado telefónico de la Asamblea. La publicación afirma, en su sitio en internet, que lo hizo para que “la ciudadanía participativa pueda exigir que se lleve a cabo el debido proceso”.
SESIÓN MAÑANA
Fuentes parlamentarias han revelado que Rabbé, del partido Lider, convocó a una reunión de Junta Directiva para hoy a las 10:00 de la mañana y una hora más tarde se citó con los jefes de bancada para conocer el informe de la comisión parlamentaria pesquisidora.
Esta comisión —integrada por dos diputados oficialistas, dos del partido Lider, que apoya al presidente, y una congresista opositora e independiente— decidió por unanimidad que “existen indicios racionales y suficientes sobre la comisión de uno o varios delitos” por parte del presidente y es necesario que “sea puesto a disposición de la justicia común”.
“Se introdujo el trámite el sábado y mañana (este lunes) se reunirán los jefes de bancada para determinar el orden del día”, dijo ayer Rabbé a la agencia AP.
Por ley, entre la convocatoria y la sesión tienen que pasar 24 horas, por lo que los diputados votarían sobre el tema de la inmunidad el martes.
SEMANA IMPORTANTE
Sylvia Gereda Valenzuela, periodista guatemalteca de investigación, explicó por teléfono a LA PRENSA que la desaforación de Pérez Molina debe realizarse esta semana, ya que el próximo fin de semana son las elecciones generales en Guatemala, por lo que habrá un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso.
“Deben discutir el tema ya, si no Pérez tendrá tiempo hasta la entrega de la Presidencia (el próximo 14 de enero de 2016)”, añadió Gereda.
El Congreso guatemalteco es dominado por el partido Lider con más de 50 escaños, seguido por el oficialista Patriota con 34, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tiene 20 y el resto de agrupaciones no superan la decena.
El diario guatemalteco La Prensa Libre publica en su edición digital que 46 diputados están a favor de que Pérez pierda su inmunidad, aunque falta saber la postura de las bancadas mayoritarias.
El Congreso ya rechazó, el pasado 13 de agosto, desaforar a Pérez. Con 88 votos a favor, 26 en contra y 44 ausencias, de estos 13 eran del partido Lider y 10 del Patriota.
“La línea” de la corrupción
La Fiscalía y la Cicig acusan al presidente Pérez una presunta participación en la red denominada “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos, desfalcando así al fisco por millones de dólares.
De prosperar las denuncias, el presidente —que niega todos los cargos— podría ser acusado de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación tributaria. La organización delictiva La Línea asignaba las ganancias de los sobornos en forma proporcional al rango de la persona.
Según escuchas telefónicas, varios miembros de la red hacían alusiones a “el 1”, “el dueño de la finca”, y que era a este a quien se le hacían llegar parte de los sobornos.
La fiscal Thelma Aldana dijo que, según esa evidencia, “hay altas probabilidades de que se refieran al señor presidente”, que hoy dará una conferencia de prensa.
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