Durante la celebración de las recientes Fiestas Patrias del 14 y 15 de septiembre, a los periodistas de LA PRENSA y demás medios de comunicación independientes no se les permitió el acceso a los eventos públicos oficiales.
Esta es una modalidad de la censura de prensa que el régimen orteguista practica de manera sistemática, en abierta violación al derecho a la libertad de expresión y de prensa, que la Constitución Política de Nicaragua reconoce expresamente y es parte sustantiva de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, que el Gobierno tiene la obligación de respetar.
Los voceros del régimen orteguista y sus periodistas a sueldo, abiertos y solapados, se llenan la boca hablando de que en Nicaragua no hay censura de prensa y que el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega respeta la libertad de expresión. Incluso aseguran, mentirosamente, que bajo el actual gobierno hay tanta libertad de informar y opinar lo que se quiera, que los medios de comunicación independientes caen en el libertinaje.
Pero la verdad es que sí hay censura de prensa y restricción de la libertad de expresión. Se practica de manera indirecta, hipócrita, en algunos casos inclusive con sutileza, pero aunque no sea brutal como era cuando la primera dictadura sandinista, igual es censura de prensa.
Impedir que los periodistas de los medios independientes tengan libre acceso a los eventos públicos, es censura de prensa indirecta. Como también lo es no acatar la Ley de Acceso a la Información Pública; concentrar en manos del Gobierno y de la familia gobernante casi todos los medios electrónicos de comunicación, que por eso en vez de informar hacen propaganda política; acosar por medio de los órganos del poder público a los medios independientes; distribuir discriminatoriamente la publicidad oficial que se paga con recursos de todos los nicaragüenses, etc.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Principio 5 califica como censura previa toda “interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico”. Y señala que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Cabe agregar que también es censura indirecta el ambiente de temor creado por el régimen dictatorial orteguista, por lo cual la gente no dice lo que piensa en las encuestas y muchos ciudadanos han dejado de expresarse de manera oral y escrita en los medios de comunicación.
“La censura indirecta —explicó el experto en derechos humanos, doctor Uriel Pineda Quintero, en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el 30 de marzo del presente año— son acciones u omisiones realizadas por un gobierno tendientes a crear presión sobre los medios de comunicación a fin de restringir su derecho a informar, que comprende buscar, recibir y difundir la información”.
Daniel Ortega es enemigo jurado de la libertad de prensa. Y si ahora solo ha impuesto la censura indirecta, es porque no puede imponerla de manera directa, como lo hacía en los tiempos de la primera dictadura sandinista.
