A pesar de que los testigos usados por la defensa eran hermanos y otros familiares, el juez especializado en violencia Leonardo Gálvez, dictó un veredicto de culpabilidad contra Bernardo Guadalupe Sevilla Espino, de 22 años, por los delitos de parricidio, abuso sexual y robo agravado contra su madre Ana María Espino.
Pero también fue culpado por parricidio y abuso sexual en contra de Mayra Sevilla Espino (hermana) y por asesinato contra Senayda del Rosario Fonseca López.
Esta tragedia ocurrió el pasado 19 de junio, en Acoyapa, Chontales y ayer el juez —quien reconoció que “la misma familia está a favor del acusado”— aseguró que el móvil del hecho fue el dinero que tenía su progenitora.
En las audiencias comparecieron unos 25 testigos del Ministerio Público y la defensa. El fiscal Juan Carlos García fue quien aportó mayores evidencias a través de las hermanas de Bernardo que tienen síndrome de Down. Ambas narraron lo sucedido con el apoyo de una especialista.
Según el juez, las niñas con gestos y habla aseguraron que fueron dos, que usaron cuchillo o machete y sondaleza para estrangular y cortar el cuello a su madre y de Mayra; que tocaron sus partes íntimas y robaron prendas, y que incluso se encontraba el perro “el capitán”, que por ser ellos de la familias actuó normal.
El judicial citó a cada uno de los testigos, peritos, psicóloga y forense para fundamentar su veredicto de culpabilidad, mientras indicó las contradicciones.
Dijo observar que los testigos de la defensa técnica, Roberto Cruz —que son de la misma familia— negaron que Ana María Espino tenía dinero. No obstante, señaló que a través de las evidencias se demostró que la víctima tenía unos cien animales y cuatrocientas manzanas de tierra.
Para el abogado defensor, las dos niñas con síndrome de Down, no fueron “coherentes, consistente, creíble y orientador”. A su juicio, las declaraciones fueron viciadas y él apunta que no se demostró que su defendido haya estado en el lugar donde ocurrió el triple crimen, por lo que apelará ante el veredicto.
PENA MÁXIMA
Al concluir el juicio, se realizó el debate de pena, el fiscal Juan Carlos García, solicitó en total 101 años de prisión, pero en Nicaragua la Constitución establece 30 años como pena máxima.
El juez Leonardo Gálvez, programó para el próximo 23 de septiembre la lectura de la sentencia contra Bernardo Guadalupe Sevilla.