Una Comisión de la Verdad que investigue a fondo crímenes, desplazamientos de personas, venta de madera y negocios de las tierras indígenas es lo que pide Raúl Barberena, diputado suplente del Partido Liberal Independiente (PLI), por el Caribe Norte.
El legislador afirma que prácticamente se vive una guerra civil en las zonas afectadas por las invasiones de tierras, en Waspam, Caribe Norte de Nicaragua.
“Si se conforma una comisión de la verdad saldrían muchas más cantidades de muertos de los que se manejan ahorita. Hay que investigar crímenes, desplazamientos y el incontrolable negocio maderero”, indicó Barberena.
“Esto es como una guerra civil la que se vive”, indicó el legislador, quien expresó que el Gobierno central no hace nada por detener el conflicto.
Barberena es suplente de Corina Leiva, diputada del PLI por el Caribe Norte.
Cabe recordar que los obispos del Vicariato de Bluefields, monseñor Pablo Schmitz y David Zywiec, a inicios de septiembre, también sugirieron la Comisión de la Verdad para aplicar la justicia a los responsables de las ventas de tierras y crímenes que se han dado por ese negocio.
De igual manera lo planteó el diputado de Yatama ante el Parlacen, el legislador Loyd Bushey. “La Comisión de la Verdad deberá investigar de forma rigurosa y justa todos los atropellos que vive el pueblo miskito por colonos”, aseguró Bushey.
“GOBIERNO ANÓMALO”
Barberena lamentó la falta de voluntad del Gobierno central para dar repuesta al problema de las invasiones de tierras.
“Es una situación anómala porque el Gobierno debe actuar y el conflicto va en detrimento de las comunidades indígenas y la tensión se va a mantener. Hay desconfianza e incertidumbre, porque el conflicto se puede dar en cualquier momento”, advirtió.
Barberena explicó que actualmente “hay una relativa calma” en la zona, la cual se ha logrado por el esfuerzo realizado por la comunidad religiosa católica, evangélica, morava y de la sociedad civil, no por la Policía ni el Ejército.
A juicio del legislador, el Gobierno debe realizar con urgencia el saneamiento de los territorios para poner fin al conflicto que tiene en disputa a indígenas y colonos.
“El Gobierno habló de una comisión para el saneamiento, pero no ha habido nada concreto y nuestro llamado es a que se haga el saneamiento de los territorios”, demandó el diputado del PLI.
El tema del saneamiento es un reto aún pendiente y planteado en la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal Indígena.
El presidente inconstitucional Daniel Ortega, durante el acto del 36 aniversario de la Policía Nacional, el pasado 8 de septiembre, calificó como “una verdadera invasión” la presencia de colonos, en territorios indígenas, pero de igual manera sentenció que los comunitarios que venden sus tierras deben ser castigados.
INCERTIDUMBRE
Alex Fernández, alcalde de Waspam, señaló que mientras el Gobierno no lleve a cabo el proceso de saneamiento de los territorios, los conflictos y la incertidumbre persistirán en la zona.
Fernández, aunque reconoce que hay “una pronta calma”, sostiene que la tensión se siente. “Las cosas no se han normalizado”, dice el alcalde con voz temerosa.
Fernández informó de una gran cantidad de antimotines que aún permanecen en Waspam y Puerto Cabezas.
El alcalde también lamentó que el Gobierno no haya enviado la comisión que llegaría al Caribe para organizar el proceso de saneamiento de los territorios.
“No hay ninguna comisión en la zona. Yo desde el inicio pedí una comisión de alto nivel, pero hasta ahora no ha habido nada”, indicó Fernández.
COLONOS CON TIERRAS
Romel Constantino Washington, presidente de la comunidad de Tasba Raya, lamentó que las autoridades no hacen nada por desalojar a los colonos. “En zonas de Tasba Raya los colonos están armados y posesionados de las tierras indígenas y el Estado, a través de la Policía y el Ejército, no hacen nada para desalojarlos”, precisó el líder indígena.
De acuerdo con Washington, más de treinta mil hectáreas de tierra están en manos de colonos, en la comunidad de Tasba Raya.
