A puertas cerradas el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencias realizó el domingo audiencia preliminar por separado a los acusados por los disturbios de Mina El Limón y por los incidentes de Chichigalpa.
Los familiares se quedaron sin poder ver las condiciones de los presos, pese a que en el caso de Mina El Limón hijas y esposas de los cuatro capturados permanecieron toda la mañana en los pasillos de los Juzgados de Managua. Los familiares de un detenido habían contratado los servicios de un abogado privado; sin embargo, el judicial impuso a los presos defensas de oficio.
La denuncia fue presentada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). En ambos casos los parientes desconocen si en realidad los presos estuvieron presentes durante la audiencia preliminar.
Además los denunciantes dijeron que no conocen las condiciones de salud de los detenidos, a quienes no ven desde que los capturaron y trasladaron a las celdas de El Chipote. Varios de ellos sufren enfermedades crónicas, como el caso de los detenidos en Chichigalpa.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, cuestionó: “Si se supone que están haciendo justicia, poniendo el orden con presuntos delincuentes a quienes se les imputan delitos ¿por qué tanta trampa? ¿Por qué tanta ilegalidad?”
El defensor de derechos humanos explicó a lo que las autoridades están obligadas, según la Ley: “Desde que son detenidos en las primeras tres horas los detenidos tienen derecho a informar, a recibir asistencia legal, informar a los familiares, comparecer, ponerlos en las 48 horas ante el tribunal competente sin esconderlos de la familia”.
Recordó Carrión que las audiencias deben ser orales y públicas, lo cual no sucedió. El domingo Carrión solicitó una audiencia al juez que estaba de turno para consultar para cuando estaba programada la audiencia y no fue recibido.
LA PRENSA/E. LÓPEZ
El juez le mandó a decir “que solo estaban realizando otras audiencias por otros delitos comunes, que no iba a haber ninguna audiencia”.
Es por ello que Carrión estimó que “lo relevante (en estos casos) es la sumisión de los operadores de justicia desde la Policía, Fiscalía y los jueces que se confabulan en una acción de ilegalidad”.
Desde que fueron arrestados los cuatro de Mina El Limón y los de Chichigalpa, para Carrión las autoridades han incurrido en una serie de arbitrariedades, en la cual el Estado se ha arrogado el derecho hasta de nombrar el defensor de oficio para los acusados, cuando “si hay delito el que acusa tiene que probar, tiene que dar la oportunidad que haya una defensa y esa defensa el Estado no se puede enredar, de poner ellos el defensor”.
Josefa Poveda, esposa del exsindicalista de Mina El Limón, Humberto Rivas, expuso, por ejemplo, que la población del lugar recauda para pagar un abogado que defienda a los mineros.
El abogado Jairo Gaitán, nombrado como defensor de Ramón Useda, otro de los detenidos también de Mina El Limón, criticó que en todo el proceso “se ha venido violentando el principio de legalidad”, como es el hecho de estar siendo juzgados en Managua y no en León, como debería ser.
NO HAY POR QUÉ ALARMARSE
Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Juárez, consideró: “Pienso que no hay que alarmarse a medida que estemos cumpliendo con la efectividad de la persecución. Es más relevante preocuparse por que efectivamente el país dé una respuesta, a estar pensando de que si hay o no hay una tendencia a no reconocer las garantías”.
Alegó Juárez que los traslados de jurisdicción “no solo están determinados por la regla, sino (por) circunstancias especiales”.
El criterio del magistrado Rafael Solís es diferente, pues señala que el cumplimiento de las 48 horas, como el juez competente, son dos puntos fundamentales y hay que revisarlo, pero aún no lo han discutido ni en la Sala Penal ni en la Corte Plena.
No obstante, piensa que esos casos “son una excepción y se da más que todo en casos de crimen organizado y casos complejos”.
El abogado defensor Gaitán criticó que ayer cuando consultó en la ventanilla 6 de los Juzgados sobre su cliente “allí se informó que no habían sido presentados ni se le había formulado oficialmente acusación”.
Pero en el boletín del poder judicial hasta aparece programada la audiencia inicial para el 22 de octubre.
Igual pasó con María Peña, madre de Mariela Lissette Molina Peña, una de las 15 detenidas en Chichigalpa, todavía el sábado introdujo un recurso de exhibición personal a su favor y le informaron que no había una acusación en el sistema.
“Hay una criminalización generalizada de la protesta social. Definitivamente esto genera una sensación de impotencia impresionante”, manifestó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Además de Rivas y Useda están detenidos Henry Gómez y César Santos Pulido. Fue notorio que todos los parientes de estos emplazaron al presidente inconstitucional Daniel Ortega a revisar el caso de los acusados, pues todos son sandinistas.
Como lo hizo Teresa Canales, esposa de Gómez y prima de Rivas, quien desde el Cenidh declaró: “Yo le hago un pedido a nuestro comandante Daniel Ortega, porque yo trabajo para él, soy concejal sandinista, le trabajo también al alcalde de Villanueva de parte del Frente Sandinista, necesito que me escuchen”, dijo Canales, quien insistió en su llamado a Ortega, “que escuche a su pueblo que es cien por ciento sandinista, a la compañera Rosario también, que ella abre puertas”.
Mientras la esposa de Rivas recordó que su esposo era dirigente del sindicato Pedro Roque “cien por ciento sandinista”. Pero ahora ella le hace una serie de preguntas a Ortega: “¿Por qué se ensañan con él?” o “¿a dónde están sus dirigentes?”
Los familiares de los acusados denunciaron que para salir de la mina deben pasar tres retenes, donde son sometidos a revisiones.
INCOMUNICADOS
María Peña, madre de Mariela Lissette Molina, una de las 15 procesadas por los sucesos de Chichigalpa el miércoles de la semana pasada, denunció que no le han permitido ver a su hija ni pasarle comida.
Uno de los delitos que le atribuyen a los detenidos es el saqueo a la Alcaldía, según Peña, las razones de la destrucción de la Alcaldía no están relacionados con sus protestas . “La Alcaldía tiene barrotes que no hubiera entrado nadie, dicen que la dejaron abierta”, indicó.
Mientras, los miembros de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica anuncian una caminata a Managua.
(Colaboración de Martha Vásquez).
