Ocho organizaciones denunciaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “invisibilidad” en la que están sumidos los hijos de los presos en América, que ven truncada su infancia cuando uno de sus progenitores es encarcelado.
“Los niños son los niños y los adultos son los adultos si hacen errores es cosa de ellos, no de los niños”, defendió Facundo, de 15 años, cuyo testimonio mostraron varias ONG durante una de las audiencias públicas que celebra en Washington esta semana la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cuando Facundo acababa de cumplir 13 años, su padre fue encarcelado y, entonces, él y su hermana tuvieron que asumir sus labores y salir con un carro de caballos a recolectar residuos para poder ganar algo de dinero.
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“Todo el mundo nos preguntaba, pero nadie nos ayudaba”, denunció el pequeño, que pide a los Estados más apoyo para los hijos de las personas presas.
En representación de Facundo, el director de la organización Gurises Unidos, Gonalo Salles, denunció la “invisibilidad” de los hijos de presos y criticó que los sistemas penales de los Estados de América no tengan en cuenta los derechos de los descendientes de las personas presas a la hora de dictar sentencia.
Para visibilizar su situación, las organizaciones urgieron a la CIDH a que pida a los stados que publiquen información sobre cuántos niños tienen a sus padres privados de libertad y cuál es su situación económica, pues muchas de las familias a las que pertenecen estos niños son pobres.
“La mayoría de los presos proviene de sectores pobres y entonces el encarcelamiento implica nuevas vulnerabilidades (…). Las mujeres tienen más presión para mantener a la familia y los adolescentes tienen que asumir el papel del adulto ausente”, subrayó Salles, cuya organización se integra en la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Madres y Padres Encarcelados (NNAPEs).
Frente a esta situación de vulneración de derechos Chile, Uruguay y Guatemala son países que pueden servir de ejemplo por las políticas que han implementado en los últimos años, según indicó Andrea Barrios, del Colectivo Artesana de Guatemala.
Según Barrios, Chile es “de las únicas experiencias donde el estado, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, desarrolló una respuesta directa y específica para abordar la situación de los niños con padres encarcelados”.
En concreto, desde el año 2009, Chile lleva a cabo un programa denominado “Abriendo Caminos” con el que busca minimizar los efectos psicológicos y sociales que implica tener un padre privado de libertad con tutorías para niños entre 7 y 18 años, así como con servicios jurídicos y psicológicos para las familias.
En su respuesta a las organizaciones, el comisionado de la CIDH James Cavallaro reconoció que los derechos de los niños con padres entre rejas han sido un “tema invisible”, que debería de ser abarcado por los estados a la hora de definir las sentencias y procurar protección a los menores.
Las organizaciones que pidieron más protección para los menores son Gurises Unido (Uruguay), Proyecto Meninos e Meninos de Rua (Brasil), el Instituto de Promoción Humana (Inprhu) de Nicaragua, Caminante Proyecto Educativo de República Dominicana y Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) de Argentina.
También participaron Colectivo Artesana de Guatemala, Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia (Rednaniap) de Panamá y Church World Service (CWS), esta última con sede en Washington.