La nueva iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega al parlamento, revela que este ya no tiene la capacidad de resolver los problemas del país de manera armónica, consideró el doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional.
López señala que Ortega tendrá que proceder a gobernar con represión, creando un sistema de gobierno militarizado a través del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el brazo judicial constituido por el sistema de justicia, también administrado por jueces y magistrados afines a Ortega.
“La iniciativa pretende militarizar la seguridad del país Es un contenido autoritario, pero por otro lado nos revela que el Gobierno y el Frente Sandinista, ya no tienen la capacidad de resolver los problemas de manera armónica”, sostiene el constitucionalista.
Ante la falta de capacidad de diálogo de parte del mandatario, López considera que Ortega “tiene que recurrir a actos de represión, lo que evidencia que el régimen comienza a agotarse en el camino que ha seguido por el autoritarismo”.
Asimismo López asegura que la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana vendrá a restringir derechos y acciones de los ciudadanos. “Esta ley es un anillo de fuerza sobre la ciudadanía, es como una espalda de Damocles. Sobre todo aquellos derechos que tienen que ver con la parte cívica, las manifestaciones sociales y las manifestaciones de carácter político”, añade López.
CIUDADANÍA SIN DERECHOS
El exdiputado y jurista José Pallais Arana, coincide con López en que la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, tiene como objetivo militarizar la seguridad con la cual el ciudadano perdería sus derechos.
“Esa ley pretende darle un enfoque militarista a la seguridad, hay un cambio de filosofía en esa materia, pretende introducir un concepto de seguridad soberana que nadie sabe lo que significa, pero lo grave es que se abandona el concepto de seguridad democrática”, asegura el ex diputado.
Uno de los principios que recoge la iniciativa de Seguridad Soberana que Ortega envió el pasado 6 de octubre a la Asamblea Nacional, donde el partido de gobierno tiene el mayor número de diputados, dice: “Establecer los principios, atribuciones y funciones de los organismos con que cuenta el Estado nicaragüense y que intervienen para asegurar la seguridad nacional (Policía y Ejército)”.
Ante esto, Pallais Arana afirma que los ciudadanos quedan a la voluntad de lo que Ortega y sus fuerzas de defensa puedan decidir en materia de lo que es seguridad.
“Con este nuevo enfoque militarista los ciudadanos pasan a ser considerados enemigos del pueblo, los ciudadanos dejan de ser el centro de la protección, la seguridad ya no está basada en la democracia y en el respeto de los derechos humanos, como debe ser en un país donde se respeta la ley e imperan las prácticas democráticas, sino que ahora los ciudadanos pasan a ser elementos sospechosos, peligrosos en que los intereses superiores del Estado, que los define el dictador prevalecen sobre los intereses ciudadanos”, valora José Pallais.
“EL PUEBLO NO ES SOBERANO”
Pallais insiste en que “en el modelo de seguridad soberana de Ortega ya no tiene importancia vivir en democracia, sino que aquí la importancia es lo que dicte el dictador en el poder y el control de la ciudadanía por el poder. Controlar y abusar del poder es una ley para privar derechos, es una ley para someter a los ciudadanos, es una ley para fortalecer a la dictadura”, denunció el jurista
El exdiputado sostiene que para Ortega el pueblo no es el soberano. “El problema es que Ortega cree que él es el soberano, Ortega no cree que el pueblo sea el soberano. Ortega pretende que la soberanía radica en su persona, en su poder despótico”, asegura Pallais.
“EL PAÍS NO ESTÁ EN GUERRA”
El jurista Oscar Castillo cuestiona la coyuntura en que Ortega envió la ya cuestionada iniciativa, cuando en el país se vienen incrementando las protestas.
“Yo veo innecesario una nueva Ley y sobre todo en este contexto, cuando en Nicaragua están inconformes con las políticas y acciones del Gobierno, con protestas y marchas; entonces esta ley es contraproducente e imprudente, cuando el Gobierno lo que debería es impulsar procesos de diálogo, de entendimiento”, apunta Castillo.
El jurista sostiene que la iniciativa de Ortega es impulsar una militarización en el país, en respuesta a las grandes demandas de la población y que algunos sectores las manifiestan a través de protestas y marchas cívicas.
“Querer militarizar o querer incluir en la doctrina militar los asuntos que tienen que ver con el orden social, que tienen que ver con las libertades y lo que tiene que ver con lo cotidiano de la sociedad que demanda más empleo, más salud, más tranquilidad y mejores salarios, eso no es guerra”, señala Oscar Castillo.
Asegura que las demandas de los ciudadanos obedecen a planes e inversiones sociales que el Estado debe garantizar.
“Están queriendo militarizar un derecho humano y social que es protestar, un derecho que es reclamar, un derecho humano que es denunciar lo están convirtiendo como que fuera un atentado contra la patria. Eso es propio de una guerra y aquí no estamos en guerra”, reiteró el constitucionalista.
Bozal a la protesta
El diputado Wilber López, coordinador de la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI) en la Asamblea Nacional, asegura que Ortega tiene miedo a la protesta, por lo que pretende por medio de la nueva iniciativa imponer un bozal a las voces críticas. “A mi juicio es temor. Nos quiere poner el bozal y secuestrar a la población a que no diga nada, a que no proteste”, aseguró el diputado opositor.
López señala que la población se está expresando en la calle, al considerar que es el resultado de las violaciones que Ortega comete en contra de la población.
“Y la protesta no solamente viene de sectores democráticos, también están protestando en la calle aliados de Ortega”, aclaró Wilber López.
