Desde diferentes zonas del país, navegando ríos, caminando, en camiones o en transporte colectivo campesinos y ciudadanos superaron retenes policiales para llegar a Managua y participar hoy en la tercera marcha nacional para exigir la derogación de la Ley 840 (Ley del Gran Canal).
Agentes policiales y antimotines establecieron retenes a lo largo de las carreteras hacia Managua y en empalmes como Pájaro Negro en la carretera Juigalpa-San Carlos o La Lechera, en Nueva Guinea, mantuvieron por varias horas a los campesinos, quienes desde ayer salieron de sus comunidades.
En Nueva Guinea los policías que llegaron de refuerzo la tarde del lunes se encontraban desplegados en el empalme La Lechera, cerca del río Zapote, a unos dos kilómetros al sur de Nueva Guinea, donde impedían el paso de unos cuarenta camiones, más vehículos particulares provenientes de La Unión, La Fonseca, Puerto Príncipe y Punta Gorda. Ese fue el primero de varios retenes que tuvieron que pasar a lo largo de la noche de ayer.
Desde tempranas horas de la mañana del lunes la vicecoordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez, en La Fonseca, denunció que los conductores de camiones que transportarán a las personas que participarán en la marcha nacional contra el Gran Canal fueron víctimas de presiones e intimidación por parte de la Policía.
Ramírez dijo que a los conductores de la zona de La Fonseca, situada a 28 kilómetros al sur de Nueva Guinea, les llegaron a decir: “No lleven gente a Managua porque se van a arrepentir”, negando el derecho a pronunciarse por muchas inconformidades que genera este gobierno.
El delegado del Ministerio de Transporte e Infraestructura en Nueva Guinea, Nelson Guillén, dijo que a su oficina nadie ha llegado a pedir el permiso para transportar gente a la marcha.
“Yo sé que cada vehículo tiene una circulación que dice cuánta gente va a transportar al destino que lleva, además nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad de la gente, que el vehículo tenga todas las condiciones”, dijo Guillén.
SITUACIÓN EN EL TULE
Intimidación y acorralamiento, así como la retención de camiones que trasladarían a los protestantes anticanal y el clima lluvioso tuvieron que enfrentar campesinos de Río San Juan y Chontales, precisamente de comunidades comprendidas en la ruta canalera, para marchar hoy en Managua.
Los agentes policiales y de operaciones especiales se desplegaron en la ruta canalera para frenar la salida de los campesinos, ubicando retenes a la salida de El Tule y fue reforzado el empalme Pájaro Negro, mientras en el empalme de San Miguelito, el Gobierno usó a los empleados del Ministerio de Salud y de la Alcaldía para mofarse de los campesinos.
INTIMIDACIONES
De los 16 camiones contratados para la zona de Río San Juan, solo 10 habrían logrado salir al atardecer de ayer, después de que en Pájaro Negro la Policía no permitiera el paso de dos de los automotores y los otros dueños de camiones fueron intimidados para no prestar su servicio, aseguró Ángela Nuriz Sequeira, coordinadora del Consejo en Defensa de la Tierra y la Soberanía Nacional de El Tule.
La líder aseguró que cientos de campesinos adonde no llegaron los camiones abordaron autobuses de transporte colectivo y vehículos particulares, en tanto denunció el asedio e intimidación de las fuerzas antimotines para impedir la salida.
Karel Arias Sevilla, habitante de la ruta canalera, dijo que “a cualquier costo llegaremos a la marcha nacional, han usado cualquier tipo de presión, pero si es posible llegamos a pie”.
Mientras, en Chontales, en la salida de Santo Domingo, más de cien antimotines mantenían retenidos tres camiones repletos de campesinos provenientes de El Ayote y otras comarcas, despojando de las llaves y los documentos a los propietarios.
La caravana de camiones y vehículos provenientes de Punta Gorda, Puerto Príncipe, La Fonseca, La Unión y colonias de Nueva Guinea se empalmó en San Pedro de Lóvago con la de Río San Juan para sumarse a los chontaleños y dirigirse hacia Managua.
El maestro Róger García, del Consejo de Juigalpa, afirmó que “por la defensa del lago Cocibolca, de donde consumimos agua más de cien mil juigalpinos, exigimos la derogación de la Ley 840”.
INCIDENTE EN OCOTAL
Dos vehículos, uno privado y otro de la Alcaldía de Ciudad Antigua, fueron retenidos a las 3:00 p.m. de este lunes en la salida sur de Ocotal por funcionarios del MTI y efectivos de la Policía Nacional.
Olid Beltrán Ortez, coordinador del Comité municipal de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía en el municipio de San Fernando, señaló que el bus, propiedad del doctor Acris Arauz, fue detenido en un retén ubicado en la salida sur de Ocotal y sus ocupantes fueron obligados a bajarse.
“No nos dejan circular y nos dicen que andamos alborotando a la gente, ahora más que nunca sostengo que la Policía Nacional se presta al juego de Daniel Ortega, pero no nos van a detener, nos vamos a salir hacia Managua quieran o no”, reiteró Beltrán.
Por su parte, Henry Quiñónez, alcalde de Ciudad Antigua, confirmó que el camioncito de la municipalidad en el que iban aproximadamente cincuenta personas que se dirigían a la marcha este martes en Managua fue retenido por los funcionarios del MTI y la Policía y después trasladado con el conductor a la estación policial de esa ciudad.
Quiñónez manifestó que el camión y el conductor fueron retenidos sin ninguna explicación y que aún a las 5:00 p.m. de este lunes ninguno de los dos habían sido liberados.
RETENCIONES
Denis Montano Zúniga, presidente de la Comisión Departamental en Nueva Segovia y miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, al final de la tarde fue detenido por varias horas y luego liberado; sin embargo, la Policía mantuvo retenidos algunos de sus bienes, como su vehículo.
Asimismo, en la entrada al balneario El Menco, kilómetro 84 de la Carretera Panamericana Sur, la Policía bajó de un bus de transporte público a Abraham Lorío, Agustín Ruiz, Antonio Ortiz, Wilfredo Hernández, Fidel Alemán, Juan Barrios y Antonio Barahona.
De acuerdo con una fuente policial, el motivo fue porque presuntamente llevaban dos costales con piedras y otros dos portaban dos cuchillos y los agentes dedujeron que iban a la marcha de hoy.
(Colaboración de Tatiana Rothschuh, Jerónimo Duarte, Alina Lorío y Ramón Villarreal).
REACCIONES A LA MARCHA
Mientras el Grupo Cocibolca, integrado por ocho organizaciones ambientalistas y de sociedad civil, dio a conocer una carta pública en la cual piden al presidente inconstitucional Daniel Ortega se le dé trámite de urgencia a la derogación de la Ley 840 (Ley del Gran Canal), el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Roberto Sansón Caldera, hizo un llamado la tarde de ayer a que tanto la marcha organizada por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía como la Caminata Trabajo y Paz. Unida, Nicaragua Triunfa de simpatizantes del Gobierno, transcurran de forma pacífica, garantizando el derecho constitucional de los ciudadanos de expresarse libremente, así como la obligación de las autoridades policiales de garantizar la protección del derecho a la libre movilización, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos que tiene el pueblo nicaragüense.
NICARAGUA INDEFENSA
La Ley 840 (Ley del Gran Canal), que los campesinos piden sea derogada, representa la entrega ilimitada e incondicionada del territorio nacional al concesionario. Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na y miembro del Grupo Cocibolca, explicó que por ninguna parte la Ley dice qué pasaría si el concesionario le incumple a Nicaragua. “De hecho, las pocas cosas que dice sobre eso son preocupantes, por ejemplo, el claro establecimiento de que al inversionista no se le pueda aplicar sanciones ni civiles ni penales ni administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones”.
