El Gobierno quiso impedir la gran marcha contra el Canal Interoceánico chino por medio de un descomunal operativo de represión, pero le salió el tiro por la culata: el resultado fue que la movilización popular se reprodujo en muchas partes del país y tuvo una mayor dimensión nacional.
La desmesurada represión ejecutada por fuerzas policiales, paramilitares y turbas del régimen orteguista, no pudo impedir la marcha anticanalera y ni siquiera reducir la participación popular en ella. La demostración popular más bien se escenificó en todos los lugares donde la gente fue impedida de salir de sus lugares de origen o detenida en las carreteras.
Ciertamente, lo que hizo el Gobierno fue darle mayor realce y magnitud nacional, y una fuerte resonancia internacional, a una marcha que sus organizadores habían previsto como una concentración y caminata en Managua de delegaciones de distintos lugares del país, en particular de los que serían afectados por la ejecución del proyecto canalero.
Las personas que no pudieron llegar a Managua para participar en la marcha, y los capitalinos que tampoco pudieron movilizarse o fueron intimidados por el monstruoso despliegue de la fuerza represiva del orteguismo, no por eso han cambiado su modo de pensar, ni se han convertido en partidarios del Gobierno y mucho menos que se le hayan sometido. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que han radicalizado su rechazo al proyecto canalero y aumentado su desprecio y repudio al Gobierno. De modo que la estupidez represiva del orteguismo ha fortalecido la fuerza social que hará posible el cambio de régimen en Nicaragua, de la dictadura de Daniel Ortega a la democracia republicana.
De manera que los organizadores de la marcha contra el Canal que se realizó ayer en Managua y se reprodujo en decenas de lugares de todo el país, deben sentirse satisfechos por el éxito que el orteguismo les ayudó a lograr. Ellos seguramente tienen ahora una mayor voluntad para continuar su lucha cívica.
Sin embargo, el reconocimiento de que el resultado de la movilización popular de ayer fue muy exitoso para el Consejo por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, y para la oposición política democrática que lo apoya, no significa aceptar el atropello del régimen al derecho de protesta y manifestación pacífica de los nicaragüenses.
El régimen orteguista no solo debe ser repudiado en Nicaragua, por sus malas acciones, sino también denunciado ante la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos de la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea, por el atropello flagrante que ha cometido contra el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagran el derecho de todos los ciudadanos a la reunión y manifestación pacífica.
La violación de las normas internacionales de derechos humanos es un delito del Estado contra el orden jurídico internacional. Ayer el Gobierno cometió un grosero acto delictivo que no por haber fracasado en su objetivo se debe dejar de denunciar, aquí y en todas partes del mundo.
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