En la portada de LA PRENSA de ayer, martes 3 de noviembre, fueron destacadas dos noticias que retratan la situación contradictoria de Nicaragua, que parece dos países en uno.
Por un lado, se destacó como nota principal la información sobre la situación de violencia creada en el Caribe Norte del país, la cual ha sido calificada como “un polvorín” por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), doctora Vilma Núñez. Por otra parte, también mereció ocupar un sitio de portada la buena noticia de que el jueves de esta semana será inaugurada en Managua la segunda megatienda de PriceSmart, que representa una inversión extranjera directa de 15 millones de dólares. No mucho tiempo antes, el 1 de septiembre, LA PRENSA también informó que en este diciembre se abrirá otra megatienda, esta de la empresa transnacional Walmart, cuya inversión es de 17 millones de dólares.
La apertura de estos dos grandes establecimientos comerciales es una muestra del dinamismo de la economía nacional y significa la creación de más empleos, la ampliación de la oferta de bienes de consumo y el beneficio adicional para los consumidores de la competencia entre esos dos gigantes del comercio minorista.
Esa Nicaragua, de más inversiones extranjeras y emprendimientos nacionales, de nuevos y grandes centros comerciales, de más personas con empleo formal permanente, y, en fin, de mayor impulso al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y al aumento de la prosperidad, es sin dudas de ninguna clase el país que desea la mayoría de los nicaragüenses.
Sin embargo, existe lamentablemente otra Nicaragua: el país polarizado, inestable y conflictivo, el “polvorín” que no quiere ver el poderoso y arrogante sector que detenta el poder y que más bien atiza el fuego de las contradicciones para volverlas irreconciliables.
Cualquier gobernante sensato y comprensivo de que su deber es velar por todos los gobernados, no solo por una parte de ellos, busca cómo apaciguar los ánimos y resolver los conflictos, cuando no es posible evitarlos, por medio del diálogo, la negociación y los acuerdos concertados.
Un gobernante con sentido de responsabilidad y talante de estadista no mandaría a reprimir a los campesinos que protestan contra el proyecto del Canal, sino que respetaría su derecho a manifestarse públicamente, incluso dialogaría con ellos y por lo menos demostraría interés en sus preocupaciones y demandas.
En la región del Caribe Norte, en vez de atentar contra los derechos políticos de los miskitos y de agredirlos con turbas armadas; y en lugar de alentar el avance sobre las tierras ancestrales de las comunidades originarias, por parte de los colonos agrícolas y sobre todo de los explotadores de la madera, lo que haría un buen gobernante es respetar la dignidad de los indígenas, reconocer sus derechos y aplicar las leyes que fueron dictadas precisamente para protegerlos.
Pero la triste realidad es que Nicaragua es un país en el que hay dos categorías de personas: Las que apoyan a Daniel Ortega y merecen por tanto la atención del poder, y las que se oponen a él o simplemente son indiferentes e independientes, y por eso son tratadas como nicaragüenses de segunda clase y vapuleadas por el poder.
