Cargando junto con algunos hombres un cajón cubierto con plástico negro y letreros alrededor, avanzaba Luz Marina Molinares Mendoza en la marcha que ayer sábado realizaron desmovilizados del antiguo Servicio Militar Patriótico (SMP) y del Servicio Militar de Reserva (SMR) en la ciudad de Matagalpa.
En la marcha, los ex “cachorros” —como llamaban a los jóvenes llevados obligatoriamente a la guerra durante el primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los ochenta— exigieron la reglamentación de la Ley 830, la cual fue aprobada hace tres años por la Asamblea Nacional.
Mientras camina, Molinares explica que el cajón que carga le recuerda esa época en la que “a los cachorros así los llevaban a la casa, ya muertos”, como habría ocurrido con su hermano de crianza Cándido José Alvarado Martínez, quien cayó en un combate en Zompopera, departamento de Jinotega, a un mes de concluir los dos años obligatorios del SMP.
DESEMPLEO ENTRE EXCACHORROS
“Ahora está sentado en la silla (presidencial) el comandante (Ortega), pero no se acuerda de nosotros y de las familias de los que cayeron”, expresa la mujer.
“Estamos desempleados”, “muchos ya están muriendo”, “padeciendo enfermedades”, “todavía vivimos en chozas y casas con zinc podrido”, “falta acceso a la educación de nuestros hijos e hijas”, decían los letreros en el cajón.
“No a la persecución política y policial a los dirigentes de las organizaciones de retirados y desmovilizados del SMP y del SMR”, se leía en una de las pancartas que llevaban los excachorros.
EXIGEN REGLAMENTO
Jairo Castellón, delegado departamental de los excachorros de Matagalpa, comentó que la reglamentación de la Ley 830 “es lo que exigimos para la entrega de los beneficios para todos los compañeros combatientes”.
Distintos archivos del Ejército de Nicaragua apuntan que en la década de los ochenta alrededor de 150,000 jóvenes fueron movilizados en el SMP y una cantidad un poco mayor, 175,000, en el SMR.
BURLADOS POR COMISIÓN
En un comunicado leído al final de la marcha, los excachorros mencionan que han sido “engañados” por la Comisión que dirige Raúl Venerio para la reglamentación de la Ley 830, por lo que anunciaron que emprenderán una “lucha de calles” por diferentes puntos del país.
“No estamos dispuestos a seguir permitiendo el abandono en el que estamos, la falta de atención médica especializada de quienes en sus cuerpos cargan aún los charneles de la guerra… a quienes se les niega empleo por su avanzada edad”, refiere en parte el comunicado que leyeron ayer durante la actividad celebrada en Matagalpa.
