“¡Libertad, libertad!”, coreaba un grupo de hombres y mujeres de rostros curtidos y de andar cansado que con pancartas en mano permanecieron por unos minutos frente al edificio Plaza El Sol, sede de la jefatura policial.
El reclamo es por la detención de 16 personas tras los sucesos del 7 de octubre pasado en Chichigalpa, quienes al igual que muchos de los asistentes a la marcha están enfermos de insuficiencia renal crónica .
Llorando, Luvy García rogó —frente a un grupo de policías que impedían acercarse al edificio policial— que liberen a su marido preso, pues tiene seis hijos que mantener.
Ella es una de las familiares que junto con enfermos crónicos reclaman la libertad de los detenidos, pues alegan que no tuvieron que ver con los hechos de violencia que allí ocurrieron.
“Por el amor de Dios, investiguen”, le dicen a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, en una carta leída por María Peña, madre de Mariela Molina, una de las presas. La carta fue recibida por un subinspector que comúnmente es destinado a tomar la lista de los periodistas cuando hay conferencias.
Desde el miércoles de la semana pasada iniciaron una caminata en Chichigalpa hacia la capital para gestionar ante las autoridades la libertad de los detenidos. Ayer fueron acompañados por un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entre ellos el director jurídico, Gonzalo Carrión, quien recordó que estos llevan 31 días detenidos y 18 a la espera de una audiencia inicial, lo cual es ilegal.
“Nosotros nos preguntamos si el Frente Sandinista a través de sus representantes departamentales, como el político Alcides Altamirano, el alcalde Víctor Sevilla y el político Carlos Paiz —quien por cierto estaba en la protesta con nosotros—
¿por qué nos echaron los antimotines a unos viejos enfermos como somos nosotros hasta con hemodiálisis y nos tiran bombas lacrimógenas, bombas de mortero y hasta balas?”, cuestionan familiares y compañeros de organización de los detenidos.
VICEPRESIDENTE DICE NO SABER
E l vicepresidente de la República, Omar Halleslevens, expresó que no conoce a profundidad el caso de los detenidos y que por esto prefería no dar su opinión sobre el tema.
“La situación de estos amigos que se vieron involucrados en algunos actos medio feos, para no ponerle un nombre más duro, en Chichigalpa, yo creo que está en manos de las autoridades, la autoridad competente que es la Policía y que en todo caso sería posteriormente la Fiscalía y la parte judicial”, dijo Halleslevens .
El vicepresidente insistió: “Yo en esos casos, como eso está en manos de una autoridad competente, yo no voy a verter opiniones alrededor de ello. Yo no te voy a dar una opinión desde aquí porque yo no conozco a profundidad”, afirmó.
De forma reiterada los familiares de los presos han asegurado que quienes los organizaron a estos han sido representantes del partido Frente Sandinista.
CUESTIONAN AUTORIDADES
Con un megáfono, uno de los pobladores de Chichigalpa, Noel García, criticó frente a Plaza El Sol que las autoridades no les han dado la oportunidad de probar la inocencia de sus compañeros detenidos. Al tiempo que cuestionó: “¿Por qué
suspenden las audiencias?, en primer lugar ¿por qué sustrajeron a nuestros hermanos desde la ciudad de donde nosotros habitamos? Hay un juez Local, tenemos un juez de Distrito, que es el juez competente… todo eso compañeros nos da en qué pensar”, apuntó García.
