A diez años de aquella dantesca escena en la que “Hunter” y “Oso”, dos perros de raza rottweiler que despedazaban al nicaragüense Natividad Canda Mairena, el hecho debería servir para recalcar la falta de diálogo entre Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con problemáticas en común pendientes de resolver.
El sociólogo Carlos Sandoval recuerda cómo la muerte de Canda “posiblemente ha sido uno de los elementos de mayor tensión alrededor de la migración nicaragüense hacia Costa Rica, que hemos tenido en muchos años (…). En términos de derechos humanos, es bueno recordar el décimo aniversario para que nunca más se produzca algo así”.
Analizando el hecho en perspectiva, según Sandoval, la falta de diálogo bilateral estimulado por otros conflictos como la disputa del humedal fronterizo, ha impedido construir una agenda común que lleve desarrollo a las comunidades fronterizas entre los dos países.
También, faltan esfuerzos conjuntos para una lucha combinada contra la criminalidad y el narcotráfico, y sobre todo; mejorar el entorno de miles de familias nicaragüenses que viven en Costa Rica, una migración que continúa y es la principal víctima de esta cadena de desavenencia entre países vecinos a lo largo de su historia.
“Creo que el centenario (en 2016) de la muerte de (Rubén) Darío, el nicaragüense y centroamericano más universal del siglo XX, y los diez años de la muerte de Natividad, nos podría dar una especie de paraguas para pensar la agenda binacional en otros términos”, sugiere Sandoval.
“No de la bajeza de los seres humanos y más allá de pequeños egos de los políticos, nos podrían dar un idea para que pensemos desde las grandes cualidades y aciertos que estos países han tenido. Es muy importante remarcarlo, es como un llamado al optimismo”, añade.
Efectivamente la muerte de Canda ha sido uno de los acontecimientos que más fricciones han generado a ambos lados del río San Juan. Leopoldo Natividad Canda Mairena, nativo de Chichigalpa, Chinandega, emigró a los diez años a Costa Rica.
Murió a los 25 años, una madrugada del 10 de noviembre de 2005, atacado por los perros en un zacatal ubicado en la parte trasera de un taller y venta de carros en La Lima de Cartago.
En su muerte hubo omisión de auxilio de parte del guarda de seguridad y la policía, según el abogado de la familia del nicaragüense, Luis Fernando Sáenz.
El investigador de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, Gustavo Gatica, recuerda como las fricciones entre los ciudadanos entre ambos países ya eran evidentes en esa época, debido al conflicto fronterizo por el río San Juan.
El 29 de septiembre de ese mismo año, el entonces presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, llevó la disputa por derechos de navegación en el río a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Para el 2005 el parlamento de Costa Rica aprobó una dura ley que castigaba fuertemente a los extranjeros ilegales y le daba mucho poder a la policía migratoria, en un país donde casi el 10% de su población es originaria de otros países, principalmente inmigrantes nicaragüenses; y que su actividad agrícola, construcción y de servicio doméstico descansa en parte sobre familias completas que han llegado desde Nicaragua.
Diversos organismos no gubernamentales la criticaron y el ex presidente Oscar Arias, Premio Nobel de La Paz, quien hacía campaña política para su segundo mandato, la tildó de draconiana.
Un año antes en La Carpio, el asentamiento con más inmigrantes nicaragüenses en Centroamérica, hubo una redada policial contra los extranjeros indocumentados.
Unas 600 personas fueron detenidos una madrugada de mayo mientras de disponían viajar a sus trabajos.
Todo ello fue caldo de cultivo para pleitos internacionales y una ola de xenofobia contra los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, que provocó el asesinato de un inmigrante nicaragüense.
La hostilidad fue tal que no solo los chistes xenófobos circularon en mensajes de texto celular y algunos blogs de internet, la moda de aquel momento; sino que desembocó en el asesinato de José Ariel Silva, quien junto a familiares y amigos fue atacado por una turba de ticos mientras departían en un bar de La Guácima de Alajuela, centro del país.
La trifulca se armó cuando los nicaragüenses reaccionaron molestos por las burlas xenófobas como ladridos de perros. Un juzgado penal de Alajuela condenó a un tico por el asesinado a puñal y en la resolución hubo reprimenda por los actos xenófobos.
“Hay que recordar la lamentable muerte de Canda ocurrió en un contexto en que había fuerte deterioro en las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica. Un ambiente de tanta tensión que lamentablemente generó durante ese periodo de tiempo una exacerbación mutua de los ánimos en ambos lados de la frontera”, recuerda Gatica.
“Condenable en ese momento los ánimos exacerbados, como condenable también fue la pasividad de los policías para evitar de la muerte de una persona, de una vida humana”, añadió.
Después de los hechos de Canda y Silva, Nicaragua denunció a Costa Rica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, por xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses.
Un año después la CIDH declaró inadmisible la denuncia, en la que Managua además alegaba retardación de justicia por la muerte Canda Mairena, un hecho que por la vía penal y civil fue dos veces a juicio en Costa Rica pero la parte demandante, los abogados de la madre del nicaragüense, perdieron ambos procesos. En 2016 habrá un tercer juicio.
En el área migratoria, según Sandoval, es bueno recordar cómo a Nicaragua le hace falta brindar protección a sus connacionales en Costa Rica, porque sigue viendo a sus connacionales como una fuente de ingresos por sus envíos de remesas que sostienen la economía familiar y nacional.
Costa Rica, por su parte, no ha logrado definir políticas migratorias que ayuden a insertarse mejor a esta sociedad a la que aporta con su trabajo; a pesar del esa esfuerzo gubernamental, de las universidades y organizaciones civiles, mucho más visible que la pírrica discusión pública del tema en Nicaragua.
“El estado costarricense no termina de perfilar cual es el tipo de legislación migratoria que debe tener la sociedad costarricense, en diez años hay dos leyes migratorias. La vigente aprobada en 2010, la reformada en 2006 y actualmente hay un proyecto de reforma que está en corriente del legislativa”, señala Sandoval.
“El país que debe analizar y capitalizar más lecciones es Costa Rica. Debe luchar por cada vida humana. La muerte de Canda no tendría que alimentar el odio, sino el respeto mutuo. Valorar más el aporte de la comunidad nicaragüense. Recuperar la memoria y las enseñanzas que pueden dejar, debería ayudar a una mejor integración de los migrantes y mejorar la convivencia aunque es preciso reconocer algunos avances”, añade Gatica.
El investigador le reprocha a Nicaragua que sigue alentando la salida de su activo más importante que son las personas, al no crear oportunidades como empleo formal, generar capacidades en las personas y fomentar la formación académica para evitar la emigración.
“En la medida que el gobierno y las autoridades nicaragüenses no atiendan con prontitud y eficacia la creación de oportunidades, las personas se seguirán yendo y en ese sentido tiene altísima responsabilidad”, señala Gatica.
Los diez años de la muerte de este inmigrante ha pasado desapercibido en Costa Rica. Su caso judicial que volverá a debatirse en los tribunales en 2016, ha estado ausente en los medios de comunicación.
Probablemente el caso de Canda sólo será recordado en este país como la muerte de un indigente atacado por perros que se había metido a robar, y por lo tanto se merecía tal castigo.
Así lo vio la mayoría de la sociedad tica en aquel momento, alentada por los medios de comunicación; molestos por la reacción nicaragüense que vieron como un ser humano perdió la vida sin ser asistido por las autoridades.
