La propuesta de iniciativa de reforma que amplía las detenciones de 48 horas hasta 60 días, previo a la audiencia preliminar bajo discusión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es inconstitucional, coincidieron abogados especialistas en la materia y abogados litigantes.
Según el Derecho Constitucional ninguna norma, Ley, decreto inferior a la Constitución Política puede contravenirla, de lo contrario su aplicación sería nula.
Oscar Castillo, experto en Derecho Constitucional, explicó que en este caso mediante una Ley ordinaria como el Código Procesal Penal (CPP), se pretende reformar el artículo 33, numeral 2.2 de la Constitución, referido al plazo de 48 horas en que una persona detenida debe ser presentada ante un juez competente.
“Este artículo (33) establece como garantía individual del detenido a ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención, si se amplía este término a través del CPP, estás modificando la Constitución y violando derechos y garantías del detenido”, explicó Castillo.
“Además se estarían violando instrumentos internacionales, porque estas garantías se encuentran tuteladas en tratados, convenciones y cartas de derechos humanos suscritas y aceptadas por el Estado de Nicaragua, contenidas en el artículo 46 de la Constitución”, dijo Castillo.
“SECUESTRO”
“Con esta reforma la Fiscalía y la Policía secuestrarán al detenido hasta que estos logren tener mayor elementos para la imputación de un delito, hecho que volvería arbitrario e intimidatorio el proceso de detención”, agregó el catedrático.
El abogado penalista Marlon Aburto expresó que “todo lo que se hable después de las 48 horas es inconstitucional. La Corte puede jugar, manosear el CPP, pero no puede manosear la Constitución”.
Para José Pallais, ex viceministro de Gobernación, esta intención del Gobierno no solo violentará los derechos humanos, sino que rompería con todo el avance que se hizo en el Derecho Penal cuando se introdujo el sistema acusatorio.
“Será la represión descarada y descarnada, pues la reforma al CPP será un complemento a la Ley de Seguridad Soberana (SS), porque la SS va a investigar, va a determinar quiénes son un riesgo o una amenaza, no para la soberanía del país, sino para el régimen, para el poder y a través de la reforma va a tener facultad de encarcelarlo, entre 45 y 60 días”, sostuvo Pallais.
El especialista en temas de Seguridad, Roberto Orozco, consideró que esto indica que “el régimen se está preparando para enfrentar con todo el poder una posible crisis generalizada”.
Orozco coincide con Pallais en cuanto a que tanto las reformas como la Ley de Seguridad Soberana (SS) buscan recrudecer las medidas penales ante cualquier crisis política, lo que dejará a la población “en una total indefensión frente al Estado”.
En el mismo sentido, el abogado penalista Álvaro García calificó de “gravísima” la pretendida reforma al darle facultades al juez para autorizar una ampliación de la investigación antes de la audiencia preliminar, porque para casos complejos el CPP ya contempla la tramitación compleja de las causas, que duplica los términos procesales para dar tiempo a la Policía a que siga investigando.
“Corremos riesgo todos, porque ahora por una sospecha te pueden detener hasta sesenta días sin haber iniciado un proceso. Es una violación a derechos humanos llevar a personas a la cárcel sin tener pruebas contra ella”, dijo García.
Según el abogado, con la reforma se da por hecho la retardación de justicia y se cae la celeridad procesal: “Lo que veo es que pretenden legalizar o institucionalizar lo que la Policía ha venido haciendo de hecho en casos de relevancia social, como Mina El Limón, Chichigalpa y otros”.
INEFICIENCIA
Para la exfiscal Silvia Sánchez, esta propuesta de concederle más tiempo a la Policía para investigar y a la Fiscalía para acusar, lo que demuestra es la ineficiencia e incapacidad de ambas instituciones para acusar en el tiempo establecido en la Constitución.
“Entonces, ahora no tenemos la mejor Policía del mundo. Lo que demuestra esa reforma es que los investigadores son ineficientes, las directrices de la Fiscalía son ineficientes y que no hay recursos humanos ni tecnológicos para cumplir investigaciones serias y contundentes en plazo determinado”, recalcó Sánchez.
(Colaboración de Elízabeth Romero).
