La falta de transparencia en el sector energético en Centroamérica no solo afecta los recursos del Estado, sino también la calidad de vida de los consumidores, opinaron expertos de la región.
En Nicaragua el fenómeno se refleja cuando empresas ligadas al presidente inconstitucional Daniel Ortega fungen como “juez y parte” en el negocio, explicó Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt.
Campos, quien participó en el Foro Regional Sobre los Desafíos de la Energía Sostenible en Centroamérica, que se realizó la semana pasada en San José , Costa Rica, dijo que parte de la corrupción en el tema energético en Nicaragua se percibe en que no hay una reducción significativa en la tarifa eléctrica pese a la caída del precio del petróleo y al aumento de las inversiones en energías renovables.
“No hay que tener demasiada información para darse cuenta que alguien se está quedando con una tajada importante, con una ganancia encima de los límites” observó.
“Hay gente vinculada al Gobierno que está involucrada en la generación y distribución de la energía eléctrica, entonces (nohay interés en) ninguna baja en ese sentido”, dijo Campos.
“Eso (la corrupción) está obstaculizando que haya esa baja que daría un impulso a la economía del país. Yo creo que hay una distorsión en el mercado de la energía que no permite que lleguen los beneficios a los consumidores, ¿quién se está quedando con esa plata? Todo mundo sabe que los círculos de poder que están en el partido del Gobierno”, indicó Campos.
PROBLEMAS EN LA REGIÓN
Mientras tanto en Guatemala y El Salvador estudios realizados revelaron que los préstamos externos que se realizan con respaldo de los gobiernos no se invierten en obras, sino en subsidios y gastos corrientes.
La economista Lourdes Molina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales de Guatemala, explicó que el gasto público de la energía es necesario que sea sujeto de transparencia, pero mientras un Estado no rinda cuentas se crea suspicacia.
“Porque al final son recursos nuestros, pero realmente la corrupción está muy arraigada en la sociedad y si la ciudadanía no se involucra, difícilmente se va a poder conocer si los montos de inversión son transparentes”, observó Molina.
“Nosotros hemos realizado una investigación entre la política fiscal y la energía renovable en El Salvador y Guatemala y la mayor parte del gasto público está destinado al subsidio, las inversiones en energía renovable siguen siendo mínimas”, sostuvo Molina.
En la región el país con menos avances y transparencia en energía renovable es Honduras, según Aníbal Osorto, director operativo de la Asociación Hondureña para el Desarrollo.
“El problema de la corrupción en este país está dividido, por un lado los empresarios que quieren acaparar proyectos de energía renovable y por otra parte el Gobierno que no quiere dar paso a nuevos proyectos que no sean de combustibles fósiles”, expresó.
“La empresa privada es la que más invierte en energía renovables, eso nos indica que hay un beneficio económico considerable y por eso están monopolizando el mercado de la energía”, dijo el experto hondureño.
DISCRECIONALIDAD
Sonia Wheelock, de la organización Hivos, indicó que un problema en el programa Energía Sostenible para Todos (acceso a energía, sostenibilidad y renovables), es que el Gobierno de Nicaragua ha mantenido una política de discrecionalidad que ha afectado el desarrollo de la iniciativa.
“Se ha venido centralizando la toma de decisiones en la Presidencia de la República, eso ha afectado la implementación y la puesta en marcha de diferentes iniciativas, particularmente en la estrategia SE4ALL (Energía para Todos), nosotros hemos visto una actitud cerrada de las instituciones del Gobierno en cuanto al manejo de la información, en cuanto a echar a andar la iniciativa y en el proceso de planificación”, agregó Wheelock.
