Por su propia naturaleza un canal debe ser viable no solo para la navegación, sino también en relación con el medioambiente, el entorno social, la economía y la sanidad política del país. Pero estos requisitos indispensables no los reúne el proyectado canal chino en Nicaragua según el criterio de los científicos y expertos.
La semana pasada, un panel de la comunidad científica nacional e internacional analizó en Managua, durante dos días, el Estudio de Impacto Ambiental y Social del Canal interoceánico elaborado por la firma británica ERM y pagado por la empresa china HKND. Los científicos ya habían cuestionado la viabilidad del Canal y al conocer el estudio de ERM prácticamente confirmaron su dictamen.
Sobre la repercusión social del proyecto canalero advirtieron que “No está cuantificado el costo de los impactos sociales. No está cuantificado el costo de las medidas de mitigación. No existe la cuantificación de las personas afectadas”. Y en cuanto a la biodiversidad, los científicos y expertos previenen que “el impacto que se señala es irreversible, enorme, inaceptable para un país cuya naturaleza es su mayor riqueza”. Y añaden que “Da la impresión como que el proyecto nada tiene que ver con la parte marina, siendo un proyecto acuático”.
El Gobierno de Nicaragua debería de atender las preocupaciones y recomendaciones de los científicos y expertos, quienes confirman y amplían las dudas que el mismo estudio de ERM presenta sobre los riesgos del proyecto canalero. El Gobierno tiene que escuchar a los científicos independientes, atender sus preocupaciones y advertencias, y si fuese necesario, desistir del proyecto canalero para lo cual todavía hay tiempo. Los intereses de Nicaragua, incluyendo la soberanía nacional que ha sido mancillada por las condiciones leoninas establecidas en la Ley del Canal Interoceánico, deben ponerse encima de ambiciones particulares y proyectos fantasiosos que podrían causar daños catastróficos e irreparables al país.
El Grupo Cocibolca, coalición de organizaciones ambientalistas y científicas nicaragüenses que en octubre pasado denunciaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, “los riesgos y afectaciones a los recursos hídricos del país” que implica el proyecto canalero, le enviaron también una carta a Daniel Ortega en la que tratan de hacerle ver que aún es tiempo de cancelar la concesión canalera y “buscar alternativas para el desarrollo sostenible e inclusivo del país”.
En realidad, el problema no radica en estar a favor o en contra del Canal, ni en querer o menospreciar los supuestos grandes beneficios económicos que dicha obra podría reportar para Nicaragua en el futuro. La cuestión es que si la construcción del Canal resultaría mucho más perjudicial que beneficiosa para el país, lo sensato sería desistir del proyecto. Y con mayor razón habría que hacerlo, considerando que se ha hipotecado la soberanía nacional mediante una concesión canalera cuyas condiciones avergonzarían a los peores vendepatria de la historia nacional que fueron fustigados por Sandino.
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