Que existan 1,500 cubanos varados en la frontera sur de Nicaragua debido a la renuencia de este país de otorgar visa de tránsito para que puedan llegar a territorio estadounidense. Además, Nicaragua acusa a Costa Rica de crear la crisis humanitaria y vulnerar su soberanía, pero lo cierto es que el conflicto no es un tema de soberanía, sino de respeto a los derechos humanos.
El diputado oficialista y encargado de las relaciones internacionales del FSLN, Jacinto Suárez, declaró que el uso del ejército para reprimir a los cubanos era correcto porque ellos pretendían violar nuestra soberanía al ingresar de forma irregular. Es importante aclararle al diputado que una persona migrante no puede violar la soberanía de un país, en todo caso, la infracción normativa de un ciudadano extranjero por su ingreso irregular tiene consecuencias jurídicas pero no vulnera la soberanía.
La violación soberana implica atentar contra los elementos constitutivos del Estado, es decir, la población, el territorio y su ordenamiento jurídico. Pero además, requiere que ese menoscabo se realice por otro Estado, dicho esto, se puede afirmar que financiar una guerrilla para derrocar un gobierno y ocupar militarmente un territorio con violación a la Carta de Naciones Unidas constituyen una violación a la soberanía y al mismo tiempo configuran un crimen de agresión. Asimismo, atacar a la población civil, puede violar la soberanía nacional de un Estado y constituir genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Esos son ejemplos de violación a la soberanía y no el imaginario del diputado.
En igual sentido, hay que tener presente que la migración cubana tiene una dimensión dual, por una parte la crisis económica de la isla y por otra, la falta de libertades públicas elementales en el régimen castrista (migración forzada). Esa situación, genera una especial obligación para los demás estados en relación con el derecho humano al asilo y/o refugio. Por el contrario, la obstaculización en el derecho humano a libre tránsito (no tienen pretensión de quedarse) no solo convierte a Nicaragua en violador de sus derechos humanos, sino en cómplice de la persecución política del régimen castrista, quien los considera traidores.
El planteamiento costarricense de establecer un corredor humanitario que les permita llegar a su destino final es acertado al considerar la dimensión humana del problema, evitando que sean nuevamente víctimas de delitos, al procurar la reunificación familiar y permitirles establecerse lejos del ambiente de represión que han vivido. Es justamente por esa política estatal de promoción y protección a los derechos humanos que Costa Rica es sede desde hace casi cuatro décadas de uno de los principales órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos en el mundo, mientras nosotros aún nos debatimos cómo deben contarse los votos.
En los últimos 15 años el principal eje de desarrollo del Derecho Internacional ha sido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que implica poner al centro del debate de la comunidad internacional a la persona humana. Es más, el mismo Daniel Ortega en noviembre del 2012, cuando la CIJ emitió la sentencia contra Colombia, brindó declaraciones vanguardistas desde esta lógica internacional, al excluir de restricciones soberanas las actividades cotidianas de los residentes de San Andrés (en razón del enclave territorial) fundamentado en buena medida en la identidad cultural con los pobladores del Caribe centroamericano.
Esa es la misma lógica que ha desplazado la asistencia consular de una prerrogativa estatal a un derecho humano, mismo que no ha tenido interés en activar la representación diplomática cubana en nuestro país. No debemos sumarnos al debate sobre este tema reproduciendo el trasnochado discurso soberano del régimen, eso nos convertiría en cómplices de la persecución política que sigue sufriendo este grupo de cubanos.
El autor es maestro en Derechos Humanos.