La nueva Ley de Seguridad Soberana que sustituirá a la Ley de Seguridad Democrática, que está vigente desde finales de 2010, será aprobada el próximo 3 de diciembre, según se conoció en fuentes parlamentarias.
En la situación política de Nicaragua el mero cambio de nombre de esta Ley es muy significativo. Daniel Ortega es alérgico a la democracia y al concepto democrático. Prefiere el adjetivo soberano, porque se asocia a la idea de un rey todopoderoso y autocrático. Pero además Ortega no entiende la soberanía como el derecho del pueblo a autogobernarse democráticamente, sino como la potestad del gobernante para disponer a su gusto y capricho sobre la vida de las personas y el destino de la nación.
Por otra parte, es obvio que el objeto de la nueva Ley de Seguridad Soberana es legalizar la política estatal de represión que se viene aplicando de hecho por medio del atropello de las normas del debido proceso, la retención de personas detenidas sin someterlas a la jurisdicción correspondiente en el plazo que manda la Constitución, la práctica de torturas físicas y sicológicas en los centros de detención preventiva, etc.
Se puede asegurar que la nueva Ley de Seguridad es una típica “institución extractiva”, en el sentido que los autores del libro Por qué fracasan los países definen a las instituciones políticas y económicas que causan la ruina de las naciones. Precisamente en esta semana, uno de los autores de dicho libro, el académico británico James Robinson (el otro es el turco Daron Acemoglu), presentó en Managua ese libro en el cual definen como instituciones inclusivas a las que garantizan seguridad de la propiedad privada, justicia imparcial y libertad individual, entre otros rasgos virtuosos; en tanto que por instituciones extractivas entienden a las de aquellos países donde una élite toma el poder político y lo usa abusivamente para extraer rentas y privilegios en beneficio del grupo gobernante. Advierten también los autores mencionados, que las instituciones extractivas tienden a perpetuarse y —según agregamos nosotros— lo hacen por medio de la fuerza, o la reelección continua y el fraude electoral como es el caso representativo de Nicaragua.
Ciertamente, la nueva Ley de Seguridad Soberana que será aprobada la próxima semana viene a ser otro instrumento legal de represión, que se agregará a la armazón institucional extractiva que Daniel Ortega y sus adláteres han venido construyendo con una obsesiva dedicación propia de los regímenes totalitarios.
Cabe mencionar con respecto a la nueva Ley de Seguridad Soberana, que al único organismo independiente y ajeno al sistema estatal de coerción y represión que consultaron los diputados oficialistas, fue el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quizás porque en la concepción orteguista del poder la seguridad del Estado tiene mucho que ver con el clima de negocios.
Pero los juristas independientes, los organismos de la sociedad civil especializados en seguridad pública y las organizaciones de defensores de los derechos humanos, que podían aportar su visión democrática y crítica del proyecto de ley, fueron ignorados olímpicamente por los legisladores orteguistas.
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