Según cifras oficiales, entre enero y octubre del año en curso son más de veinte mil los cubanos que abandonaron legalmente su país para trasladarse al Ecuador, en rumbo hacia los Estados Unidos.
Si los cubanos reprimidos por el gobierno de Ortega el 15 de noviembre fueron aproximadamente dos mil, quiere decir que más del ochenta por ciento del total de cubanos que emigraron este año a través del Ecuador, pasaron a través de Nicaragua. Dieciocho mil o más cubanos, en promedio más de cincuenta por día, habían transitado sin problemas por Nicaragua diariamente.
Aún siguen sin explicarse suficientemente las causas que condujeron a que de pronto el goteo migratorio cubano se convirtiera en un verdadero torrente. Pero es el caso que, como ha sido destacado en muchas noticias y análisis, independientemente de las causas de ese torrente, incluyendo la alegada falta de comunicación entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, no se justifica de ninguna manera la actitud represiva con la cual el gobierno de Ortega ha enfrentado el problema.
Menos aún se justifica la posición oficial sostenida por el gobierno de Ortega en la reunión de esta semana del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en que obstruyó totalmente el esfuerzo regional para encontrar solución a un problema que tiene un nítido carácter humanitario.
En esa reunión, Ortega entregó un documento oficializando la posición de su gobierno y justificó la misma responsabilizando al gobierno de Costa Rica de utilizar la crisis “para legitimar la llamada Ley de Ajuste y la Política de Pies Secos/Pies Mojados, que los Estados Unidos de Norteamérica diseñaron y mantienen como parte del bloqueo contra Cuba…” Es decir, el gobierno de Ortega utilizó a los migrantes cubanos y les reprimió para llamar la atención sobre un tema, la Ley de Ajuste de 1966, que debe formar parte, y con seguridad forma parte, del proceso de negociaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Mientras por un lado Ortega alega derechos de soberanía para reprimir a los cubanos, por el otro subordina la política exterior a los intereses del gobierno de Cuba y, muy probable por la posición sostenida por ese gobierno, sin que ni siquiera se lo hayan pedido.
Pero hay otro ángulo de la posición del gobierno de Ortega que resulta en una confesión involuntaria de su fracaso en la lucha contra la pobreza. En el documento distribuido, al reclamar para los migrantes nicaragüenses y centroamericanos hacia Estados Unidos el mismo tratamiento que a los cubanos, claramente señala que buscan “alejarse de la tragedia de la pobreza”. ¿En qué quedamos entonces? El discurso oficial reclama grandes avances en la lucha contra la pobreza, mientras la posición contra los migrantes cubanos se justifica alegando la severa persistencia de la misma.
En los estudios de población humana (demografía) las causas y orientaciones de las corrientes migratorias se explican por “factores de expulsión” y “factores de atracción”. Las personas emigran hacia países dónde encuentran lo que no tienen en sus países. En condiciones extraordinarias, como las del Oriente Medio actualmente y las de Nicaragua en los ochenta, la migración se explica fundamentalmente por razones bélicas. En condiciones normales, como las actuales de Nicaragua, por razones económicas.
Los voceros del gobierno orteguista dirán que diez años de gobierno, que pronto se cumplirán, no son suficientes para erradicar la causas de la emigración de nicaragüenses, pero lo que no podrán explicar jamás es que después de diez años el torrente de emigrantes sea mayor como lo demuestran las colas que se forman en el consulado tico.
Ortega, en vez de permitir que su resorte emocional contra los ticos se le dispare, como ocurrió el 15 de noviembre, debería preguntarse qué podemos hacer para convertir a Nicaragua en un país de atracción de migrantes, como Costa Rica. Los nicaragüenses sí sabemos la respuesta, y también sabemos que con Ortega en el poder, jamás lo vamos a lograr.
El autor fue candidato a la vicepresidencia de la república.
