En los últimos dos años el gobierno de Daniel Ortega logró adaptar las cuestionadas reformas constitucionales a las principales leyes del país, entre ellas las instituciones armadas —Ejército y Policía—, completando un engranaje de concentración de poder en el ejecutivo, según análisis de políticos y juristas.
Sin embargo, para eso el orteguismo tuvo que convertir la Asamblea Nacional en una entidad sumisa, que no ejerce su función de contrapeso del poder.
Los mismos diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han expresado que su única función es aprobar las leyes que manda el ejecutivo.
La sumisión de los diputados orteguistas se ha ganado críticas tan severas como la de Gabriel Álvarez, jurista y especialista en Derecho Constitucional, quien opina que “la Asamblea es un cero a la izquierda” en este gobierno.
“Todos sus procedimientos son de urgencia, no discute nada, la bancada oficialista no discute con la oposición, más bien se arregla fuera de la Asamblea, el presidente ni siquiera llega y más bien manda a cualquier ministro”, expresó.
Mientras no haya una institución que ejerza un rol de contrapeso de los otros poderes del Estado, para Álvarez eso implica que no existe un parlamento en el país.
“Si la Asamblea Nacional desapareciera en este momento, no hubiese ningún cambio, sería igualito todo, el presidente seguiría haciendo lo que hace”, dijo Álvarez.
¿Y LOS DEBATES?
El exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, valora que “el trabajo de la Asamblea Nacional es servir de contralor, de carácter político, sobre las actividades del poder ejecutivo”.
“Es decir, en el juego de pesos y contrapesos, la Asamblea Nacional representa a la nación”, dijo.Sin embargo, a la actual Asamblea Nacional, López la define como “una máquina de fabricar leyes”.
“El trabajo realizado por la Asamblea Nacional, los actuales diputados lo miden en el número de leyes aprobadas, muchas de ellas son reformas a leyes que ya habían sido aprobadas”, expresó.
“Creo que la actual Asamblea Nacional se ha convertido en una prolongación de la voluntad del poder ejecutivo, esto significa que se dedica a aprobar las leyes que envía directamente el poder ejecutivo o que otros poderes del Estado le envían, lo que ya previamente ha sido consensuado en los círculos de poder”, opinó el analista político.
La comandante guerrillera y disidente del FSLN, Dora María Téllez, opina que el trabajo de los diputados es representar al pueblo; sin embargo, lo que hacen los diputados orteguistas “es representar los intereses económicos de Ortega y (la primera dama Rosario) Murillo”.
El exdiputado José Pallais también es categórico al afirmar que “los diputados orteguistas han renunciado al derecho de someter iniciativas y los diputados de la oposición que se atreven a someter iniciativas son rechazados, no se permite que avancen”.
“El único que mete iniciativas es el Gobierno y los diputado orteguistas rápidamente las aprueban”, expresó Pallais.
Este año, en diferentes momentos, dos leyes —la Ley del Buró de Convenciones y la Ley creadora del Instituto y Estudios para el Desarrollo Rural de Nicaragua— fueron vetadas totalmente por el ejecutivo. Ambas iniciativas surgieron de forma independiente de parte de los diputados orteguistas. Cuando fueron vetadas, ni un solo diputado se opuso, aunque tenían la facultad y los votos para hacerlo. De esa manera quedó claro que “el único que propone leyes en este gobierno es Ortega y su esposa”, según la interpretación de Pallais.
DIPUTADOS DISCIPLINADOS
El FSLN logró ampliar su número de diputados en el parlamento en los comicios presidenciales de 2011.
Este proceso electoral se caracterizó por las irregularidades, las evidencias de fraude, el control de la estructural electoral en las manos del orteguismo, mientras los magistrados al frente del Consejo Supremo Electoral (CSE) permitieron cambios descarados de resultados desde las actas, no se dejó votar a ciudadanos y aparecían “votando” personas muertas, según las pruebas recopiladas durante el proceso.
Desde entonces, el presidente inconstitucional Daniel Ortega logró controlar el poder legislativo con los votos de más de 60 disciplinados diputados (de 90 totales), para quienes es impensable votar en contra de las propuestas del ejecutivo, aunque eso implique contradecirse ellos mismos.