La situación de violencia a la que están expuestos indígenas de varias de las comunidades en Li Aubra, Río Coco Arriba, Waspam, en su demanda por el saneamiento de su territorio, llevará a organismos de derechos humanos a solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para su protección.
La presidenta del Centro Por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Lottie Cunningham, coordina con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) a fin de solicitar ante la CIDH una extensión de las medidas cautelares otorgadas a cuatro comunidades del territorio de Wangki Twi Tasba Raya, el pasado 15 de octubre.
A criterio de la presidenta de Cejudhcan, entre las comunidades de Li Aubra que están más expuestas por la violencia son: La Esperanza, Santa Fe, San Jerónimo, San Alberto, Klisnap y Polo Paiwas, este último fue donde los colonos quemaron 17 casas.
Las comunidades a las que la CIDH otorgó medidas cautelares el 15 de octubre fueron La Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, donde habitan unas 1,500 personas.
Pese a que Cejudhcan dirigió una carta al canciller de la República, Samuel Santos, a fin de que él nombrara la institución competente para coordinar con los beneficiaros las acciones concretas, que permitan implementar las medidas cautelares, hasta ahora “ha habido un silencio de parte del Estado”.
“Para nosotros, el Estado de Nicaragua continúa omitiendo su responsabilidad y obligación, no ha visto con seriedad la situación”, afirmó Cunningham.
¿HAY REPRESALIAS?
Lottie Cunningham expresó que, por ejemplo, en Francia Sirpi, una de las cuatro comunidades del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, donde la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la población, el Estado retiró el programa de alimentación para los escolares, pese a que allí han mantenido las clases.
“La comunidad siente que en lugar de apoyarles, el poco beneficio que tenían se los vienen quitando”, señala Cunningham, quien indicó que la Policía tampoco ha investigado las amenazas denunciadas por promotores de esa organización.
PROBLEMA DE PROPIEDAD
El 27 de noviembre el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, consideró que la violencia que viven comunidades del Atlántico Norte, en especial la de Waspam, entre colonos y miskitos, es un problema de propiedad “que debe ser arreglado entre las partes”. El jefe militar aconsejó que en la solución de ese problema de los territorios indígenas debe prevalecer el diálogo, pues a su criterio no es por la vía de la fuerza que será resuelto. Esto fue criticado por el líder de Yatama, Brooklyn Rivera, quien recordó que el reclamo es por el saneamiento.