Los empresarios Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga esperarán en prisión la realización del juicio oral y público que el Ministerio Público lleva contra ambos por supuesta estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado.
“Los perdono de corazón. Dios se encargará de lo que han hecho. Estoy viviendo de la caridad pública, de mi hijas y de mis vecinos, porque puse todo mi dinero a este par de ladrones y léperos”, fueron las palabras que entre sollozos dijo ayer Alberto Evans, de 82 años, una de las 17 víctimas en el caso.
El juez Octavio Rothschuh los envió a la cárcel después de escuchar la petición de Evans y otras víctimas más, que tomaron ayer la palabra durante la audiencia especial para cambio de medida cautelar, solicitada por el Ministerio Público. Desde mayo de este año las defensas de las víctimas han solicitado cambio de medida cautelar.
Las personas que se identifican como víctimas en el caso han esperado pacientemente por dos años a que los acusados les devuelvan su dinero, sin respuesta positiva a su demanda, por eso el Ministerio Público solicitó ayer cambiarlos de arresto domiciliar a prisión preventiva.
OFRECIERON PROPIEDADES HIPOTECADAS
“En más de diez ocasiones nos reunimos con los acusados y las víctimas para escuchar propuestas de cómo iban a resarcir el daño o pagarles, pero en vista de que ni una de las propuestas fue seria, pues todas las propiedades que ofrecían en pago están hipotecadas, no hubo acuerdo y por eso el Ministerio Público pidió audiencia especial para cambio de medida cautelar”, dijo la fiscal Grethel Hernández.
Además, dijo la fiscal que desde el 6 de diciembre de 2013 los acusados gozan de arresto domiciliar, “haciendo negocios desde su casa”, mientras las víctimas además de perder su patrimonio también perdieron su tiempo esperando arreglos, sin que “los acusados muestren ni el menor interés”.
Hernández también argumentó para el cambio de medida a los detenidos, el hecho grave, el estado de salud de las víctimas que han sido operadas y hospitalizadas por la situación de estrés en que se encuentran y el peligro de evasión de la justicia.
“Recordemos que el 29 de diciembre de 2013, Roberto Bendaña, acusado en esta misma causa, burló a la Policía Nacional y a la justicia de Nicaragua y se fugó”, dijo la fiscal.
NO TIENE DINERO
Juan Manuel Guerrero, abogado defensor de Álvaro Montealegre, confirmó que en varias ocasiones se reunieron con las víctimas en la Fiscalía, pero que su representado ofrecía pagar de acuerdo con sus posibilidades y capacidad de pago, pero las víctimas no fueron “condescendientes”.
“En mi posición creo que no hubo ningún crimen. Ellos (las supuestas víctimas) hicieron una inversión, a muchos de ellos ni los conocía. En el juicio se verá. Yo acataré la decisión del juez, porque es una persona recta, ha visto todos los elementos del juicio”, dijo Montealegre.
Hugo Paguaga reiteró que no recibió ninguna citación para audiencia, pero el juez dijo que el Sistema Nicarao de los juzgados lo contradice, porque sí aparece su citación y la de los abogados.
Aún no hay fecha para juicio.
HECHOS ACUSADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
La acusación por estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado es el resultado de la investigación de la denuncia interpuesta por las monjas de la congregación Teresiana, quienes señalaron a los acusados de ser los responsables directos de la estafa agravada por el monto de US$526,000 por depósitos realizados en julio de 2009 en la empresa Internacional Investments and Financial Services, Inc.
Según Álvaro Montealegre, esta cuenta ya fue pagada. Sin embargo, al caso se han sumado 16 víctimas más
Según la acusación, la empresa en mención era presidida por Roberto Bendaña. El tesorero era Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga, gerente general.
La empresa funcionaba captando capital de particulares para invertirlo en negocios de diferentes giros y a cambio ofrecían certificados de depósitos con intereses de hasta el ocho por ciento, según las víctimas. La empresa fue creada en Panamá y autorizada supuestamente para operar en cualquier país.
El contrato de inversión nunca existió con las formalidades del Código Civil y Código de Comercio de Nicaragua, según la Fiscalía.
