La Ley de Seguridad Soberana (Ley SS) fue aprobada ayer en su totalidad con algunas modificaciones en la redacción, en una aprobación que se decidió hacer por capítulo, no por artículo, en la Asamblea Nacional controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Roberto Orozco, consultor en temas de seguridad ciudadana y crimen organizado, afirmó a LA PRENSA que con la aprobación de esta Ley “viene mayor represión política” con la preeminencia del Ejército que coordinará a todas las instituciones del Estado, a través del Sistema Nacional de Seguridad Soberana y por delegación del ejecutivo, según establece el artículo 9 de la Ley SS.
Tanto Orozco como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) reiteraron su preocupación por el papel que le corresponderá al ejército, a través de la Dirección de Información para la Defensa (DID).
Desde el 12 de octubre que fue introducida a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional —por el presidente inconstitucional Daniel Ortega—, la Ley SS fue motivo de cuestionamientos y preocupación por considerarla un retroceso a órganos de represión como la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) durante la dictadura de la familia Somoza (1934-1979) y la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) en la década de los ochenta, bajo el primer régimen del FSLN.
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PROTESTAS SERÁN CONSIDERADAS AMENAZAS
Orozco afirma que con la aprobación de la Ley SS se suspenden por la vía de hecho las garantías constitucionales y los derechos básicos de los nicaragüenses, pues representa la aplicación de “un bozal” tanto para los medios de comunicación, como para los ciudadanos que hacen uso de su derecho a protestar.
“¿Qué va a pasar? Que toda protesta en la que un ciudadano participe puede ser considerada una amenaza y los líderes pueden ser procesados sin ningún tipo de garantías, porque las garantías van a estar suspendidas, porque aquí el bien jurídico superior que busca la Ley es la estabilidad del Gobierno”, manifestó Orozco.
DISCRECIONALIDADY AMBIGÜEDAD
La directora del Ieepp, Elvira Cuadra, considera que el peligro para la ciudadanía está en los artículos referidos a las amenazas y a los riesgos a la Seguridad Soberana, donde “hay ventanas de discrecionalidad y ambigüedad abiertas”, que según Cuadra, puede afectar a los ciudadanos tanto en términos individuales como a nivel colectivo, toda vez que ellos (Ejército y Gobierno) consideren a un ciudadano o un grupo de personas una amenaza o riesgo a la estabilidad del país y sin ofrecer mayores argumentos podrían ser objeto de investigación.
OBSERVACIÓN DEL COSEP
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), única institución no gubernamental que participó en la consulta que se realizó en la Asamblea Nacional durante el proceso de Ley, observó el 11 de noviembre que la Ley SS dejaba los riesgos y amenazas “abiertos a alguna interpretación, como que puede ser cualquier cosa”, sugiriendo redactar mejor esos aspectos para que “aquí no deje el mínimo margen a la discrecionalidad”, dijo el asesor legal del Cosep, Freddy Blandón, durante la consulta en la Asamblea.
Los diputados sandinistas, quienes controlan el legislativo, no permitieron consultar a instituciones y especialistas independientes en materia de seguridad. La consulta se realizó solo con instituciones públicas y el Cosep.
TRES MOCIONES A LA LEY
Durante la aprobación particular, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, hizo tres mociones o modificaciones a la Ley y explicó que eran en correspondencia con las sugerencias del Cosep.
Sin embargo, las mociones no cambiaron las ambigüedades que señaló el Cosep en la consulta.
Los cambios propuestos por el diputado Castro fueron para detallar los factores de amenaza y riesgos a la seguridad soberana, agregando que pueden ser “naturales o humanas” y también agregó “actividades ilícitas”.
Tanto el diputado Castro como otros funcionarios del Gobierno de Ortega, niegan que esta Ley sea represiva y en cambio insisten en que es para la “seguridad nacional, soberana de las personas, familias y comunidad”. “Es una seguridad que engloba la seguridad alimentaria, la seguridad agropecuaria, la seguridad ambiental”, ha detallado Castro.
También los oficialistas se han centrado en señalar que esta Ley es novedosa porque incorpora como amenazas: el delito cibernético, los fenómenos naturales y las maras o pandillas regionales, como lo ha dicho el vicepresidente de la República, general en retiro Moisés Omar Halleslevens.
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COSEP: AUNQUE SEA PEROGRULLO SE APROBÓ
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que han leído las mociones a la Ley de Seguridad Soberana y aunque sean verdades de perogrullo (dicho que significa que es tan sabido que es tonto decirlo), se aprobó tal y como ellos lo solicitaron. Este comentario fue en alusión a lo que había dicho el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, sobre las observaciones del Cosep.
“Queda claro que es prohibido transgredir los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Nicaragua y aquellos reconocidos en instrumentos internacionales de los que el país forma parte”, expresó Aguerri al ser consultado sobre la aprobación de la Ley SS.
Para Aguerri, ese tipo de situaciones que quedan de manera completa y no abiertas a la interpretación es lo que, sostiene, buscaban.
“En este caso Cosep hizo un aporte desde la visión del sector privado hacia la sociedad civil que vela por el clima de negocios y afortunadamente persisten, creo que dentro de un escenario de un mundo real se logró avanzar lo más posible, lo ideal no es eso, pero aquí volvemos otra vez a la diferencia entre el mundo real e ideal”, dijo el representante gremial.
