Los adversarios del presidente Nicolás Maduro lograron revertir el 6 de diciembre la mayoría abrumadora de la que disfrutó durante más de 17 años el gobernante partido socialista, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, y a sus herederos políticos no le queda otra alternativa que lidiar con un congreso que puede imponerle controles y frenar su avance para convertir Venezuela en un estado socialista.
Cuando restan por totalizarse menos del 4 % de los votos, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela suma 46 escaños de 167, con lo que a partir de la juramentación de los nuevos legisladores el próximo 5 de enero, inevitablemente quedarán invalidados para realizar cambios sustanciales en leyes fundamentales, acumular cada vez más poder y nombrar miembros de otros poderes, como Chávez y luego Maduro hicieron sin obstáculos desde 1999.
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La Constitución requiere al menos 112 escaños para aprobar leyes fundamentales y designar a miembros de los poderes públicos — entre ellos el fiscal general, los miembros del Tribunal Supremo y las autoridades electorales.
Su superioridad en cuanto a número de legisladores en la Asamblea Nacional, le permitió a Chávez durante sus casi 15 años de mandato, y luego a Maduro —su heredero político y elegido por un estrecho margen en abril del 2013 — poblar de aliados los poderes públicos y a acumular cada vez mayor poder.
Un escenario con una inflación de tres dígitos, un auge de la criminalidad que agobia a los venezolanos y escasez generalizada de alimentos y otros bienes básicos parece haber sido determinante a la hora de minar el apoyo a los candidatos oficialistas tal y como se esperaba.
Desde el 2006, los venezolanos enfrentan problemas de desabastecimiento, pero la situación se agravó en los últimos dos años coincidiendo con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos en divisas del gobierno. La escasez se ha agudizado debido a que el gobierno redujo la venta de divisas oficiales, lo que impidió a muchas empresas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.
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Venezuela tiene una fuerte dependencia de las importaciones, que suponen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen en el país.
Según los críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los artículos y las expropiaciones de empresas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.
Esos problemas no desaparecerán de un día para otro. Por el contrario, se espera que la crisis se agrave el próximo año en parte por la tardanza del gobierno en adoptar medidas para corregir las distorsiones de la economía.
Algunos analistas han advertido que los cambios derivados del triunfo de la oposición tampoco serán inmediatos, pero si no se logran acuerdos de convivencia, desde enero podrían abundar los conflictos entre el poder legislativo y un gobierno blindado por un andamiaje legal construido durante más de tres lustros por el oficialismo, para dotar al Ejecutivo de amplias competencias en los más variados ámbitos.
El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, advirtió que si la oposición no “administra adecuadamente esa mayoría” y el gobierno se muestra intransigente “vamos a tener dos importantes fuerzas enfrentadas”.
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“Ojalá (las partes) entiendan que tienen que negociar, la gente en esencia votó para que le resuelvan sus problemas y la prioridad de esa Asamblea tiene que ser buscar soluciones a sus problemas” cotidianos, dijo León a The Associated Press.
Otros analistas sostienen que, pese a que el tema económico era quizás el principal elemento para votar en contra del gobierno, la oposición debería abstenerse de proponer unilateralmente cualquier iniciativa en ese campo, y en particular olvidar los llamados paquetes económicos, que son mal vistos por la mayoría de los venezolanos.
En Venezuela, la adopción de medidas económicas suelen acarrear un elevado costo político.Muchos advierten que para el gobierno sería muy fácil trasladar a la oposición la culpa de los efectos dolorosos de alguna medida, algo que en los últimos 17 años han hecho cada vez que cualquier área evidencia un fracaso.
“El proyecto chavista ha sido un fracasado y no funciona. Eso ha llevado a Maduro a echarle la culpa a la oposición, a los empresarios, a cualquiera que lo libre ante la opinión pública de su responsabilidad”, dijo a la AP el dirigente opositor Manuel Castro.
“La improvisación que ha demostrado (Maduro) en todos los frentes, le lleva siempre a buscar un chivo expiatorio para justificar su desastroso gobierno”, agregó.
En su primer mensaje a la nación tras el triunfo de la oposición, Maduro comentó: “Es heroico que estemos hoy recogiendo el 42% de los votantes (…) luego de lo que se nos ha hecho y de lo que se ha hecho padecer a nuestro pueblo” en materia económica.
El presidente suele repetir que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” promovida por empresarios y sectores opositores.Entre las prioridades que según la mayoría de los expertos debería tener la victoriosa oposición se centran en la liberación de los “presos políticos”, combatir la corrupción en el sector público, frenar la criminalidad y reducir la influencia del Ejecutivo en los poderes judicial y electoral.
Los 22 escaños aún en disputa determinarán si la bancada opositora alcanza o no los 101 votos necesarios para sancionar leyes que habiliten al presidente para legislar por decreto, aprobar mociones de censura contra el vicepresidente o los ministros o retirar a los integrantes del organismo electoral sin un pronunciamiento del Tribunal Supremo.
La oposición, que ya había adelantado su triunfo antes del anuncio oficial de los resultados, sostiene que la cifra de 101 legisladores se superó ampliamente y que sólo falta que el organismo electoral refrende que alcanzó el objetivo de más de 112 escaños.
La mayoría de las reformas hechas desde 1999 para convertir al país en un estado socialista, se hicieron mediante seis leyes habilitantes, que fueron la principal herramienta para redefinir las relaciones económicas, políticas y sociales de la nación.
Algunos de los opositores más radicales prometen convocar un referendo revocatorio para acortar el mandato de Maduro, que termina en 2019.
