Líderes de diferentes partidos políticos de Juigalpa demandaron la rendición de cuentas al pueblo por parte del Gobierno municipal, ante cambios inesperados en la conducción de la Alcaldía y “renuncias” de unos siete funcionarios por presuntos actos de malversación de fondos.
La información anterior trascendió por una auditoría interna practicada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), después de la muerte de la alcaldesa María Elena Guerra Gallardo.
El pasado lunes recibió la comuna a la nueva alcaldesa Magna Lucía Murillo Sequeira, luego de ser electa el pasado sábado en sesión extraordinaria con 27 votos a favor y la abstención de Adela Marín, concejal del PLC.
La ahora exalcaldesa María Teresa Hurtado, quien sustituyó a Guerra Gallardo luego de su fallecimiento, solo duró en el cargo 5 meses y 8 días.
En la sesión del sábado, luego de leer una carta de renuncia de Hurtado, los concejales oficialistas eligieron a la nueva alcaldesa.
Tengo “razones meramente personales que me impiden continuar en el cargo”, dijo Hurtado en su carta de renuncia.
Vicealcalde no quiso asumir
El vicealcalde Carlos Gustavo Abarca depuso su derecho por Ley para ser electo alcalde, pasando a la elección de Murillo y seguidamente fue electa secretaria la concejal sandinista y directora de la Casa de la Mujer, María del Socorro Méndez.
El vicealcalde Abarca advirtió que “los cargos son del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a quienes (al cual) nos debemos todos”.
Por su parte, Murillo se comprometió a continuar desarrollando los proyectos sociales y juró fidelidad a su partido y al pueblo de Juigalpa.
Los concejales fueron informados que la defenestración de Hurtado obedecía a una supuesta insubordinación a las directrices y estructuras partidarias.
Sin embargo este señalamiento ha sorprendido por la reconocida lealtad y disciplina demostrada por Hurtado, quien diariamente estaba desde las 5:00 de la mañana despachando y supervisando en el parque central.
Entre allegados al partido gobernante trascendió que los funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción la habrían “pringado”.
La concejal del PLI María Luisa Rojas no ha cesado de demandar una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
La concejal opositora recordó que en la administración de Hurtado fueron obligados a renunciar el vicealcalde Benedicto Miranda, el asesor legal Wilbert Guevara, el director de Planificación Jorge Orozco, el responsable de la oficina de Turismo Justo Pastor Mendoza, el responsable de Gestión de Riesgo Nelson Suárez, el gerente Rafael Larios y en Finanzas Martha Morales. Antes de asumir Hurtado renunció Ariel Medina, responsable de proyectos.
El presidente del PLI, Juan Carlos Bravo, cuestionó el actuar del Gobierno municipal “bajo la oscuridad y la ilegalidad porque violentan las leyes y los procedimientos”.
Ni ellos mismo se tienen confianza, están jugando con el pueblo, un día ponen y otro día quitan, se habla de más de 25 millones de córdobas malversados, queremos saber qué pasó con ese dinero”, cuestionó.
Bayardo Saúl Vargas, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), exigió la auditoría de la Contraloría, que “deberá establecer si los funcionarios señalados tienen responsabilidad administrativa o penal, nosotros los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos.
“Con la destitución de María Teresa Hurtado seguimos presumiendo que está relacionado con los supuestos actos de corrupción”, apuntó el dirigente del MRS.
La Contraloría, sin embargo, controlada directamente por el FSLN desde que ese partido llegó al poder, no publica sus auditorías.
