El Gobierno de Nicaragua reconoció y afirmó que acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a través de un mensaje leído por la primera dama y vocera gubernamental, Rosario Murillo, en su comunicación de este miércoles a través de los medios oficialistas.
La vocera del Gobierno dijo que este fallo tiene “el sentido de equilibrio que siempre ha caracterizado las decisiones de la Corte”.
En ese sentido destacó los aspectos positivos de la sentencia para Nicaragua, mencionando que el fallo reconoce “que el Gobierno de Costa Rica trazó y reconoció una carretera paralela al río (San Juan), violando su obligación de elaborar previamente un estudio de impacto ambiental que permitiera limitar los daños a la naturaleza”.
“Para Nicaragua, para el pueblo nicaragüense, es de suma importancia que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido el derecho pleno de nuestro país para realizar labores de dragado en nuestro río San Juan”, manifestó Murillo al leer la posición oficial del Gobierno de Nicaragua sobre la sentencia.
CIJ MANDA A INDEMNIZAR POR DAÑOS A COSTA RICA
Murillo también reconoció que “la CIJ concedió a Costa Rica la punta de Harbour Head, conservando Nicaragua la laguna de Harbour Head, la desembocadura del río San Juan y la barra de arena”.
También destacó que la sentencia “reconoce el derecho de Nicaragua para reglamentar y regular la navegación en el río San Juan”.
El tribunal de La Haya falló a favor de Costa Rica en la disputa territorial con Nicaragua por los humedales de la laguna nicaragüense Harbour Head y mandó a Nicaragua a indemnizar al país vecino por los daños causados.
LO QUE DICE CARLOS ARGÜELLO GÓMEZ
El representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello Gómez, en declaraciones ofrecidas vía telefónica a los medios de comunicación oficialistas, dijo que la sentencia emitida fue en ciertos aspectos balanceada y por tanto Nicaragua y Costa Rica tienen que buscar la convivencia y pasar la página en este diferendo.
Argüello destacó que aunque la CIJ otorgó a Costa Rica la soberanía del territorio en disputa, descartó “los intentos del gobierno tico de revivir los derechos soberanos de navegación que ya habían sido establecidos en una anterior sentencia”.
“La Corte no se metió a algo que Costa Rica quería, que es el decreto que regula la navegación en el río San Juan, que es un decreto muy importante, que se pasó después de la sentencia del año 2009. La Corte dejó claro que no estaba para conocer de eso, porque era uno de los puntos, digamos, subterráneos que Costa Rica estaba tratando de meter dentro de este juicio y era revivir el juicio anterior sobre los derechos de navegación en el río”, manifestó Argüello.
