El presidente Luis Guillermo Solís ha mostrado su voluntad de continuar la construcción de una carretera fronteriza paralela al río San Juan, apegado al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya; pero, el camino para culminar esta cuestionada obra no es del todo llano, y tiene complicaciones que el propio gobierno ha reconocido.
Solís desea convertir la trocha en una vía que, según el gobierno, el país necesita para impulsar el desarrollo en la zona norte, a lo largo de sus 160 kilómetros.
No obstante, Solís aclaró que será una vez que culmine el proceso judicial por corrupción —abierto en mayo de 2012 por el Ministerio Público—, que continuarán los trabajos de construcción.
ENORME CORRUPCIÓN
La Fiscalía de Costa Rica mantiene abierta una investigación por peculado contra 44 personas, de ellos, tres exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), responsables de la supervisión de la vía. El resto son empresarios constructores, y son investigados por aparente uso indebido del dinero en la construcción.
La investigación es considerada por la Fiscalía como compleja, por lo tanto camina a paso lento y aún no hay una acusación formal.
El caso de “La Trocha”, como le llaman los ticos a esta carretera rural, se tramita bajo el expediente 12-000053-621-PE. El mismo se encuentra en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas, según dijo la Fiscalía.
Costa Rica invirtió más de cuarenta millones de dólares que habrían sido usados sin control y en mayo de 2012, la entonces presidenta Laura Chinchilla denunció actos de corrupción para remitir el caso a la Fiscalía. Los investigados habrían pactado de manera ilícita para sustraer fondos públicos de la obra, según la Fiscalía.
La Ruta 1856: Juan Rafael Mora Porras, como se llama oficialmente, empezó a construirse en 2011 sin estudios ambientales ni diseños, en medio de un decreto de emergencia nacional dictado por el entonces gobierno de Laura Chinchilla, por el conflicto fronterizo iniciado a finales de 2010 con Nicaragua por la disputa de un humedal en la desembocadura del río San Juan, que ayer la Corte otorgó soberanía a Costa Rica.
Al manifestar su voluntad de terminar la vía, Solís recordó que de momento hay tramos de la carretera que están siendo rehabilitados y en otros se realizan labores para mitigar el daño ambiental.
En su sentencia, la CIJ señaló que Costa Rica no logró comprobar la emergencia en medio de la cual fue construida “La Trocha” y por lo tanto, incumplió sus obligaciones al no realizar estudios de impacto ambiental previos a comenzar las obras.
El canciller Manuel González dijo que “si hay que rediseñar algunas partes para que no amenace el río (San Juan) y para la propia estabilidad de la trocha, lo haremos. No podemos desconocer que el estudio en la etapa inicial no existió. No vamos a continuar con los errores del pasado porque se quiere que la ruta dé acceso a una zona que ha estado desatendida”.
VUELVEN CRÍTICAS
Ambientalistas costarricenses que se opusieron desde el inicio de la obra por la falta de estudios, y que fueron señalados por el gobierno de entonces como malos ciudadanos por evidenciar errores de un proyecto, cuyos detalles fueron manejados hasta con secretismo de Estado para no afectar el juicio en La Haya; han señalado de nuevo las omisiones y piden que se conozcan aspectos aún ocultos de la misma.
“Que todos los informes salgan a la luz pública y entendamos en Costa Rica, cómo fue que se gestó lo que es posiblemente el mayor escándalo de saqueo de las finanzas públicas de este país”, dijo el especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, al programa radial Nuestra Voz.
“Es el momento de liberar todo documento que en su momento se dijo mantengamos en el congelador. Todo esto tiene que salir a la luz pública, porque ayer la Corte dijo que aquí en Costa Rica no hubo una emergencia (nacional) que justificar”, añadió el catedrático, quien duda que con el actual fiscal general Chavarría, el caso termine en condena firme como el caso de la minería Crucitas, anulado en un juicio por un tribunal local.
FALTAN NUEVOS ESTUDIOS
Del lado nicaragüense, los ambientalistas consideran que es necesario hacer un estudio “de mayor profundidad, del impacto de la sedimentación causada por la trocha en el río”, afirmó Antonio Ruiz, director ejecutivo de Fundación del Río.
Ruiz recordó que a finales de 2013, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) conformó una comisión para investigar el impacto ambiental de la trocha en el río San Juan.
“Había una comisión interuniversitaria que iba a abordar estos aspectos, pero no sabemos los alcances, si se le dio seguimiento o no, pero esto requiere ya de un estudio de mayor profundidad del impacto de la sedimentación”, afirmó Ruiz.
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos establecieron en el río San Juan una línea de base para el monitoreo ambiental. Según Ruiz, “ahora hay que invertir en eso y ver cuáles son las medidas de remediación”.
En cuanto a lo que se debe hacer para mejorar la situación ambiental, Ruiz dijo que lo más acertado sería trabajar un enfoque de cuenca transfronteriza y que los países de común acuerdo busquen la remediación de los daños en base a los resultados que se vayan obteniendo.
SOBREDIMENSIONADO
Boeglin cuestiona a su país por dimensionar una ocupación ilegal nicaragüense en un humedal no mayor a los 3 kilómetros cuadrados en Isla Los Portillos, cuando las autoridades informaron que se trataba una invasión militar a Isla Calero, una porción de tierra de 154 kilómetros cuadrados.
Al ser un humedal en un extremo del Caribe norte del país, el catedrático no se explica cómo se pudo construir una carretera en sentido opuesto de 160 kilómetros que finaliza en el Cantón de los Chiles, en la zona norte de Costa Rica.
El abogado ambientalista, Álvaro Sagot, recordó al mismo programa radial cómo en su momento la Sala Constitucional le rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la obra, alegando jurisprudencia por el decreto de emergencia nacional emitido por el gobierno de Chinchilla.
