A un año de haber iniciado la construcción de la obra de ingeniería “más grande y complicada del mundo”, sus avances se resumen en la mejora de caminos existentes, la entrega y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que necesita estudios complementarios y el inicio de un estudio arqueológico.
La meta de ver cruzar los buques cargueros por el Canal de Nicaragua, en diciembre de 2019, sigue sin ser percibida como posible para muchos sectores de la sociedad nicaragüense. Más aún, teniendo en cuenta que la misma empresa concesionaria, HKND Group, reconoció que el inicio de las obras principales se producirá a finales de 2016.
Después de un año, el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, consideró que “lo más importante, y lo he dicho siempre, es la misma finalización del EIAS, que fue trabajo en el campo, no es zanja, pero es recolección de miles de muestras de suelo, de aire, de agua… incluso encuentros, he andado por San Miguelito, Rivas. Todo eso es parte del trabajo que se tiene que hacer… que no es dragado, pero es parte del trabajo previo y es previo a poder hacer la zanja, eso es trabajo que se ha avanzado, el año pasado no teníamos todo esto. Y por supuesto el estudio arqueológico que es un estudio complementario pero necesario”.
En la Boca de Brito, zona de Tola, Rivas, donde pasaría el Canal y se construiría el puerto de aguas profundas, la idea de un Canal Interoceánico sigue siendo vista como un supuesto. Allí, la población no es mucha, pero la riqueza y belleza del paisaje son impresionantes.
La presencia de gente en la Boca de Brito es escasa, cerca de la playa, donde el río se une con el mar, apenas hay unas diez viviendas humildes que son utilizadas por pescadores que vienen de Tola para descansar y de vez en cuando dormir para salir a faenar temprano.
Kair Gutiérrez Noguera es un pescador que desde joven ha llegado a la Boca de Brito para ganarse la vida. Cuando se le pregunta sobre el Canal, de entrada dice no saber nada, aunque luego, todavía tímido, empieza a contar que durante los últimos meses ha visto a “chinos que han pasado midiendo y a cavar también”.
Para Roberto Pérez, ganadero de Tola, pero que también pesca en la Boca de Brito, el Canal no es una realidad. “A nosotros solo nos dicen supuestamente que va el Canal. Aquí pasa todos los días un avión tomando fotos y hasta la vez no nos han dicho nada”.
Pérez se refiere a las avionetas de la empresa australiana CSA Global, que fue contratada por HKND Group en agosto de este año, para realizar un estudio aéreo geológico de la ruta del Canal y la línea costera del lago Cocibolca.
CSA Global fue la primera empresa contratada por HKND tras la entrega del EIAS en mayo de este año, para realizar estudios complementarios a los ya elaborados por Environmental Resources Management (ERM).
Estos estudios fueron recomendados por ERM tras las observaciones realizadas por un grupo de científicos internacionales que participaron en un foro organizado en marzo de este año por ERM en la Universidad Internacional de la Florida (FIU por sus siglas en inglés).
CAMBIOS EN EL PROYECTO
Aunque oficialmente la ruta del Gran Canal fue seleccionada el 7 de julio de 2014, esta ha estado sujeta a cambios que han sido anunciados a lo largo de 2015.
Talavera, por ejemplo, anunció en enero de 2015 que la ruta del Canal ya no pasaría sobre el poblado El Tule en San Miguelito, Río San Juan.
Según la versión oficial, este cambio era más bien un “ajuste” para reducir el impacto ambiental y social.
No obstante, en los mapas presentados el 24 de septiembre de 2015, durante la denominada consulta popular, El Tule y otras comunidades de San Miguelito quedan dentro del corredor de diez kilómetros de zona de influencia indirecta del Canal.
Junto a este cambio, está el de evitar que el puerto de aguas profundas se haga en la Boca de Brito. En la presentación del 24 de septiembre de 2015, HKND mostró como parte de las mejoras al esquema original dicho cambio, para “minimizar el impacto en los manglares y laguna de Brito y preservar la Boca de Brito”.
La entrada del Canal por el oeste, según la presentación, fue movida 250 metros más al sureste “como parte de las recomendaciones de los expertos” y también se redujo el ancho de la huella del Canal.
Según Pérez, ahora el puerto de aguas profundas se ubicará en un sitio conocido como la Peña del Tigre.
“Dijeron que para ahora en enero (de 2016) querían cincuenta mil trabajadores para esa obra, pero aquí no han apuntado a nadie. Llevamos sobre dos años con eso del Canal y no hemos visto que comienza, solo en hablar se han ido ellos”, afirmó Pérez.
CUESTIONAMIENTOS AMBIENTALES
Ambientalistas nacionales e internacionales han manifestado a lo largo del 2015 la necesidad de que el proyecto del Canal no continúe, alegando razones ambientales y sociales basadas en los mismos estudios realizados por ERM.
Un ejemplo de este esfuerzo es el II Taller Internacional sobre el Canal Interoceánico que realizó el 19 y 20 de noviembre de 2015 la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN).
En ese taller, la ACN reunió a 15 expertos internacionales y un número similar de nacionales, para analizar aspectos del proyecto como: biodiversidad, conservación, biología marina, ecosistemas lacustres, ingeniería civil y ambiental, hidrología e hidráulica, políticas públicas, manejo de recursos hídricos, calidad de agua, economía y manejo de riesgo.
“El panel encontró que no hay fundamentos para concluir que este proyecto sea beneficioso en su totalidad. Hay muchos asuntos importantes resumidos en el EIAS que claramente expresan que habrá impactos mayores o moderados de importancia residual, que deben ser rectificados antes de la construcción del proyecto. De muchas maneras, el informe no cumple con los debidos estándares internacionales para el análisis de estos impactos”, es una de las conclusiones emitida por la ACN.
Asimismo, señalaron que “el reporte es superficial, general y más bien cualitativo para una evaluación de los impactos ambientales y sociales de este megaproyecto. Nosotros, por lo tanto, recomendamos detener el proyecto, analizar los impactos y riesgos cuantitativamente, y entonces tomar las acciones apropiadas”.
Por su parte, el Grupo Cocibolca, conformado por ocho organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, ha impulsado la divulgación de las implicaciones ambientales y sociales del megaproyecto en diversos espacios nacionales e internacionales.
En octubre de este año, el Grupo Cocibolca presentó una denuncia contra el Estado de Nicaragua y la Comisión del Gran Canal ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) por los riesgos y afectaciones a los recursos hídricos del país, de hacerse el megaproyecto.
Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt y miembro del Grupo Cocibolca, explicó que el TLA es un espacio ético y no vinculante, no obstante, representa una opinión de peso ante la comunidad internacional en materia de recursos hídricos.
Pese a todos los cuestionamientos, la versión oficial divulgada por la Comisión del Gran Canal y HKND es que el megaproyecto será beneficioso para el medioambiente.
Incluso, y a pesar del listado de posibles impactos negativos en la calidad del agua del lago Cocibolca, la biodiversidad y estado de las áreas protegidas, HKND afirmó durante la presentación del 24 de septiembre que el Canal “es la única vía real de salvar los bosques remanentes en Nicaragua y restaurar las áreas degradadas”.
Precisamente a inicios de noviembre de este año, la Comisión del Gran Canal entregó el permiso ambiental a HKND para el desarrollo de la obra, aunque el mismo presidente inconstitucional Daniel Ortega dijo que no se puede iniciar la construcción del Canal mientras no se tengan concluidos todos los estudios necesarios.
VACÍO SOBRE INVERSIONISTAS
A pesar que en reiteradas ocasiones Talavera ha afirmado que el Canal ha despertado interés en países y empresarios de Estados Unidos, Europa y Asia, hasta ahora no hay un solo país o grupo económico ajeno a Wang Jing que haya comprometido inversiones en el proyecto del Canal o sus subproyectos.
La única empresa que ha hablado de una posible participación en el megaproyecto es Grupo Trevi, una empresa constructora de origen italiano. Sin embargo, el gerente regional comercial del Grupo Trevi, Carlos Morales, en su momento aclaró que el interés es para trabajar en la construcción del Gran Canal una vez el proyecto esté diseñado y con los estudios concluidos.
RECHAZO SIGUE CRECIENDO
El movimiento popular surgido del descontento de los campesinos que serían expropiados por estar sobre la ruta del Canal, ha experimentado un crecimiento durante el último año. Según Octavio Ortega, coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, las 53 marchas realizadas en varias zonas del país demuestran que la población no quiere Canal.
En la Boca de Brito “hay bastante gente opuesta, hay bastante a favor también, principalmente la gente que está con el Gobierno, que esos no pueden decir no. Siempre y cuando fuera para beneficio de la población, está bien, pero yo creo que ese beneficio está largo”, expresó Pérez.
Francisca Ramírez Torres, vicecoordinadora del Consejo y líder de la lucha anticanal en La Fonseca, Nueva Guinea, lo deja claro: “Aquí la gente no quiere Canal, y han dicho que prefieren perder su vida antes que dejarse quitar las tierras por las que tanto han trabajado”.
INFORMACIÓN A CUENTAGOTAS
La falta de divulgación oportuna de la documentación relacionada con el proyecto del Canal es uno de los aspectos que más han señalado académicos y expertos que siguen de cerca el tema.
Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na y miembro del Grupo Cocibolca, señaló que documentos como el permiso ambiental otorgado a HKND o las resoluciones de la Comisión del Gran Canal deberían estar disponibles al público.
Sobre esto, Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal, aseguró que “nosotros hemos actuado con rigor científico, con rigor técnico y apegado a lo que se establece en las leyes. Si alguien da una recomendación, nosotros la tomamos en cuenta, la consideramos. Uno valora, analiza, nosotros no tenemos problemas para analizar todas las valoraciones técnicas de donde vengan”.
Durante el año se produjo la publicación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), pero esta fue posterior a su aprobación y cinco meses después de haber sido recibida por el Gobierno.
GRAN CANAL ANTE LA CIDH
Once organizaciones y movimientos de la sociedad civil protagonizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2015 una audiencia en la que se discutieron los impactos del Gran Canal en los derechos humanos en Nicaragua. En la audiencia también tuvo representación el Estado de Nicaragua. Para las organizaciones la participación de los representantes de Nicaragua tuvo como único objetivo “tratar de encubrir los enormes vacíos del proyecto”, afirmó Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na, una de las organizaciones participantes.
Mientras un estudio medioambiental no esté concluido, sencillamente no se puede iniciar una obra. Entonces, el estudio medioambiental es el que tiene que dar la seguridad de que esta gran obra trae inmensos beneficios para todo el país, y para la misma población que se encuentra a lo largo de la ruta”. Daniel Ortega, presidente inconstitucional de Nicaragua.
