La felicidad que viven los recién liberados en los casos conocidos como Chichigalpa y Mina El Limón es a medias, afirman familiares, ya que el proceso judicial no ha terminado y en cualquier momento los pueden citar a los juzgados o devolverlos detenidos.
“Estamos en incógnita porque los mandaron a sus casas, pero el caso no se ha cerrado”, manifestó María Peña, mamá de la procesada Mariela Molina Peña, líder de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Molina Peña fue acusada de crimen organizado, robo agravado, daño agravado y otros delitos, junto a otros trabajadores, que protestaron por derechos laborales el pasado 7 de octubre frente a la alcaldía de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, al occidente de Nicaragua.
PROCESO VICIADO
De la repentina liberación de los procesados, sin mediar audiencia a como manda el Código Procesal Penal, solo hay un auto en el expediente judicial del caso Chichigalpa, donde el juez Henry Morales después de 57 días de pasada la audiencia preliminar y de varios escritos presentados por las defensas solicitando el cambio de medida, reconoce que “debe respetar los derechos constitucionales de los procesados”.
“Atendiendo los principios de legalidad, de presunción de inocencia, de respeto a derechos humanos… ordeno la sustitución de la medida cautelar”, se lee en el auto firmado el sábado 19 de diciembre, día en que no estaba de turno el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
El juez Morales durante todo este tiempo alegó problemas de salud para no celebrar los procesos judiciales de estos casos, pero atendía otros tema judiciales en sus funciones cotidianas.
“Todo el proceso es ilegal. Les hicieron audiencia en privado, ante un juez que no correspondía, el Ministerio Público nunca presentó escrito de intercambio de pruebas, porque no lo tienen. En una riña tumultuaria es difícil individualizar acciones”, dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Mientras en el expediente judicial del caso Mina El Limón no existe ni un solo documento que respalde la sorpresiva liberación ordenada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, según familiares de los procesados.
ALCALDE ENTREGÓ CASA A CASA
Como si se tratara de campaña política, el alcalde orteguista de Chichigalpa, Víctor Sevilla entregó este fin de semana, casa a casa, a cada uno de los procesados, diciendo que era “una orden del presidente Daniel Ortega liberarlos”.
“Aquí vino el alcalde y la política de la comunidad a entregarme a mi hija. Espero que en enero se cierre este caso porque es injusto”, expresó María Peña.
Para Pablo Cueva asesor de la CPDH, este caso es político y el mensaje ya está dado. “Sí protestas te encarcelo y te proceso. Ahora esa audiencia inicial se dará a medida que los acusados por defender sus derechos se vuelvan a involucrar en protestas sociales. Es como una guillotina que pende sobre ellos”, dijo Cuevas.
72 días pasaron detenidos los acusados en caso Chichigalpa y Mina El Limón desde su captura el pasado 7 de octubre, de estos, 57 días han pasado esperando audiencia inicial. Ahora seguirán esperando, pero en casa, porque juez sigue sin dar fecha.
