Sorpresivamente y en vacaciones navideñas, el juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, dictó sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de los diez sindicalistas procesados en el caso conocido como Mina El Limón y los 15 sindicalistas con problemas de insuficiencia renal crónica, del caso conocido como Chichigalpa.
La sentencia se dictó el pasado 21 de diciembre, después de poner en libertad a los acusados de crimen organizado, incendio y otros delitos, el pasado 19 de diciembre, por orden el presidente inconstitucional Daniel Ortega, según manifestaron las autoridades municipales de cada municipio a los familiares de los procesados.
Los acusados fueron entregados casa por casa por el alcalde de cada municipalidad acompañado de los Comité del Poder Ciudadano de cada barrio.
Según la sentencia del juez Morales, la decisión la tomó después de que el Ministerio Público presentó el 21 de diciembre a las 12:35 minutos de la tarde un escrito solicitando el sobreseimiento para los acusados del caso Mina El Limón y a las 12:40 minutos de la tarde del mismo día, presentó escrito para el caso Chichigalpa pidiendo lo mismo.
El efecto del sobreseimiento, según el artículo 156 del Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, es cerrar de forma irrevocable el proceso penal a favor de los procesados beneficiados e impedir una nueva persecución penal por los mismos hechos y deja sin efecto las medidas cautelares.
No se conoce a detalle en base a qué causal el Ministerio Público pidió el sobreseimiento para los acusados, pero según el artículo 155 del CPP, solo puede caber “la falta de participación del acusado en el hecho”. Además la Fiscalía no había presentado escrito de intercambio de prueba a pesar de que ya habían pasado más de dos meses de la audiencia preliminar.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES
“Mantengo que todo el proceso es ilegal. Les hicieron audiencia en privado, ante un juez que no correspondía, el Ministerio Público nunca presentó escrito de intercambio de pruebas, porque no lo tienen. En una riña tumultuaria es difícil individualizar acciones”, dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Cuevas agregó que ahora más que nunca queda claro que el motivo de este proceso judicial era político y que el Gobierno de Daniel Ortega utiliza el brazo judicial para someter. Además que las instituciones que integran la ruta penal se coludieron para violar derechos y garantías constitucionales a los procesados y en ese afán cometieron varios delitos.
“La Policía cometió allanamiento ilegal, secuestro, abuso de autoridad y funciones, mientras la Fiscalía cometió el delito de acusación y denuncia falsa entre otros, porque queda claro que esta gente (acusados) nunca cometió delito”, dijo Cuevas.
En el caso de Ángel Emilio Hernández Berríos y Fidencio Ocampo Romero, quienes estuvieron detenidos más de dos meses en las celdas de Auxilio Judicial Nacional en Managua por los hechos ocurridos el pasado 6 de octubre en Mina El Limón y que nunca fueron acusados, la violación a sus derechos individuales y humanos fue peor porque estuvieron “secuestrados” por la Policía, dijo el defensor de derechos humanos.
“Estos ciudadanos fueron sustraídos de sus viviendas en horas de la madrugada y nunca los acusaron, solo los tuvieron presos en la DAJ. Quién les va a pagar ese daño causado, esos meses de encierro, lo debería hacer el Estado, pero aquí nada funciona conforme a derechos”, agregó el asesor jurídico de la CPDH.
CONSECUENCIAS GRAVES
Cuevas también recordó que estas familias de los procesados están endeudadas por los gastos que conllevó el pago de abogados para la defensa de sus familiares, el cual tiene un costo alto y por el pago de alimentación de los reos y ellos mismos, porque los sustrajeron de su juez competente en ambos casos.
“La situación y las secuelas que dejan por sus caprichos de poder son graves, ya que estas personas perdieron sus empleos por estar presos y ahora algunos de sus familiares van fuera del país para poder pagar deudas, lo que lleva a una desintegración familiar ocasionada por el Gobierno y sus decisiones poco acertadas y violatorias”, agregó el abogado de la CPDH.
En la sentencia de sobreseimiento del juez Morales también manda a dejar sin efecto el arresto domiciliar que había decretado para los 25 procesados de ambos casos.
