LA PRENSA publicó durante los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada, un impecable trabajo de investigación preparado por nuestro periodista Octavio Enríquez, acerca de una inversión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de por lo menos 1.2 millones de dólares, en la construcción de un lujoso edificio residencial en el centro de Managua.
Las inversiones del Seguro Social, cuyos fondos se forman con las cotizaciones de los trabajadores asegurados, las cuotas de la patronal y la contribución del Estado, no son ilegales. Pero de acuerdo con la Ley deben tener un claro y legítimo interés social, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y generar utilidades para fortalecer los fondos de la misma institución pública.
Sin embargo, tal como se dice y recuerda en el reportaje de investigación, durante el actual régimen de Daniel Ortega el INSS ha hecho inversiones millonarias que no se han ajustado a los requisitos de la Ley, y en algunos casos de beneficio para el interés particular de prominentes miembros del partido de Gobierno.
Tal vez no es ese el caso de la investigación de LA PRENSA publicada la semana pasada. Pero tiene algunos aspectos que, por lo menos, se podrían calificar como confusos y no solo deberían ser investigados por un medio de comunicación independiente que fiscaliza desde la sociedad el uso de los bienes públicos, sino también por alguna autoridad de control estatal.
Por ejemplo, llama la atención que la firma que obtuvo el financiamiento de un proyecto residencial que no es para familias de modestos recursos, fuera constituida apenas tres meses y medio antes de que se aprobara la inversión. Además, quien aparece como presidente de dicha empresa declaró a LA PRENSA que su nombre fue tomado sin su consentimiento. Mientras que el otro supuesto socio, fallecido 35 días antes de que el INSS hiciera el primer desembolso de la inversión, según declaración de su viuda tampoco tuvo que ver en ese asunto y asegura que alguien utilizó el nombre de su esposo “para beneficio propio”.
También resulta extraño que la dirección de la firma que obtuvo el financiamiento del INSS, sea la misma de la empresa constructora que pertenece al representante del sector privado en el Consejo Directivo del INSS, la cual, además, fue subcontratada para la ejecución de la obra.
Evidentemente todo eso amerita una investigación que al menos sirva para aclarar el asunto y deslindar responsabilidades, inclusive en beneficio de la empresa privada cuyo dueño y representante ante el Seguro Social alega que no se ha hecho nada ilícito.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, ha informado que el gremio empresarial no solo tiene representación en el Consejo Directivo del INSS sino también en otras cuarenta juntas directivas del Estado. Lo cual de hecho hace corresponsable al sector privado de las decisiones que se toman en esos cuerpos directivos estatales.
El Cosep debería interesarse en investigar este caso, puesto que el sentido de su participación en las directivas del Estado es precisamente vigilar que las decisiones que tomen se ajusten a la ley y al interés del empresariado, pero también al de toda la sociedad.
