La leyenda dice que en 1666, “el año milagroso”, a un joven inglés de 24 años lo maravilló una manzana. Más precisamente cómo esa manzana se desprendía del manzano y rebotaba contra la tierra. El hombrecillo se llamaba Isaac Newton y años después, inspirado por la escena, describió la ley de la gravitación universal, la cual, básicamente, en una interpretación más o menos libre (y con el permiso del científico), dictaba que: “Todo lo que sube tiene que bajar”. Trescientos cincuenta años más tarde, a un océano de distancia, le llegó la hora de caer, como si se tratara de gravedad, a un lucrativo acuerdo económico entre los gobiernos de dos naciones. Y al del país más pobre le llegó la hora de buscar cómo reponer esos fondos. Hablamos, desde luego, de Nicaragua. Y más precisamente del sistema recaudatorio de dinero que el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega le ha impuesto a los más de seis millones de nicaragüenses para él no perder un cinco.
El acuerdo, llamado a veces “cooperación”, es la famosa, compleja, confusa y nada transparente unión estatal entre Venezuela y Nicaragua, que ha generado miles de millones de dólares para el ejecutivo del país centroamericano desde 2007, pero que ha dependido exclusivamente del petróleo, y que, por la brusca caída del precio del crudo en años recientes en el mercado mundial, no ha hecho otra cosa que desmoronarse.
En respuesta a ello, sin embargo, el Gobierno de Nicaragua ha optado por solventar la grave disminución de sus ingresos con un abanico de efectivas medidas que atentan contra el pueblo, como: impedir a toda costa una lógica reducción en los precios del combustible que consumen los habitantes, detener la también justa rebaja de la tarifa de energía eléctrica, imponer un violento aumento en la cantidad de dinero que los nicas pagan en multas (sobre todo en las de tránsito), comandar una desmedida caza de vehículos civiles que son llevados legal o ilegalmente al recientemente creado Depósito Vehicular, desde donde sacar su automóvil resulta en una odisea financiera para la mayoría de afectados, entre otras disposiciones de recaudamiento.
Conozca los detalles de cómo el Gobierno de la familia de Ortega y Rosario Murillo (esposa del mandatario y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Frente Sandinista, partido gobernante) mueve sus piezas para no dejar de percibir la efervescente fortuna que conoció primero con la Venezuela del presidente Hugo Chávez Frías y luego con la administración de Nicolás Maduro Moros, con quien ya no va tanto la palabra “efervescente”, sino más bien el adjetivo “menguante”.
SIN PETRÓLEO NO HAY PARAÍSO
El problema, para comprenderlo en tres pasos sencillos, es el siguiente:
Uno. Nicaragua, uno de los países más pobres de América (el tercer país del continente donde los habitantes ganan menos dinero por año, según el Fondo Monetario Internacional), firmó un acuerdo de cooperación energética (Petrocaribe) con Venezuela el 11 de enero de 2007 y este se mantiene hasta hoy.
En el pacto bilateral abundan interrogantes y la falta de transparencia ha sido la génesis de mil y una opiniones sobre la corrupción que orbita a su alrededor, pero dentro de lo que se sabe Venezuela otorga un crédito a Nicaragua (más precisamente a la empresa privada Caruna, la cual, estima Adolfo Acevedo —economista que ha estudiado con detenimiento el caso—, es controlada por la familia presidencial Ortega-Murillo) por el 50 por ciento de lo que este le compra de petróleo al año. De ese dinero el 38 por ciento se dirige a programas sociales, al subsidio del transporte urbano colectivo y del interurbano, al bono salarial, al bono que se daba a adultos mayores, a una fracción del bono productivo alimentario y a la distribución de láminas de zinc.
Dos. Venezuela es uno de los países que más exporta petróleo en el mundo y, de hecho, vive de ello. De acuerdo con el Libro de Datos de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el petróleo equivale a casi el 96 por ciento de las exportaciones venezolanas, al 40 por ciento de los ingresos del gobierno del actual presidente Maduro y al 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Tres. Cuando más florecía la unión entre Nicaragua y Venezuela, en 2007 y 2008, el precio del barril del petróleo rondaba los 100 dólares y hasta alcanzó los 140. El punto de quiebre hoy es su precio actual en el planeta. El pasado 15 de enero de 2016 el barril se cotizó en 30.36 dólares, según el índice WTI, de referencia para Estados Unidos. Y según el sitio especializado preciopetroleo.net, los expertos en la materia consideran que un descenso hasta los 20 dólares por barril es más probable que un movimiento notable de alza, lo que podría traducirse en una crisis peor que la de los años ochenta.
El gobierno de Daniel Ortega, por consiguiente, saldría enormemente perjudicado, pues como quedó demostrado en la vasta investigación Los petrodólares de Venezuela, del periodista Octavio Enríquez, para el portal digital de noticias, Confidencial, la familia Ortega-Murillo, con el grupo económico privado Albanisa, ha desviado más de tres mil millones de dólares de la factura petrolera “sin ninguna clase de ley o escrutinio público” hacia sus propios bolsillos.
PETRÓLEO BARATO, GASOLINA CARA
Un barril de petróleo equivale a 159 litros o 42 galones de la preciada mezcla de hidrocarburos. El precio por barril jamás ha sido superior a 150 dólares ni inferior a 20. Hoy, entonces, se cotiza en los niveles más bajos, y algunos indicadores prevén que el precio toque el récord de fondo. No obstante, pese a que el precio del barril internacional “registró una disminución interanual del 45 por ciento y en el caso del venezolano de 48 por ciento”, según el diputado del partido político opositor, Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, también miembro de la comisión económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el precio de gasolina en el país no disminuyó como debió. Más bien todo lo contrario.
Según reveló LA PRENSA el pasado 13 de enero, en el país los precios de la gasolina y el diesel, excluyendo los impuestos, son casi 50 por ciento más caros que hace 12 años, cuando el precio del barril era similar al de hoy. Y a escala regional, de acuerdo con el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), Nicaragua tiene los precios de combustibles de uso automotriz —sin impuestos— más caros, incluido Panamá.
Es decir, Albanisa, empresa privada (no es estatal pese a que sus únicos dos socios son el Estado de Venezuela, con 51 por ciento de las acciones, y el Estado de Nicaragua, que ostenta el 49) que importa todo el petróleo de Venezuela gracias al acuerdo entre los países, compra muy barato y vende caro. Y quienes controlan Albanisa —la familia Ortega-Murillo— tocan “ganancias de hasta 300 millones de dólares al año”, según el diputado y economista Sáenz.
Transcrito al interés social, esto daña a múltiples sectores. Sáenz insiste en que se ven usualmente los aspectos macros, pero subraya que se debe hacer énfasis en aquellas otras claves que “tocan directamente las condiciones de vida de la gente”.
“Nicaragua es el único país del mundo donde la caída de los precios del petróleo se tradujo en un aumento en las tarifas de transporte terrestre intermunicipal. De peso en peso o de cinco pesos en cinco pesos diarios, estos nicaragüenses están pagando las consecuencias”, se indigna el experto. Y apunta, además, que la eliminación del subsidio a los taxistas de Managua, efectuada en agosto pasado por el Gobierno, termina de golpear la economía individual, pues los conductores se ven obligados a cobrar más caro.
La flota de taxis en Managua es de unas 11,000 unidades, por lo que los afectados por el incremento tanto de este servicio como el del transporte intermunicipal, son centenares de miles.
“A este Gobierno no le importa la gente ni de Carazo ni de Masaya ni de Tipitapa ni de ningún municipio, porque las tarifas se elevaron y en términos prácticos significan una reducción de ingresos”, sentencia Sáenz.
LA TARIFA ELÉCTRICA TAMPOCO BAJA
Otro campo que no conoce reducciones es la electricidad y la lógica de nuevo dicta que la tarifa debe bajar en proporción al bajísimo precio del petróleo.
El pasado jueves 14 de enero, David Castillo, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), anunció en conferencia de prensa una reducción de un cuatro por ciento a la tarifa, pero el economista Adolfo Acevedo catalogó la variación de “ridícula” y explicó que no tendrá prácticamente ningún efecto en el 2016 debido “al ajuste o actualización que se le hace para evitar el deterioro de su valor real”.
Por su parte, Enrique Sáenz explica que en Nicaragua se pagan los aranceles más elevados de Centroamérica y que “estos impactos cruzan toda la economía”.
“Para que tengamos una idea, en Nicaragua los sectores medios pagan una tarifa que es 30 por ciento más elevada que en El Salvador, 45 por ciento más cara que la de Costa Rica y 70 por ciento más alta que en Panamá. En el sector comercio los medianos comerciantes nicaragüenses pagan una tarifa 80 por ciento más cara que en El Salvador y 40 por ciento más elevada que en Guatemala”, dice, y la tendencia es la misma para el sector industrial.
En palabras sencillas, sintetiza el economista Sáenz, “las tarifas eléctricas son un verdadero atraco”.
Cabe destacar que el año pasado el sector privado, la Iglesia católica y diputados opositores al Gobierno de Ortega-Murillo exigieron al INE que usara el ahorro económico por la caída del precio del petróleo para bajar la tarifa del servicio eléctrico a la población, pero Castillo, a la cabeza de la institución, avanzó que los fondos serían usados únicamente para reducir la deuda contraída con Caruna, la empresa que maneja el capital del acuerdo entre Nicaragua y Venezuela y que es controlada en el misterio por la familia gobernante en Managua.
45 % más cara que en Costa Rica es la tarifa de energía eléctrica que paga el sector medio de Nicaragua, pese a que los bajones en los precios del petróleo deberían traducirse en aranceles de luz mucho más bajos.
¿MEGADEPÓSITO O MEGARRECAUDACIÓN?
Pasando al tema vehicular, el lunes 17 de junio de 2013, a la Alcaldía de Managua se le ocurrió la idea de crear un almacén gigante para llevar vehículos de particulares que infringieran la Ley, a los cuales, para extraerlos de las manos de las autoridades, se debían pagar multas y servicios. La idea resultó ser una mina de oro.
Helga Asher, concejal por el opositor Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión de Gobernabilidad, lo tiene claro. “Todo es con la finalidad de recaudar dinero. La Policía pone multas exorbitantes y eso ayuda al Depósito Vehicular. Incluso en algunos casos la gente va manejando su propio vehículo hacia el Depósito Vehicular y les pasan la cuenta de la grúa que no se usó. Están recaudando dinero por todos lados y no se ve en ninguna parte para qué es lo que se está captando”, dice.
La única vez que se tuvo cifras oficiales del Depósito Vehicular fue a finales de agosto de 2013, dos meses y medio después de inaugurado. Entonces, Francisco Cuadra, responsable del lugar, presentó un informe sobre las recaudaciones, que revelaban que en ese lapso las autoridades municipales habían recaudado 1.08 millones de córdobas en concepto de multas.
El sitio se inauguró bajo la premisa de devolver las aceras peatonales a los caminantes y sancionar así a los conductores de vehículos que dejasen su medio de transporte estacionado sobre aceras, bulevares, al lado de hidrantes y otros espacios públicos no permitidos. Al comienzo las cuotas a pagar, por día retenido, eran de 30 córdobas por carro liviano, 50 por camionetas, 100 para furgones y 10 y 5 córdobas para motos y carretones, respectivamente. Además, a ello se le sumaría un pago por servicio de grúa en caso que el conductor del vehículo se rehúse a trasladarlo.
Pero en la práctica la historia ha sido distinta. El concejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza, quien admite haber votado por la construcción del Depósito Vehicular en 2013, afirma que se cometen abusos. “El pueblo de Managua está frustrado porque dentro de las ordenanzas no hay ninguna estipulación de 300 córdobas en el caso de las motocicletas y de 500 córdobas en el caso de vehículos livianos, pero la misma Policía y los inspectores andan haciendo una recaudación no estipulada con esos montos”.
Espinoza es duro con esta medida porque además no existen cifras públicas oficiales de cuánto se recauda y dónde va el dinero. “Nosotros repudiamos esas actitudes porque dan qué pensar. Nunca se aclara, nada es transparente. Por supuesto es un acto de corrupción porque no sabemos dónde va ese dinero, quién lo utiliza. Es dinero desviado, prácticamente”, reclama.
Si en los primeros dos meses y medio lo recaudado fue 1.08 millones de córdobas y el ingreso de vehículos no hubiese aumentado hasta hoy, la cifra recaudada solo por el decomiso momentáneo de vehículos ascendería a unos 13 millones de córdobas (unos 464,000 dólares). Pero los concejales, que participaron en la aprobación del lugar, ubicado en la zona que antes fue el estacionamiento principal del Estadio Nacional de Beisbol Denis Martínez, aseguran que la cifra de vehículos retenidos ha ido en vertiginoso aumento.
“La alta tarifa eléctrica tiene impactos que cruzan toda la economía, en primer lugar los bolsillos de los consumidores. Pero también afecta la competitividad de las empresas al elevar suscostos frente a los competidores regionales”. Enrique Sáenz, diputado y economista.
MULTAS A BABOR Y ESTRIBOR
Otra forma en la que la cúpula presidencial recauda fondos son las multas. Y aquí hay no lugar para sutilezas. De 2011 a 2016, teniendo en cuenta para el corriente año el nuevo proyecto de Presupuesto General de la República, el dinero recaudado por multas creció en un 1,015 por ciento. Se embolsó 32.29 millones de córdobas por multas totales en 2011 y las autoridades esperan embolsar 327.97 millones de córdobas este año (unos 11.7 millones de dólares).
Las multas se dividen en los sectores forestal, de la pesca, por infracción de tránsito y otras; y la reina de las categorías lleva el mote de “infracción de tránsito”, pues los 8.1 millones de dólares que se esperan recaudar en 2016 con ellas representan el 69.4 por ciento del total.
Al respecto, Enrique Sáenz calificó en noviembre pasado de “una aberración” las pretensiones de recaudar capital a costas del tema de accidentes de tránsito, ya que, sobre el papel, estas medidas únicamente buscan reducir el número de accidentes en las vías.
Lo que está claro, si se considera que en 2016 la esperanza del Gobierno es recaudar 103 por ciento más dinero solo por multas de tránsito que en 2015, los oficiales de tránsito tendrán que multar a diestra y siniestra. Y es menester recordar que las coimas que los policías aceptan en lugar de interponer la multa al detenido no cuentan.