La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló este jueves 21 de enero que en los últimos 30 días ha recibido denuncias sobre el presunto reclutamiento de dos menores por parte de las FARC, que desde el pasado 20 de julio iniciaron un alto el fuego unilateral e indefinido en el marco del proceso de paz con el Gobierno.
Entre el 20 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016, “la Defensoría recibió reportes sobre hechos todavía preocupantes como el presunto reclutamiento ilegal de dos adolescentes de 16 años”, señaló la entidad humanitaria, al indicar que estas situaciones fueron conocidas por su Sistema de Alertas Tempranas.
Los presuntos reclutamientos tuvieron lugar en el municipio de Miraflores, departamento de Guaviare (sur), agregó la Defensoría en un comunicado, en el que aclara que esta situación “si bien habría ocurrido a finales del año anterior, solo fue denunciada ante el organismo humanitario el pasado 14 de enero”.
“Ese mismo día se conoció sobre el desplazamiento forzado de dos familias por temor al reclutamiento de sus dos hijos de 15 y 16 años, quienes, según las versiones recopiladas en terreno, estudiaban en el mismo internado de donde habrían sido sacados los otros dos menores”, añadió el documento.
La Defensoría indicó que tuvo conocimiento además de “presuntas actividades de presión a las comunidades rurales de San José del Guaviare”, capital del departamento homónimo, para que realizarán “labores de deforestación, con el fin de ampliar un corredor de movilidad entre las veredas Puerto Arturo y Puerto Charras”.
Otras de las denuncias estaban referidas a presuntas jornadas de proselitismo armado en los corregimientos Pacoa y Papunahua del departamento del Vaupés, así como a convocatorias forzadas para reuniones con la comunidad en las localidades de Uribe, Mesetas y Lejanías, en el departamento del Meta.
La Defensoría destacó sin embargo que el “cese al fuego de las FARC ha disminuido los episodios de violencia asociados al conflicto durante los últimos meses”.
“Un panorama alentador respecto a la notable reducción de hechos violentos como resultado del cese al fuego y las hostilidades de las FARC reportó la Defensoría del Pueblo”, señaló el comunicado.
La entidad agregó que “las acciones bélicas con posibles infracciones a los derechos humanos bajaron un 84 %, al compararse el período de ruptura de la tregua ofrecida por esa guerrilla (entre el 22 de mayo y el 19 de julio de 2015), con los últimos seis meses durante los cuales el alivio ha sido sostenido”.
“Aunque no se han registrado acciones bélicas ni ataques contra la Fuerza Pública ni la infraestructura energética y vial, persisten algunas acciones con consecuencias para la población civil”, añadió el documento.