Con la reciente destitución de Maritza Martínez como alcaldesa del municipio de Potosí, Rivas, el gobierno del inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, registra 33 casos de ediles de todo el país que desde 2008 han sido separados del cargo al que fueron electos por votos de sus comunidades.
Un recuento de las destituciones municipales, realizado por LA PRENSA desde que Ortega regresó al poder en 2007 hasta el pasado 16 de enero en que destituyeron a Martínez, revela que las principales causales de destitución fueron por “renuncias”.
Así ocurrió con el más reciente caso de la destitución de Martínez, a quien las autoridades departamentales del FSLN en Rivas la obligaron a renunciar el pasado fin de semana “por decisiones internas del partido”.
En este caso, a como ha ocurrido en otros momentos, los electores han reclamado la arbitraria decisión del partido de gobierno que no aclara a la población los motivos de los cambios.
Dos días seguidos llevan varios pobladores de la comunidad de Apompoá, municipio de Potosí, protestando por la destitución de la alcaldesa sandinista Maritza Martínez, originaria de esa comunidad.
PROTESTA EN POTOSÍ
Aunque la exalcaldesa Martínez no ha participado de las protesta, sus seguidores salieron de Apompoá hacia Potosí, la noche del lunes y la tarde de ayer martes, culpando a la secretaria política de Potosí Miurel Álvarez, a quien le solicitaban les explicara la razón de la destitución.
El grupo de manifestantes portando banderas rojas y negras, e identificándose como militantes del Frente Sandinista, llegaron la tarde del martes hasta la sede municipal, cuyas puertas se encontraban cerradas.
“Que salga el vicealcalde Juan Manuel Acevedo, aquí estamos los que pusimos a doña Maritza, y exigimos nos den una explicación” gritaban los marchistas.
El local fue resguardado por agentes policiales al mando del comisionado mayor Roger Torres Potosme jefe departamental de la Policía de Rivas y el también comisionado mayor Carlos Mora.
Práctica despótica
Para Bayardo Salmerón, de la Red de Desarrollo Local, la práctica del orteguismo de destituir a autoridades electas por el voto popular comenzaron con los electos en las fraudulentas elecciones municipales de 2008, en las que el FSLN se adjudicó la mayoría de las plazas en disputa aun con los votos en contra.
“Desde entonces no ha habido respeto alguno a la autonomía municipal ni al derecho a la decisión ciudadana, se han impuesto los caprichos e intereses de dos personas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre los votos de miles de ciudadanos”, observa Salmerón.
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Para el municipalista, ante estas imposiciones contrarias a la voluntad popular, no queda más que la protesta social: “A la comunidad no le queda más que aprender a organizarse y fortalecer sus capacidades para reclamar sus derechos”.
Para el investigador social de la Universidad Centroamericana, Manuel Ortega Hegg, más allá de las justificaciones jurídicas que se empleen para argumentar las destituciones, el asunto de fondo sigue siendo la ingerencia de otros actores en los problemas municipales y la sumisión de los funcionarios al partido, en detrimento de los intereses de los electores que le dieron el voto.
“Los alcaldes no deben su cargo al partido que los postuló, sino a los ciudadanos que le dieron el voto”, razonó Ortega.
FSLN QUITA Y PONE DE ACUERDO A SUS INTERESES
Según el recuento de LA PRENSA, 33 ediles electos o designados por los fraudes electorales de 2008 y 2012, sandinistas y liberales por igual, han sido separados de sus funciones sin seguir el procedimiento que establecen las leyes y reglamentos y en muchas ocasiones sin que se sepa el motivo.
El artículo 24 de la ley de municipios y al artículo 178 de la Constitución Política establecen las causas para que un alcalde-vicealcalde sea destituido.
En general, el procedimiento es que el Concejo Municipal se reúne, revisa las causas que se están planteando, toma la decisión en base a esas causas, lo informa al Consejo Supremo Electoral y después de cierto tiempo, el CSE ratifica la destitución y nombra a la nueva autoridad.
Para analizar el fenómeno, LA PRENSA entrevistó a Roberto Stuart Almendárez, consultor asociado al Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP), quien ha seguido de cerca la situación política de los municipios del país desde el retorno de Ortega al poder en 2007.
¿Qué es lo que ha pasado en las municipalidades que han permitido tantas destituciones? Según nuestro recuento son 33 ediles separados del cargo entre el período 2008-2012 y 2013-2017, si tomamos en cuenta destituciones, renuncias “obligadas”, renuncias por enfermedad, “traslados” y un par de casos que no se ha dado ninguna explicación.
El artículo 24 de la ley de municipios y al artículo 178 de la Constitución Política establecen las causas para que un/a alcalde/vicealcalde sea destituido. En general, el procedimiento es que el Concejo Municipal se reune, revisa las causas que se están planteando, toma la decisión en base a esas causas, lo informa al Consejo Supremo Electoral y después de cierto tiempo, el CSE ratifica la destitución y nombra a la nueva autoridad.
En todos los casos de destituciones, el FSLN ha tenido mayoría en los Concejos Municipales, es decir que lo han hecho como una decisión interna, sin negociar con las otras fuerzas política del municipio, y han usado determinados argumentos para justifican la legalidad de su decisión. Sin embargo, cuando uno se acerca a esos municipios donde ocurren las destituciones, los argumentos oficiales no se corresponden con la opinión de los sandinistas y de la ciudadanía. Mientras en la formalidad se habla de “renuncias” por diversas razones, la gente habla de destituciones o pasadas de cuenta por corrupción y abusos, por pleitos con los secretarios políticos, por desobediencia de una orden de la primera dama, etc. Al analizar esto de manea general, llama la atención lo siguiente:
1.- Las destituciones han ocurrido por diferencias internas entre grupos o facciones del FSLN en los municipios, esto demuestra que hay desacuerdos a lo interno del FSLN en ese nivel (municipal), y que el modelo organizativo vertical y autoritario que prevalece actualmente en el FSLN, no facilita la generación de consensos sostenibles, ni a lo interno del partido, mucho menos con el resto de la sociedad.
2.- Todas las destituciones han ocurrido después que una comisión del FSLN de la cabecera departamental o de Managua, llega al municipio a escuchar las dos versiones y da su veredicto, lo que demuestra que el FSLN es quien realmente decide lo que ocurre en los gobiernos municipales del FSLN. Los comisarios políticos están por encima de quienes se supone han sido electos por voluntad popular.
En resumen, lo que se observa es que hay una disposición partidaria, traducida a ley, de controlar las diputaciones, alcaldías y consejalías, para garantizarse el dominio total de la cadena de mando. En términos generales, el partido aprendió a proteger sus decisiones con leyes, decretos, reglamentos hechos a la medida de sus necesidades y por eso se preocupan por dar una explicación jurídica, generalmente acomodando las normas a su conveniencia.
3.- En las décadas de 1990 y 2000 en el FSLN sobresalían alcaldes y concejales sumamente profesionales y con un espíritu muy concertador, pero a partir de 2008 esto se ha deteriorado, han perdido su autonomía, han puesto la fidelidad partidaria por encima de las necesidades del municipio, se han acomodado a ser administradores de los bienes municipales bajo las órdenes del presidente Ortega y su esposa. Con esto, el FSLN no solo ha debilitado la autonomía municipal, también debilita e impide el crecimiento profesional del liderazgo sandinista municipal, al obligarlos a trabajar de espaldas a la transparencia, la autonomía y la descentralización, condiciones basica de la gestión pública municipal moderna.
4.- Todas las destituciones se han realizado de manera que no se sepan los verdaderos motivos por las que ocurren, para proteger la imagen del FSLN como partido. Hay destituciones que han ocurrido inmediatamente después de investigaciones de la Contraloría en las que se han detectado casos de corrupción, pero no se acusa ni se enjuicia a los culpables en los tribunales, y en algunos casos se les traslada a otros puestos. Con esto, lo que el FSLN le dice a la sociedad es que están por encima de cualquier ley y que quienes trabajan con ellos deben someterse a eso, que el FSLN tiene derecho a usar sus conveniencias partidarias para decidir si alguien es o no es culpable, y para definir los mecanismos para juzgarlo y castigarlo.
5.- Hay otras destituciones que ocurren de manera injusta, porque estas autoridades no quisieron someterse a una orientación que les pareció incorrecta. Muchas de estas personas no dicen públicamente la verdad, no denuncian la arbitrariedad, no defienden sus derechos, ni buscan que se haga justicia. Esto podría estar evidenciando varias cosas. Que en ellos prevalece una disciplina militar en el que la persona debe someterse sin condiciones a las decisiones de quienes mandan. Que prefieren callar para evitar represalias contra ellos y sus negocios, o contra familiares que tienen trabajando o beneficiándose del Estado. O simplemente hay un deterioro ético y moral, han perdido el compromiso revolucionario con la critica, la autocrítica y la búsqueda de la verdad, aprendieron que es más rentable bajar la cabeza ante el poder y demostrar fidelidad al presidente Ortega, su esposa y sus cercanos, y así no perderse el acceso a posibles privilegios en el presente o el futuro.
¿Qué es lo que se ha hecho mal en los cambios de gobierno municipal? ¿Cómo se debería hacer?
Los gobiernos municipales administran recursos públicos y toman decisiones sobre asuntos públicos. Cuando hay destituciones, debe haber transparencia sobre las razones que la motivan, se debe informar a la ciudadanía lo que ha pasado, y se debe seguir el debido proceso cuando las personas destituidas estuvieran involucradas en actividades reñidas con la ley. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasa con sus autoridades. El FSLN no puede seguir manejando las alcaldías como si fueran las propiedades de un señor feudal.
¿Cuáles son los peligros que tiene esta práctica de cambios antes de que se termine el período?
Alcaldes y vice-alcaldes no son dueños de sus puestos, son electos para cumplir una función y si dejan de cumplir esa función, pueden ser destituidos. Lo importante es que sea la búsqueda del bien común lo que prevalezca. El problema es que con este modelo de gobierno del FSLN, no hay ninguna seguridad de que las destituciones ocurren para mejorar el desempeño de las alcaldías y conseguir un mayor desarrollo en el municipio. Más bien pareciera que el FSLN destituye para mejorar su situación interna, para fortalecer el mando único al interior del partido, para que eso sirva de lección a quienes pretenden tener autonomía o criterio propio. Esta práctica demuestra lo dañino que resulta para la sociedad, un partido que concentra tanto poder.
¿Qué panorama se vislumbra con estos cambios para las próximas elecciones municipales?
Mientras se mantenga este modelo autoritario y vertical dentro del FSLN, las alcaldías gobernadas por este partido van a ser satélites de las decisiones del presidente Ortega y su esposa, y los intereses y necesidades del municipio van a seguirse subordinando al cálculo político y las necesidades del FSLN como partido. Y contrario a lo que dice la propaganda, la realidad es que hay un deterioro de la atención a la ciudadanía, porque la prioridad no son sus demandas ni sus propuestas, sino las conveniencias partidarias.
Y esto no solo afecta a las municipalidades, hay un desgaste cada vez más evidente en la cadena de la gestión pública donde se ofrecen o entregan resultados a la ciudadanía, porque hay muchos funcionarios que no trabajan a gusto, que no pueden desarrollar sus funciones de manera profesional, están cansado del maltrato, del acoso de los comisarios políticos, del irrespeto a las normas y a sus derechos, y de verse obligados a participar en actividades de propagandismo partidario aun en contra de su voluntad.
Esa es la importancia de luchar por unas elecciones transparentes y de defender la autonomía municipal; para elegir autoridades que se deban a la ciudadanía y nombrar funcionarios por su calidad profesional y no por sus lealtades partidarias.
