Detrás de la destitución de 33 alcaldes y vicealcaldes, que ha realizado el Frente Sandinista desde 2008 hasta enero de 2016, se evidencia la falta de transparencia con la que el partido de gobierno maneja los asuntos públicos en Nicaragua, analizaron expertos en municipalismo consultados por LA PRENSA para tratar de explicar el fenómeno político.
La última destitución fue la de la alcaldesa de Potosí, Rivas, Maritza Martínez, el pasado 16 de enero, y las causas aún no se conocen oficialmente, por lo cual los pobladores han protestado en demanda de información.
Para Bayardo Salmerón, de la Red de Desarrollo Local que monitorea el fenómeno de las destituciones, la falta de transparencia en las destituciones se evidencia en dos aspectos: falta de comunicación a los pobladores sobre el motivo real de las destituciones y falta de información sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por los sospechosos.
“En muchos municipios la población se queja de malos manejos de los fondos, de enriquecimiento ilícito de los alcaldes o sus familias, a veces se hace evidente en la falta de desarrollo de proyectos, de pronto los quitan del cargo, llega otro y nadie se entera de si se realizó una auditoría, si se determinó una anomalía o si se confirmó el rumor. Nada”, dice Salmerón.
Según la Ley de Municipios, una autoridad municipal puede ser sustituida por muerte, enfermedad, renuncia, cometer un delito y ser condenado, abandonar funciones por sesenta días continuos, no rendir cuentas de sus funciones, actuar como apoderados o gestores de empresas, no declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República o bien que se compruebe mal manejo de los recursos públicos.
Sin embargo, en las destituciones registradas no han aclarado ninguno de estos aspectos a los ciudadanos que con sus votos eligieron autoridades en 153 municipios del país en las elecciones municipales de 2008 y 2012, ambas señaladas por la oposición política como fraudulentas a favor del FSLN.
Para Roberto Stuart Almendárez, consultor asociado al Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP), cada separación de alcalde es precedida de denuncias sobre presuntos actos de corrupción que los secretarios políticos locales se encargan de recoger entre sus simpatizantes y llevar la información a la cúpula del FSLN.
“Todas las destituciones se han realizado de manera que no se sepan los verdaderos motivos por los que ocurren, para proteger la imagen del FSLN como partido”, precisa.