La última vez que el magistrado Roberto Rivas ofreció declaraciones a los medios fue el 8 de noviembre de 2015. Ese día llegó a poner flores al mausoleo donde están los restos del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Treinta y nueve años después de la muerte de Fonseca, Rivas exaltó su nombre. “Es extremadamente difícil poder sintetizar en pocas palabras lo que representa el paso a la inmortalidad del comandante, una persona que no solo ofrendó su vida, sino que tuvo la visión y la capacidad de formar una organización que sabía que le iba a dar a Nicaragua una solución para un futuro”.
A muchos los elogios del presidente del CSE sonaron extraños, tratándose de quien de la mano del presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y expresidente de la República, Arnoldo Alemán, logró sostenerse como magistrado y ser presidente del CSE en su primera reelección en el cargo en el 2000, cuando el FSLN denunciaba a Rivas por presuntos actos de corrupción y el caudillo liberal se presentaba como adversario del sandinista.
Veinte años y siete meses después, el FSLN es aliado del magistrado electoral y viceversa, Alemán no cuestiona a Ortega en el poder y el funcionario alaba al partido de gobierno mientras sigue en el CSE, el cual ha presidido en los últimos 15 años bajo acusaciones de que se ha enriquecido con el erario.
La transformación de Rivas no sorprende a Rosa Marina Zelaya ni a Dionisio Palacios, quienes trabajaron en el CSE con él hasta que ambos salieron de la institución. Ambos coinciden en que el magistrado presidente ha causado una “involución” de la modernización institucional, provocando un gran daño hasta convertir a la institución en la de menor credibilidad. LA PRENSA solicitó el 21 de enero pasado, por medio de una carta, una entrevista con el magistrado Rivas, pero no hubo respuesta a la solicitud.
ASÍ LLEGÓ A MAGISTRADO
Zelaya y Rivas fueron nombrados magistrados en julio de 1995. Ella recuerda que ese año “se vivía una crisis profunda” entre el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y el poder legislativo “producto de las reformas constitucionales”.
“En ese ínterin se le venció el período a los magistrados (del CSE) de ese momento, cuyo Consejo estaba integrado por cinco y presidido por el doctor Mariano Fiallos Oyanguren (q.e.p.d.), quienes decidieron que no iban a prorrogarse ni un día más en el cargo y así lo comunicaron en un acto solemne el 7 de junio (de 1995)”, cuenta Zelaya.
La exmagistrada Zelaya se desempeñaba como secretaria general del poder electoral y se le delegó las funciones administrativas. La crisis entre el ejecutivo y la Asamblea se supera con el “Acuerdo Marco”, que posterga la vigencia de las reformas constitucionales hasta que termine la Presidencia de Chamorro en 1997. Lo negociado incluyó las propuestas para magistrados del CSE: Rosa Marina Zelaya, Mariano Fiallos Oyanguren, Alfonso Callejas Deshon, Braulio Lanuza y Roberto Rivas.
“Ni yo sabía que iba a ser propuesta porque no estuve en esas pláticas (de las comisiones). Algunos dicen que quien sugirió el nombre de Roberto Rivas fue el cardenal (Miguel) Obando (quien era el garante del acuerdo) porque decían que gozaba de mucha confianza y que no venía de ningún partido político, se andaba buscando que el Consejo Supremo Electoral gozara de la credibilidad de los partidos y sobre todo de la población”, dice Zelaya.
Obando era entonces el primado de Nicaragua, Rivas se había desempeñado en Coprosa, el organismo de la caridad de la Iglesia católica. Ambos se conocían. La madre de Rivas, Josefa Reyes, es de hecho la asistente de Obando desde los años en que el religioso dirigía la Diócesis de Matagalpa, al norte del país.
Zelaya se desempeñó cinco años como presidenta del CSE. Durante su gestión asegura que “Roberto no llegaba a diario, llegaba a las sesiones, yo trataba de hacerlas semanal”.
ALIADO DEL FSLN
En el 2000 Rivas fue reelecto magistrado a propuesta del PLC y al amparo del pacto Alemán-Ortega, que hizo posible la reforma constitucional con la que los caudillos se repartieron el Estado.
En octubre de 2002, con Rivas presionado por los sandinistas que lo acusaban de irregularidades en su gestión administrativa en el CSE, Ortega se reunió con el cardenal a puerta cerrada.
Los contralores sandinistas retiraron su firma del proyecto que imputaba sanciones al funcionario y lo reeligieron dos días después como presidente de la institución electoral. En 2004 se ofició una misa de reconciliación entre la jerarquía de Obando y la oligarquía sandinista.
Rivas es señalado ahora de perpetrar con sus colegas en el CSE fraudes electorales a favor del sandinismo desde 2008.
Pocos olvidan que, cuando Ortega allanó su reelección en 2011 con una sentencia de la Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia en 2009– integrada por magistrados leales al sandinismo– fue el presidente del CSE el que aseguró que la resolución judicial estaba “escrita en piedra”.
Para Zelaya, la actuación de Rivas es contraria a la que tuvo antes. La expresidenta del CSE afirma que la organización de las elecciones de 1996 “fue durísima”, debido a que por la reforma a la Ley Electoral comenzó a partidarizar al CSE “porque los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ya no eran nombrados por el Consejo, sino que puestos por los partidos políticos”.
“Todo el Consejo estábamos en contra de esa decisión (…). Sacamos comunicados de campo pagado razonando y ahí está la firma de Roberto Rivas, de por qué considerábamos de forma unánime que no le hacía bien a la democracia y a la institucionalidad al país la partidarización del Consejo”, recuerda la exmagistrada.
MAL ADMINISTRADOR
Dionisio Palacios afirma que siendo director nacional de Cedulación tuvo “una pésima” relación con el magistrado. Rivas es administrador de empresas y tiene una maestría en Alta Gerencia y Finanzas. Sin embargo Palacios lo considera “un mal administrador”.
“Por ejemplo, con el combustible, en la dirección de Cedulación teníamos derecho a cuarenta galones mensuales para nuestras actividades en el territorio, pero de marzo a abril ese combustible no llegaba. La explicación era que la instancia del Gobierno encargada de distribuir el combustible a las entidades del Estado no lo hacía, pero ‘por casualidad era en las vacaciones de Semana Santa’”, cuenta Palacios.
Dice que una práctica irregular de Rivas y el resto de magistrados es mandar a sus asistentes a tramitar y retirar las cédulas al área de Informática de amigos o allegados y “así perdíamos el control, no podíamos responder a la cédula que se fabricaba y por eso yo protestaba”.
Palacios recuerda que Rivas “cada vez que salía del país, como a Estados Unidos, llevaba talones de fotos para cedular a un nicaragüense” que radica fuera. “A Roberto yo lo hacía firmar una carta y hacía constar los talones numéricos, los regresaba llenos pero cargados con su firma”, asegura.
La última reelección de Rivas ocurrió en abril de 2014 y, gracias a ella, permanecerá en el cargo hasta 2019, cuando cumpla 24 años como magistrado.
Junto con él, pero en el cargo de vicepresidente está ahora, Lumberto Campbell, un hombre de confianza de Ortega.
Los críticos señalan que el CSE está partidarizado a favor del Gobierno y la oposición demanda en las calles elecciones libres y transparentes.
La reelección en cualquier puesto es sinónimo de abuso. La Ley no puede seguir perpetuando la permanencia de los magistrados hasta que mueran”.
Dionisio Palacios, exdirector de Cedulación del CSE.La visión era que se respetara el voto popular, ahora se cuestiona por qué como presidente del CSE no continuó el trabajo técnico-administrativo”.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE.
LA PERPETUIDAD EN LA LEY
La Ley Electoral establece el período de cinco años para los magistrados del CSE, pero les permite ser reelegidos sin poner límite de veces, es decir, pueden perpetuarse hasta su fallecimiento, como ha pasado con tres magistrados estos años.
Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional, dice que lo malo de la Ley es que no se selecciona a funcionarios con alta probidad, sino que responden a méritos partidarios. “Eso impide que otras personas que tienen más alto nivel profesional sean magistrados”, afirma.
Para Álvarez, Daniel Ortega debería estar convencido a estas alturas, por el desprestigio que tiene Rivas, que mantenerlo en el CSE le hace daño a su gobierno. Pero Dionisio Palacios, exdirector de Cedulación, cree lo contrario: “Lo necesita para asegurarse en el poder”.
Esta es la trayectoria política de Rivas:
