Mientras el exmagistrado Julio César Osuna era liberado bajo el argumento de sufrir “graves enfermedades”, una cantidad no determinada de reos con enfermedades crónicas terminales, morían lentamente en las cárceles del país, sin que sus condiciones de salud sensibilicen a las autoridades.
Muchos reos cuentan con órdenes de libertad por problemas de salud, pero los funcionarios penitenciarios se niegan a acatarlas o ignoran los oficios para remitirlos al Instituto de Medicina Legal (IML) y diagnosticar su condición de salud.
Germán, recluido en la cárcel Modelo es uno de esos casos.
El privado de libertad sufre de VIH-sida. El juez ha mandado ocho oficios para que lo lleven al forense, para que determine su situación de salud, pero las autoridades del penal no hacen caso.
Para el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, con el caso de Osuna se evidencia que “aquí se maneja la justicia con doble rasero”.
Germán fue condenado en Estelí. Primero estuvo recluido en Granada y luego trasladado a La Modelo. En seis meses, las autoridades de ambas penitenciarías han recibido ocho oficios para que lleven al reo al forense sin que hasta ahora cumplan con lo ordenado, denunció Cuevas.
Al caso de Germán se suman el de otros enfermos crónicos, como el de Kelly Francisco Vega Núñez, nefrótico y para quien desde hace nueve meses su defensor promovió un incidente de libertad.
Cuevas conoce el caso de otro al que solo identificó como Horacio, quien dijo tiene dañadas tres válvulas de su corazón. Tras un desfile de especialistas, incluido el forense, el juez que lo condenó mandó orden de libertad. En dos años se sumó una orden del Tribunal de Apelaciones y una tercera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en La Modelo se niegan a liberarlo.
Pedro Balmaceda, otro privado de libertad, falleció en el hospital tras purgar sentencia sin condiciones penales para una adecuada atención; sufría de enfermedades crónicas irreversibles como diabetes, hipertensión, entre otras. “Pudieron preservar su vida si le han otorgado su libertad condicional”, critica Cuevas, quien apunta que a Osuna “solo falta que lo hayan dejado libre por estrés carcelario”.
Esto lo señala en alusión a la libertad obtenida por William Hurtado, asesino confeso del comentarista radial Carlos Guadamuz, en marzo de 2008, cuando apenas había cumplido cuatro años de cárcel. En ese caso, una de las causas alegadas por la juez Primero de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, y acatada por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, fue el estrés carcelario.
El cumplimiento de órdenes de libertad en los penales del país “en algunas ocasiones es parcializada por parte de las autoridades, con condescendencia para cierto tipo de personas”, dice la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Wendy Flores.
Señala Flores que hay reos que cuentan con órdenes de libertad o libertad condicional, cuyos familiares pasan entre uno y ocho meses gestionando que las penitenciarías, o Gobernación autoricen sus salidas, o que tramitan recursos de habeas corpus ante los Tribunales de Apelaciones, que también los desconocen las autoridades de las cárceles en abierta violación a sus derechos.
Flores cita el caso de Marvin Vargas, expresidente de la Fundación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar, quien está enfermo y cuenta con una orden de libertad condicional sin cumplir.
“¿A qué se deben las distinciones por ejemplo del caso de Osuna, en comparación de Marvin Vargas y en comparación con otros?”, preguntó Flores.
INCUMPLEN ÓRDENES
La abogada del Cenidh, Wendy Flores, indicó que el año pasado ese organismo recibió más de setenta denuncias de familiares de reos, en su mayoría por incumplimiento de órdenes de libertad.
Recordó Flores que estos casos les han demostrado además que los recursos de habeas corpus introducido a favor de privados de libertad por detenciones ilegales, son resoluciones judiciales que se han convertido ineficaces, así como los recursos de amparo.
Flores mencionó que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) o no reciben a los jueces ejecutores, que es un mandato de la Ley de Amparo o a los organismos como el Cenidh.